Así lo comentó Gonzálo Martínez Pous, integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, quien a título personal y como abogado aclaró los efectos de dicha suspensión.
“Digamos que es una suspensión muy particular, porque pareciera no tener efecto alguno, porque ya entregaron los títulos, se dio el fallo y las suspensiones se aplican siempre a las autoridades nunca a los particulares”, explicó.
Dijo que pareciera una sentencia dictada a una empresa, por lo que hay que analizar mejor el caso. La sentencia, comentó, quiere decir que las cosas se quedan como están, “pero los procesos ya están terminados, entonces no sabemos cuál va a ser la implicación”.
Juez de Toluca interviene
En un comunicado, Iusacell difundió que obtuvo una sentencia definitiva que paralizará los efectos naturales y jurídicos derivados de la entrega de las concesiones al consorcio Nextel-Televisa.
Iusacell informó que el juzgado segundo de distrito en materias de amparo y de juicios civiles federales con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, otorgó una sentencia de suspensión definitiva.
Iusacell afirma que la SCT, Cofetel y Cofeco se verán obligadas a reponer el proceso y a convocar a una nueva licitación sobre bases justas y equitativas.
Se explica que la sentencia evitará que se lleve acabo el aprovechamiento y explotación de la bandas de 1700 megahertz de las frecuencias del espectro radioeléctrico, hasta que se resuelva el fondo del amparo presentado por Iusacell con relación a la licitación 21, específicamente de la ronda 29.
Información emitida por la empresa, aseguró que ya analizan recurrir a instancias internacionales para continuar los litigios contra la licitación 21 de espectro radioeléctrico, debido a que consideran que fue mal diseñada y que favorece al consorcio Nextel-Televisa.
En entrevista, Salvador Rocha Díaz, abogado de Iusacell, aseguró que a pesar de que Nextel dijo el pasado miércoles que se le había negado a la empresa que representa la suspensión provisional, en realidad aún es un juicio que continúa, pues de los 70 procedimientos que se están siguiendo sólo uno de ellos ha sido concluido.
“Aún puede tardar entre ocho y 10 meses que los jueces resuelvan los casos, y aunque nos fueran desfavorables, aún hay recursos que pueden tomarse, y esto tardaría todavía entre cinco y seis meses más”, dijo Rocha.
Aseguró que lo más prudente para la autoridad es que reconozcan que estuvo mal hecha la licitación y se tomen las medidas necesarias al respecto, pues es un hecho que en cualquier momento la licitación se caerá.
México • Susana Mendieta, Milenio, 15 de octubre.
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