Pero negaron el conteo de “voto por voto y casilla por casilla”, para los casos en que haya una diferencia del uno por ciento, y dudas sobre el proceso electoral en los municipios y los distritos electorales.
Las reformas aprobadas ayer por unanimidad proyectan la disminución de un 20 por ciento al financiamiento de las campañas electorales, así como cortar de 60 a 40 días la duración de las mismas.
También los legisladores locales regularon las precampañas, en las que los aspirantes a cargos de elección popular deberán hacerlo durante 50 días, y sin rebasar en un 15 por ciento el financiamiento del tope en las campañas ordinarias.
No obstante, los diputados del PAN, PRI, PRD, Convergencia, Verde Ecologista y Nueva Alianza se dijeron “satisfechos” por su labor, aunque todavía siguen sin conocer el texto del dictamen que aprobaron, porque no les fue proporcionado como lo demanda su propio reglamento.
Lo único que saben es que a partir de la publicación del texto avalado, el financiamiento que reciban los candidatos a cargos de elección popular locales serán fiscalizados a través del Consejo Estatal Electoral (CEE), a fin de evitar la intromisión de dinero de la delincuencia organizada.
Las campañas en lo general también serán fiscalizadas por un despacho contratado por el IEE, en el que harán el comparativo de su informe sobre los gastos y los egresos que ahora tendrán “reglas más precisas”, y eviten los recibos comunes.
En el nuevo Código se endurecen las sanciones para los candidatos a los distintos cargos de elección popular. Es decir, se impone como causal de anulación del triunfo electoral o la cancelación del registro para aquellos candidatos que obtengan financiamiento proveniente de fuentes ilícitas, según lo informado por el presidente de la Junta Política y de Gobierno de la Cámara de Diputados de Morelos, Óscar Sergio Hernández Benítez.
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