Por fin, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Antisecuestro. El logro es de la sociedad civil que presionó a los políticos desde aquella marcha multitudinaria de 2008 que se tradujo días después en el Acuerdo Nacional por la Seguridad. Pero ni siquiera la mayor de las inconformidades ciudadanas puede convertirse en leyes y acciones de gobierno si no hay detrás personas dispuestas a organizarse y dar seguimiento a las demandas colectivas. Ése es el mayor mérito de lo conseguido ayer en San Lázaro.
Durante más de cinco meses la Cámara de Diputados discutió la nueva legislación una vez que ya había sido aprobada por el Senado. Había preocupación en que se violaran los derechos humanos de los delincuentes, de que los agravantes del secuestro contravinieran otros preceptos legales, de que fuera válida la intervención de empresas privadas para negociar con los plagiarios.
Por fortuna la presión social obligó a los legisladores a hacer a un lado las diferencias menores. Coincidieron en avalar lo enviado por el Senado en espera a que se reformen después los detalles que mantenían empantanada la legislación.
Resalta entre lo aprobado el fondo de apoyo económico para las víctimas de secuestro. Dinero que provendrá del erario y de los decomisos o ganancias derivadas de la extinción de dominio de propiedades en manos de los plagiarios. Hasta ahora, las mansiones de los delincuentes, sus millones, no habían podido usarse para resarcir a los afectados.
La mayoría de los diputados tuvieron la madurez para dejar atrás mezquindades y rivalidades, para ver que éste no es un problema privativo de los pudientes, sino de casi cualquier estrato social. Cabe preguntarse si en principio habría sido posible hacer coincidir la voluntad de los políticos sin la presión constante de personalidades como Isabel Miranda de Wallace o Alejandro Martí, quienes nunca quitaron el dedo del renglón en esta materia.
Quizá ahí esté la diferencia entre la última gran manifestación contra la inseguridad y las que se dieron en los años 1997 y 2003. Esta vez, como nunca antes, la inconformidad de la gente fue encauzada a través de esfuerzos coordinados. La creación de las organizaciones México Unido contra la Delincuencia, Seguridad Ciudadana, Ciudadanos por una Causa en Común, entre otros grupos, fue clave para transformar la exigencia en acciones.
Esta es una lección para todos. Cuando la sociedad exige de manera organizada, los políticos no tienen de otra más que trabajar.
Durante más de cinco meses la Cámara de Diputados discutió la nueva legislación una vez que ya había sido aprobada por el Senado. Había preocupación en que se violaran los derechos humanos de los delincuentes, de que los agravantes del secuestro contravinieran otros preceptos legales, de que fuera válida la intervención de empresas privadas para negociar con los plagiarios.
Por fortuna la presión social obligó a los legisladores a hacer a un lado las diferencias menores. Coincidieron en avalar lo enviado por el Senado en espera a que se reformen después los detalles que mantenían empantanada la legislación.
Resalta entre lo aprobado el fondo de apoyo económico para las víctimas de secuestro. Dinero que provendrá del erario y de los decomisos o ganancias derivadas de la extinción de dominio de propiedades en manos de los plagiarios. Hasta ahora, las mansiones de los delincuentes, sus millones, no habían podido usarse para resarcir a los afectados.
La mayoría de los diputados tuvieron la madurez para dejar atrás mezquindades y rivalidades, para ver que éste no es un problema privativo de los pudientes, sino de casi cualquier estrato social. Cabe preguntarse si en principio habría sido posible hacer coincidir la voluntad de los políticos sin la presión constante de personalidades como Isabel Miranda de Wallace o Alejandro Martí, quienes nunca quitaron el dedo del renglón en esta materia.
Quizá ahí esté la diferencia entre la última gran manifestación contra la inseguridad y las que se dieron en los años 1997 y 2003. Esta vez, como nunca antes, la inconformidad de la gente fue encauzada a través de esfuerzos coordinados. La creación de las organizaciones México Unido contra la Delincuencia, Seguridad Ciudadana, Ciudadanos por una Causa en Común, entre otros grupos, fue clave para transformar la exigencia en acciones.
Esta es una lección para todos. Cuando la sociedad exige de manera organizada, los políticos no tienen de otra más que trabajar.
El Universal, 8 de octubre.
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