Las Policías estatales estarán obligadas a tener una "reacción rápida" y a participar con las fuerzas federales en los enfrentamientos contra la delincuencia organizada, establece la iniciativa de mando único enviada ayer al Senado por el Presidente Felipe Calderón.
La propuesta, que propone la reforma de cuatro artículos de Constitución, establece que en cada una de las 32 entidades federativas habrá un mando único estatal subsidiario, el cual absorberá a las corporaciones municipales.
Los municipios podrán contar con agrupamientos, siempre y cuando acrediten que cumplen con requisitos rigurosos de calidad, pero estarán bajo el mando del Gobernador, quien designará al director de Seguridad Pública a propuesta del Alcalde, y lo removerá libremente.
En las ciudades con mayor población, los Gobiernos estatales podrán crear corporaciones metropolitanas, que dependerán de la Policía estatal.
En las modificaciones al artículo 21 constitucional, el Ejecutivo plantea incorporar el concepto "reacción inmediata", para que en el momento que la Federación lo pida, las Policías locales intervengan en operativos o enfrentamientos contra la delincuencia.
"La reacción inmediata será corresponsabilidad de todas las instituciones policiales, ya que con esta medida se busca, por ejemplo, que en casos de un enfrentamiento contra la delincuencia, cualquier Policía de los tres órdenes de gobierno tenga la obligación de actuar y apoye de la forma más adecuada a las otras corporaciones en circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar".
Una vez que concluya el operativo, regresarán a sus actividades ordinarias y consignarán ante las autoridades correspondientes a los delincuentes que hayan sido detenidos, además de que rendirán informes policiales para apoyar las indagatorias.
En la argumentación, Calderón afirma que esta medida es para que los cuerpos policiales no evadan sus responsabilidades bajo la excusa de la no competencia, por ello, en la propuesta obliga a la subsidiariedad y corresponsabilidad.
"Se propone que tanto las policías federales, estatales y, en su caso, municipales deberán desempeñarse con independencia de que la conducta delictiva corresponda al fuero federal o común, reconociendo que la calificación del fuero es función del MP de la Federación y de los estados".
CONTRA RESULTADOS
La policía federal asumirá el mando y conducción de las corporaciones estatales cuando incumplan con las "condiciones objetivas de desarrollo institucional o los fines propios de la seguridad pública".
Las entidades y la Federación crearán bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública.
En artículos transitorios, se advierte que las ministraciones de recursos federales en materia de seguridad a los estados se realizarán conforme al avance de su cumplimiento en programas y acciones en la materia.
Una vez que entre en vigor la legislación, los Gobernadores asumirán el control de todas las Policías municipales, y tendrán 14 meses para implementar la infraestructura y condiciones para que operen los mandos únicos.
Además de que deberán enviar al Consejo Nacional de Seguridad Pública un informe trimestral sobre el avance de sus compromisos.
La propuesta, que propone la reforma de cuatro artículos de Constitución, establece que en cada una de las 32 entidades federativas habrá un mando único estatal subsidiario, el cual absorberá a las corporaciones municipales.
Los municipios podrán contar con agrupamientos, siempre y cuando acrediten que cumplen con requisitos rigurosos de calidad, pero estarán bajo el mando del Gobernador, quien designará al director de Seguridad Pública a propuesta del Alcalde, y lo removerá libremente.
En las ciudades con mayor población, los Gobiernos estatales podrán crear corporaciones metropolitanas, que dependerán de la Policía estatal.
En las modificaciones al artículo 21 constitucional, el Ejecutivo plantea incorporar el concepto "reacción inmediata", para que en el momento que la Federación lo pida, las Policías locales intervengan en operativos o enfrentamientos contra la delincuencia.
"La reacción inmediata será corresponsabilidad de todas las instituciones policiales, ya que con esta medida se busca, por ejemplo, que en casos de un enfrentamiento contra la delincuencia, cualquier Policía de los tres órdenes de gobierno tenga la obligación de actuar y apoye de la forma más adecuada a las otras corporaciones en circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar".
Una vez que concluya el operativo, regresarán a sus actividades ordinarias y consignarán ante las autoridades correspondientes a los delincuentes que hayan sido detenidos, además de que rendirán informes policiales para apoyar las indagatorias.
En la argumentación, Calderón afirma que esta medida es para que los cuerpos policiales no evadan sus responsabilidades bajo la excusa de la no competencia, por ello, en la propuesta obliga a la subsidiariedad y corresponsabilidad.
"Se propone que tanto las policías federales, estatales y, en su caso, municipales deberán desempeñarse con independencia de que la conducta delictiva corresponda al fuero federal o común, reconociendo que la calificación del fuero es función del MP de la Federación y de los estados".
CONTRA RESULTADOS
La policía federal asumirá el mando y conducción de las corporaciones estatales cuando incumplan con las "condiciones objetivas de desarrollo institucional o los fines propios de la seguridad pública".
Las entidades y la Federación crearán bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública.
En artículos transitorios, se advierte que las ministraciones de recursos federales en materia de seguridad a los estados se realizarán conforme al avance de su cumplimiento en programas y acciones en la materia.
Una vez que entre en vigor la legislación, los Gobernadores asumirán el control de todas las Policías municipales, y tendrán 14 meses para implementar la infraestructura y condiciones para que operen los mandos únicos.
Además de que deberán enviar al Consejo Nacional de Seguridad Pública un informe trimestral sobre el avance de sus compromisos.
Érika Hernández, Milenio, 7 de octubre.
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