"Se incrementó la autocensura en el país"

El continente vive la ofensiva de algunos países para debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, y en especial la relatoría de libertad de expresión, asegura Frank La Rue, Relator Especial para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización de Naciones Unidas, quien urge a que se conforme un concierto de naciones democráticas de la región que salgan en su defensa.

"Uno de mis lemas en la relatoría, en casos de libertad de expresión es que el mal triunfa cuando las personas buenas caen, el silencio de muchos también es un problema, porque creo que en este momento el sistema interamericano debe ser defendido", dice el relator.

En su paso por México para dar seguimiento a la creación de un mecanismo para la protección de periodistas que el gobierno mexicano conforma por recomendación de la relatoría especial de la ONU que él dirige, Fank de La Rue conversa con EL UNIVERSALsobre las principales amenazas que penden sobre la libertad de expresión en el mundo, y en especial en América Latina. Asesinatos impunes de periodistas, monopolización de mercados de telecomunicaciones, falta de medios comunitarios, autocensura, intimidación judicial a comunicadores y acciones de mandatarios para silenciar a la prensa crítica, son sólo algunos de los muchos obstáculos que este derecho fundamental encuentra en su camino en la región, y sobre ellos habla el relator.

De la Rue asegura que aunque en algunos países, como México, unas de las principales fuentes de agresión a los periodistas, y por ende a la libertad de expresión, es el crimen organizado, desafortunadamente no es la única.

"El crimen organizado sí, pero también Internet ha provocado mayores niveles de sensibilidad de los líderes políticos, especialmente después de lo que pasó en Túnez y en El Cairo. Un poco la sensación de los líderes políticos es que demasiada libertad de expresión tampoco hay que permitirla. Esto es algo que pasa en el todo el mundo, pero América Latina no está ajena a este fenómeno.

He hablado con varios jefes de Estado y funcionarios de alto nivel y me dicen: ‘es que la prensa está conspirando contra mi', y yo les he respondido que abran nuevas alternativas, pero que no silencien a los que están haciendo prensa. Les he dicho que abran espacios de comunicación comunitaria, otros medios alternativos para que todo el mundo pueda estar informado.

Por ejemplo, en mi propio país, Guatemala, ahora nadie puede criticar a las transnacionales de la minería. Y los pueblos indígenas que son los grandes críticos nadie les consulta, nadie les dice nada, pero cuando protestan son de inmediato silenciados por la prensa, porque no los cubren o los estereotipan como grupos antisociales, conflictivos y nadie se pone a pensar si sus demandas y reivindicaciones son legítimas o no.

¿No los cubren por intereses comerciales de los medios?

Claro porque ellos son los grandes anunciantes en los medios, incluso son grandes inversionistas, o porque hay funcionarios públicos que están dando concesiones, hay diferentes casos.

Hoy me preguntaron en el Senado (de México) que si creía que la violencia contra los periodistas venía sólo del narcotráfico y del crimen organizado, y me respuesta fue que no. Yo creo que hay países en lo que el crimen organizado gran parte de la violencia, como sucede en Honduras y México, que son los dos casos más graves del continente. Pero el hecho de que gran parte de la violencia venga de estos sectores no quiere decir que sean todos los casos de violencia, aquí también hay ataques a periodistas que están haciendo periodismo investigativo, que están denunciando corrupción en autoridades o precisamente haciendo otro tipo de investigaciones.

Acoso judicial, herramienta contra la prensa

El relator habla de fenómeno del acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación y su pernicioso efecto para la libertad de expresión.

"Este tipo de acoso se da en todas partes, incluyendo México. El acoso judicial es el uso de delitos como la difamación y otras formas penales de acción legal, que en el fondo son acciones intimidatorias. Es muy fácil para un funcionario público iniciar una acción de difamación contra alguien, como por ejemplo el caso del diario El Universo en Ecuador, una sentencia de 40 millones de dólares quiebra a cualquier diario en cualquier parte del mundo. Mi postura como relator de las Naciones Unidas, pero compartida con las relatorías regionales de América, Europa y Asia, es que debemos de propiciar la despenalización de la difamación, ésta debe existir, pero como una acción civil para proteger el honor y la reputación de las personas, pero que sea un juez el que ordene que se corrija alguna cosa que esté equivocada, que se ofrezcan disculpas, si es que se dijo algo excesivamente algo ofensivo, o que se corrijan datos, incluso, que se ponga una sanción económica, pero no amenazar con cárcel, porque eso es ya intimidatorio, en el ámbito de la libertad expresión, no debe existir eso. Igualmente hay que eliminar delitos de opinión.

En el Senado mexicano se está discutiendo el tema de derecho de réplica, aunque algunos consideran como positivo que los ciudadanos puedan tener la oportunidad de gozar de este derecho, en los medios y en otros ámbitos, hay la preocupación que esto pueda derivar en un acto de censura, incluso de censura previa ¿que opina al respecto?

En el fondo son. Para mí, todo funcionario público debe de entender, que al asumir un cargo debe asumir el escrutinio púbico, a eso le llamamos transparencia, estar en una vitrina expuesto a que el público sepa de sus cuentas, de sus acciones, de que se pida información de sus finanzas y de sus decisiones, de todo, y el escrutinio público va de la mano de la crítica pública, entonces, ningún funcionario público puede protestar ni del escrutinio público ni de la crítica, aún de la crítica pública injusta, el derecho a criticar es un derecho general, la democracia es eso, es el balance de las opiniones; entonces, una persona puede pronunciarse en contra de políticas públicas o de funcionarios, y ellos no pueden estar diciendo que se siente ofendidos y que quieren tener el derecho a responder cada cosa, por supuesto que un funcionario tiene el derecho a decir su verdad, eso sí, pero no de obligar a todo mundo a escucharla. Es distinto con los ciudadanos de a pie porque ahí sí una expresión de otra persona implica un derecho de respuesta, pero en los casos de funcionarios y funcionarias públicas, yo diría que no.

Carlos Benavides, El Universal, 10 de febrero.