“Falta capacidad al país para investigar delitos”

El “talón de Aquiles” del sistema judicial y de la democracia en México es la falta de capacidad para investigar delitos del fuero común o federal, que han derivado en detenciones arbitrarias y la exhibición ante cámaras de personas que después son liberadas. La evidencia no sólo son los ex funcionarios exonerados acusados de vínculos con el narcotráfico: de los más de 620 mil detenidos en el sexenio pasado por nexos con la delincuencia organizada, 80% salieron libres por falta de pruebas o bajo fianza por ilícitos menores.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en entrevista, advierte así de la urgencia de un cambio que fortalezca a las instituciones del país, como la abolición del arraigo y reformas al fuero militar. Además, es necesario que el presidente Enrique Peña Nieto dé a conocer con detalle su estrategia de seguridad, y cómo ésta será acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, para evitar que las violaciones graves ocurridas durante el “calderonismo” se repitan.

Expuso el riesgo de que durante la próxima reunión que sostendrán el mandatario mexicano y su homólogo estadounidense, Barack Obama, se soslaye el tema de seguridad y sólo se centre en lo económico, ya que “la situación del narcotráfico sigue siendo una amenaza de seguridad seria para México” y también hay intereses en juego para EU, así que ambos deben redefinir una política alejada de la “guerra contra el narcotráfico” que en parte financió el vecino del norte, con graves costos en derechos humanos. No pueden ignorar esta realidad, advierte.

—¿Cuál es su opinión sobre la exoneración reciente del ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano y del general Tomás Ángeles Dauahare?

—El “talón de Aquiles” del sistema judicial y de la democracia mexicana es la falta de capacidad para investigar delitos de todo orden: comunes, los cometidos por agentes del Estado, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por el narcotráfico. Lo usual es que se opten por soluciones de atajo, es decir, por detenciones arbitrarias, esa es la tentación normal por mostrar ante las cámaras de televisión resultados, rápidamente, en horas, y a los sospechosos principales del último crimen exhibirlos ante las cámaras para luego tener que liberarlos por falta de pruebas, porque no se ha hecho la tarea.

El experto consideró que “aquí creo que lamentablemente las autoridades judiciales actúan con muy pocos esfuerzos, las policías tanto municipales, como estatales, incluyendo la Policía Federal y la nueva policía han demostrado una capacidad bastante pobre, hasta ahora, de investigación criminal”. La única que “se salva” es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sentencias impecables.

Vivanco advierte que según las cifras oficiales “se detuvieron a más de 620 mil personas durante el gobierno de Felipe Calderón por razones de narcotráfico, más de 500 mil personas, el 80% fueron liberadas por falta de evidencias, fueron detenciones arbitrarias, porque se hacen sobre la base del abuso del poder, de la autoridad que actúa sin sospechas mínimas”.

“El arraigo fue lamentablemente una de las grandes contribuciones a estos abusos, porque genera un incentivo perverso a los servidores públicos a detener a una persona e investigar luego”, indicó.

Advirtió que “da la impresión que el presidente Obama al igual que el presidente Peña Nieto prefieren hablar de otros temas, pareciera que la agenda oficial no incluye el tema de seguridad ni el derechos humanos, sino que otros temas como el económico o vinculados con migración”.

Vivanco alerta que esta posición “sería un error, porque hay zonas que están sufriendo hoy día los problemas de inseguridad que representa el crecimiento del narcotráfico, los cárteles son redes delincuenciales sumamente peligrosas, muy violentas, muy poderosas y que tienen una enorme sofisticación para proceder mediante la corrupción penetrando las instituciones mediante la violencia, ese es un tema que no se puede ignorar”.

El funcionario de HRW, destacó que “aún es prematuro exigirle a Peña Nieto pruebas tangibles de mejorías, lleva muy poco tiempo en el poder, sin embargo el tiempo avanza y lo cierto es que todavía no se conocen detalles de lo que sería la nueva estrategia en materia de seguridad pública, ni tampoco se sabe lo que el gobierno hará para hacer justicia por las violaciones a derechos humanos cometidas durante el sexenio de Calderón”.

Dijo que “si se deja pasar más tiempo y este tema se deja pasar a un segundo plano, es muy probable que en un tiempo estemos hablando ya del récord de Peña Nieto y no sólo del récord de Calderón. En materia de derechos humanos lo importante es juzgar a los gobiernos, a las autoridades, no sólo por el discurso, lo más importante son los resultados, que puedan mostrar un cambio de política, de metodologías, lo más probable que la valoración que se haga a nivel nacional e internacionales en derechos humanos pueda ser la misma. Y no queremos que eso ocurra por el bien de México”.

Silvia Otero, El Universal, 30 de abril.