Prohíbe la SEP usar los recursos del Conafe para pago de servicios

En las reglas de operación publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para abatir el rezago escolar entre los niños más vulnerables del país que asiste el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Secretaría de Educación Pública (SEP) prohibió utilizar ‘‘los recursos de apoyo a la gestión escolar’’ para pagar los servicios de agua, luz, gas y la construcción de aulas de los centros educativos que están en las comunidades más alejadas.
En dichos lineamientos se especifica que la mano de obra no especializada deberá ser aportada por la comunidad en todos los trabajos que no requieren supervisión técnica, por ejemplo, la albañilería, las faenas, el cambio de láminas y la jardinería.
También queda prohibido ‘‘incluir en el Plan de Mejoras de la Escuela’’ o utilizar los recursos antes citados para comprar componentes o accesorios para las computadoras o las copiadoras de la dirección escolar, construir o reparar la dirección o la casa del maestro, realizar acciones de rehabilitación que requieran supervisión técnica, como puede ser la sustitución de losas, así como adquirir sillas y escritorios ‘‘secretariales y ejecutivos’’.
Esto, en ‘‘escuelas’’ que en su mayoría son chozas de palo donde los niños más pobres carecen de bancas, pizarrón, gises, luz, agua y materiales indispensables, tales como un lápiz o un cuaderno. Según las reglas del Programa de acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica, tampoco se podrá pagar con ese presupuesto –destinado a la gestión escolar– los gastos del pasaje de los integrantes del Conafe.
Los montos que pueden recibir son: prescolares que cuenten con una matrícula de 5 a 60 alumnos, 3 mil pesos; primarias unidocentes y bidocentes, 5 mil, y los asesores comunitarios obtendrán ‘‘a la conclusión del ciclo escolar’’ 800 pesos.
Los asesores pedagógicos itinerantes tendrán un apoyo ‘‘extraordinario’’ de 2 mil 500 pesos, entregados ‘‘al inicio (del ciclo) para el traslado a la comunidad y al término contra la entrega del informe final y concentrado de resultados’’.

Karina Avilés, La Jornada, 26 de febrero.