La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (UFRPP) del IFE presentó ayer sus argumentos respecto a nueve expedientes de queja en materia de financiamiento y gasto, en respuesta a la petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le dio un plazo de 48 horas --vencido ayer--, para pronunciarse sobre la queja del Movimiento Progresista respecto a los casos Monex y Soriana.
Refirió que "la Unidad de Fiscalización ha realizado 844 diligencias para requerir a personas físicas y morales y a autoridades federales y locales, con el fin de realizar las indagatorias necesarias para determinar la existencia de irregularidades en los aspectos del origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos, y en su caso determinar la fuente del financiamiento y las infracciones cometidas.
"Para ello, es indispensable apegarse al carácter técnico de la fiscalización, el cual exige el cumplimiento de la legalidad a fin de que sus dictámenes sean firmes y reflejen exhaustividad y profesionalismo", señaló.
Respecto a la petición formulada por el Movimiento Progresista de resolver a la brevedad las inconformidades interpuestas contra la elección para presidente de México, señaló:
"El Instituto realiza en estos momentos, a través de sus órganos correspondientes, las investigaciones de ley y el generar nuevos procedimientos especiales distintos a los previamente establecidos por la normal electoral, podría ir en contra de las garantías del debido proceso contenidas en la Constitución y el principio de exhaustividad".
El IFE indicó que "la Unidad de Fiscalización no ha sido omisa en sustanciar los procedimientos de queja involucrados en la excitativa de justicia solicitada por la coalición.
Y añadió:
"Cada diligencia puede abarcar hasta 30 días naturales, más la notificación de la misma. Esto implica más de la mitad del plazo legal de 660 días naturales con que cuenta la autoridad fiscalizadora para poder sustanciar debidamente un procedimiento".
Destacó el IFE que "se informa de todas las quejas: la recepción física; fecha de admisión; prevenciones y acumulaciones; y, en su caso, las líneas de investigación. Con ello se pretende demostrar que la fecha de recepción de las quejas guarda una proporción objetiva con el trabajo efectuado hasta el momento por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos".
Afirmó que desde el pasado 23 de julio, cuando los representantes de los partidos integrantes de la coalición Movimiento Progresista presentaron sus alegatos, se ha actuado conforme a la ley.
En este proceso, se ha actuado "dándole el curso que corresponde a través de los órganos competentes, salvaguardando el derecho que corresponde al denunciante y a los denunciados, y atendiendo, en todo momento, la garantía de audiencia y de debido proceso a las partes en igualdad de circunstancias a la defensa de sus legítimos derechos".
Mencionó que el 23 de julio de 2012, representantes del Movimiento Progresista presentaron un documento que contiene una excitativa de justicia, la cual el Tribunal acordó reservar para analizar su procedencia, al igual que una solicitud para que el IFE concluya todas las investigaciones relacionadas con las quejas vinculadas con la elección presidencial.
Blanca Estela Botello, La Crónica, 30 de julio.
Refirió que "la Unidad de Fiscalización ha realizado 844 diligencias para requerir a personas físicas y morales y a autoridades federales y locales, con el fin de realizar las indagatorias necesarias para determinar la existencia de irregularidades en los aspectos del origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos, y en su caso determinar la fuente del financiamiento y las infracciones cometidas.
"Para ello, es indispensable apegarse al carácter técnico de la fiscalización, el cual exige el cumplimiento de la legalidad a fin de que sus dictámenes sean firmes y reflejen exhaustividad y profesionalismo", señaló.
Respecto a la petición formulada por el Movimiento Progresista de resolver a la brevedad las inconformidades interpuestas contra la elección para presidente de México, señaló:
"El Instituto realiza en estos momentos, a través de sus órganos correspondientes, las investigaciones de ley y el generar nuevos procedimientos especiales distintos a los previamente establecidos por la normal electoral, podría ir en contra de las garantías del debido proceso contenidas en la Constitución y el principio de exhaustividad".
El IFE indicó que "la Unidad de Fiscalización no ha sido omisa en sustanciar los procedimientos de queja involucrados en la excitativa de justicia solicitada por la coalición.
Y añadió:
"Cada diligencia puede abarcar hasta 30 días naturales, más la notificación de la misma. Esto implica más de la mitad del plazo legal de 660 días naturales con que cuenta la autoridad fiscalizadora para poder sustanciar debidamente un procedimiento".
Destacó el IFE que "se informa de todas las quejas: la recepción física; fecha de admisión; prevenciones y acumulaciones; y, en su caso, las líneas de investigación. Con ello se pretende demostrar que la fecha de recepción de las quejas guarda una proporción objetiva con el trabajo efectuado hasta el momento por la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos".
Afirmó que desde el pasado 23 de julio, cuando los representantes de los partidos integrantes de la coalición Movimiento Progresista presentaron sus alegatos, se ha actuado conforme a la ley.
En este proceso, se ha actuado "dándole el curso que corresponde a través de los órganos competentes, salvaguardando el derecho que corresponde al denunciante y a los denunciados, y atendiendo, en todo momento, la garantía de audiencia y de debido proceso a las partes en igualdad de circunstancias a la defensa de sus legítimos derechos".
Mencionó que el 23 de julio de 2012, representantes del Movimiento Progresista presentaron un documento que contiene una excitativa de justicia, la cual el Tribunal acordó reservar para analizar su procedencia, al igual que una solicitud para que el IFE concluya todas las investigaciones relacionadas con las quejas vinculadas con la elección presidencial.
Blanca Estela Botello, La Crónica, 30 de julio.
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