Prevén magistrados validar la elección

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevén tirar el principal argumento de la coalición Movimiento Progresista y su candidato, Andrés Manuel López Obrador, relativo a la violación constitucional de no garantizar comicios libres y auténticos.

Aunque el proyecto de la Comisión Especial que dictaminará la elección no tiene un resolutivo, toda vez que será el pleno de la Sala Superior el que determine su aprobación, sí expone que no hay elementos que hasta el momento permitan presumir que se violó la Constitución.

Los magistrados señalan que se hizo un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por el equipo de López Obrador, pero en casos como la fiscalización, los elementos con los que cuenta no son suficientes para determinar violaciones a la normativa electoral.

El documento de la comisión es analizado aún por los magistrados, quienes se reunieron ayer por la tarde para discutir el texto y la ruta de la recta final del proceso.

Presentado por los magistrados Flavio Galván Rivera, Salvador Nava y Constancio Carrasco, el texto que consta de mil 300 hojas responde uno a uno los agravios hechos valer por la coalición Movimiento Progresista, entre los que se encuentra la denuncia por propaganda encubierta realizada por Televisa a favor de Enrique Peña Nieto y declarada infundada el pasado martes en resoluciones del pleno de la Sala Superior.

El propio martes también fue declarado infundado el recurso contra las encuestas, elemento igualmente considerado en el juicio de inconformidad, al destacar el pleno que las empresas GEA, Grupo de Economistas y Asociados, S.C.; Indagaciones y Soluciones Avanzadas, S.C.; Agencia Digital, S.A. de C.V., y Milenio Diario cumplieron con los requisitos establecidos.

En el proyecto planteado en relación con el juicio de inconformidad interpuesto por la coalición, se señala que no se aportaron las pruebas que permitieran demostrar que las encuestas fueron utilizadas con la intención de influir en el voto y tampoco que hayan sido contratadas para favorecer a un candidato.

En relación con el tema de la fiscalización, a pesar de que el IFE entregó todos los documentos con los que cuenta hasta el momento, dados los plazos establecidos en la legislación, el proyecto señala que no justifican la nulidad de la elección.

Una vez que el Tribunal resuelva el juicio de inconformidad al responder a los agravios reclamados por el Movimiento Progresista, tendrá que pronunciarse sobre la validez de la elección.

Anoche determinó el cierre de instrucción, con lo que concluyó el pazo para entregar pruebas.

 
DEFIENDEN EFICIENCIA
 
El Secretario de Acuerdos del Tribunal Electoral, Marco Antonio Zavala, destacó que se ha realizado una revisión exhaustiva de la demanda del Movimiento Progresista y que las actuaciones del órgano jurisdiccional, además de ceñirse al marco constitucional y legal, se guían conforme a cánones de eficiencia.

En un posicionamiento, explicó que desde que le fue turnado el expediente del juicio de inconformidad promovido por la coalición, la Comisión Calificadora ha centrado sus esfuerzos en la sustanciación del juicio.

El funcionario detalló que se llevaron a cabo todos los actos procesales necesarios para integrar debidamente el expediente.

Tan sólo las autoridades han presentando, en seis ocasiones, dijo, documentación en alcance al informe circunstanciado.

Agregó que se analizaron también los escritos presentados por la coalición Compromiso por México (integrada por PRI y PVEM), así como por diversas personas físicas y morales, quienes manifestaron su interés en que les fuera reconocida la calidad de terceros interesados en el juicio de inconformidad.

Para llegar a dichos planteamientos, explicó Zavala, se ha verificado la información que entregó el Consejo General del Instituto Federal Electoral y la Unidad de Fiscalización de los Partidos.

Señaló que además se recibió la solicitud de algunas personas físicas y morales, entre ellas medios de comunicación, a fungir como terceros interesados en el juicio de inconformidad, la cual fue rechazada por unanimidad, pero se dejaron a salvo los derechos de esas personas para recurrir a otras instancias para defenderse de cualquier imputación relacionada con el procesos electoral.

Los magistrados se comprometieron a cumplir en tiempo y forma con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de los plazos para la calificación de la elección presidencial, que establecen que el 31 de agosto deberán resolver todos los juicios de inconformidad y a más tardar el 6 de septiembre declarar, o no, la validez.

 
Leslie Gómez, Reforma, 30 de agosto.