Se entregaron a la SCT las pruebas para defender las concesiones, confirma la empresa

Multivisión (MVS) no obtuvo ayer la protección del Poder Judicial en contra del inicio de rescate de la banda de 2.5 gigahercios, pero sí cubrió otro flanco que fue el de entregar en tiempo y forma a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las pruebas adicionales para defender las concesiones que tiene en esa frecuencia y sobre las que el gobierno federal decidió la recuperaciónanticipada, ya que vencen en 2020.

El vicepresidente de Relaciones Institucionales de MVS, Felipe Chao, se reservó comentarios sobre la negativa de la juez quinta de distrito en materia administrativa, Rafaela Franco Flores, a conceder la suspensión sobre el comienzo del procedimiento de rescate de la banda de 2.5, y se limitó a señalar que el asunto está en manos de sus abogados.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Aleyda Calleja, dijo que era previsible que el Poder Judicial le negara a Multivisión un amparo o la suspensión del inicio del rescate de espectro, porque existe un antecedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que la empresa tendrá que buscar otra estrategia y continuar con el proceso ante la SCT.

Lo más grave, dijo, es que la forma en la que el gobierno federal ha hecho las cosas, y la advertencia de que tal vez deje el rescate y la licitación en manos de la próxima administración, coloca a las empresas, al sector y a los usuarios en el peor de los mundosporque detiene inversiones, desarrollo de tecnología, uso del espectro y servicios a los usuarios.

Felipe Chao confirmó que MVS entregó ayer el resto de las pruebas que quería entregar a la SCT para demostrar la conveniencia de conservar las concesiones que tiene en la banda de 2.5 Ghz, así como los beneficios del proyecto 2.5 Banda Ancha para Todos, con el que la empresa busca aprovechar de la mejor manera ese espectro y ofrecer servicios de banda ancha a mitad de precio.

La información, dijo, se entregó conforme a los tiempos que marca la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y dentro de la prórroga concedida por la SCT que venció ayer miércoles. A partir de mañana la SCT comenzará el proceso de análisis y deliberación de la información que entregó MVS, mientras la empresa deberá estar atenta a la manera en que la dependencia desarrolle el proceso.

El martes el subsecretario de Comunicaciones, Héctor Olavarría, dijo que las audiencias no están consideradas como tales en el mecanismo de inicio de rescate, pero que los concesionarios pueden solicitar encuentros con la autoridad en el momento en que lo consideren.

Olavarría añadió que no tenía conocimiento de que los concesionarios hubieran interpuesto algún recurso legal en contra del proceso, pero que el rescate dependería de los medios de impugnación que en su caso presenten los concesionarios y si se les otorga o no la suspensión, que insisto, para nosotros éste es un asunto de interés público y cuando media el interés público sobre el interés particular no proceden las suspensiones; pero seremos muy respetuosos de las decisiones que tome el Poder Judicial.

Un día después el juzgado quinto le negó la suspensión a MVS y se espera que ocurra lo mismo con los otros diez concesionarios afectados por la decisión de la SCT, algunos son parte de la Asociación Nacional de Servicios Inalámbricos de Telecomunicaciones (Ansitel), que preside Alejandro Mayagoitia, entre ellos Ultravisión, Aerocable, y otras como Megacable.

Aleyda Calleja criticó que la SCT haya actuado de forma visceral al comenzar un proceso de rescate cuando esta administración está por concluir, y además anuncie que probablemente no concluya el caso y se quede en manos de la próxima administración.

No se ve que haya sido una decisión para generar una acción de política pública en beneficio de la sociedad. Es una decisión más con criterios políticos, más que de otra índole. Suele ser costumbre de las autoridades y de algunos actores del sector revestir los objetivos políticos de impedimentos técnicos y económicos, pues con eso han mantenido barreras de entrada a radio y televisión, sostuvo.

Miriam Posada García, La Jornada, 30 de agosto.