Representantes de todas las fuerzas políticas, del “gobierno legítimo” –encabezado por Andrés Manuel López Obrador–, jerarcas del clero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el gobierno de Colombia condenaron los atentados de la noche del 15 de septiembre en Morelia, Michoacán, que provocaron la muerte de siete personas y más de 100 heridos.
Asimismo, exigieron a Felipe Calderón aplicar una estrategia integral que no sólo incluya acciones militares contra la delincuencia organizada, sino educación, salud, combate a la desigualdad y atención a las adicciones para evitar que la violencia siga propagándose en el país, así como investigar los hechos y castigar a los responsables.
Diputados de todos los partidos señalaron que los poderes de la Unión ya no pueden seguir subordinados de manera acrítica a las decisiones del Ejecutivo en el combate a la delincuencia.
En tanto, el “gobierno legítimo” condenó éste y cualquier acto de violencia “que afecte al pueblo y transgreda la estabilidad política y social del país”; exigió el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, además de que manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Michoacán.
Senadores de PRI y PRD exigieron a Calderón “utilizar toda la fuerza del Estado para impedir que hechos similares se reproduzcan en México”.
René Arce, de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, consideró que los ataques con artefactos explosivos en Michoacán son “un claro mensaje del crimen organizado a todo gobernante que no ceda a sus presiones, como es el caso de Leonel Godoy”.
El priísta Adolfo Toledo destacó que las estrategias del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada no están dando resultados, ya que “Calderón pareciera funcionar con base en ocurrencias, no en una ruta establecida”. El presidente del Senado, Gustavo Madero, condenó los hechos y demandó “una investigación expedita y contundente para detener a los responsables”.
“Por primera vez se ataca a la población civil. Es un acto terrorista absurdo y todos los sectores de la sociedad debemos participar en el combate a tal irracionalidad. ¡Esto es una crisis de seguridad nacional!”, señaló Javier González Garza, diputado por el PRD.
En tanto, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el priísta César Duarte, demandó a las autoridades una rápida y efectiva investigación, que debe concluir con el castigo a los responsables.
El panista Gerardo Priego dijo que la escalada de las bandas de narcotraficantes pretende aterrorizar a la población para dar paso a la agresión contra quienes detentan el poder.
Ayer por la tarde, el gobernador de Michoacán se reunió con los coordinadores parlamentarios perredistas en la Cámara de Diputados, Javier González, y del Senado, Carlos Navarrete, así como con la dirigencia del partido. Luego del encuentro expresaron su repudio a la violencia promovida desde las bandas de delincuencia organizada y conminaron a todos los sectores de la población a participar activamente en la estrategia nacional para abatir las actividades ilegales de los grupos mafiosos.
El perredista Alejandro Encinas y la corriente Izquierda Unida repudiaron los hechos y se solidarizaron con la ciudadanía y el gobierno michoacanos.
El Partido Socialdemócrata se sumó a la condena e instó a las autoridades federales a crear una estrategia para combatir el crimen organizado que no se base en la ofensiva militar, sino en un plan integral que incluya educación, salud y atención a las adicciones.
Por su parte, el PRI también repudió el ataque. La dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, dijo que no comparte las acciones que debilitan a las instituciones y se pronunció por la unidad de los mexicanos y la vigencia del estado de derecho.
El PAN consideró que estos hechos significan un desafío de la delincuencia a la sociedad y al orden democrático, y demandó la unidad de todos los ciudadanos frente a sus gobiernos, sin regateos ni condición alguna.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, calificó los hechos de “acto de terrorismo” y advirtió que el ataque con granadas representa un reto directo al Estado mexicano.
El cardenal Norberto Rivera consideró “brutal y cobarde” el atentado. Dijo que es un acto que “preocupa a la Iglesia, porque en México va creciendo la cultura de la muerte y el desprecio más absoluto por la vida humana”.
Asimismo, el gobierno de Colombia manifestó su rechazo a los atentados y su solidaridad con los mexicanos. “Colombia, que ha sufrido en carne propia la violencia terrorista, repudia estos hechos cobardes”.
Asimismo, exigieron a Felipe Calderón aplicar una estrategia integral que no sólo incluya acciones militares contra la delincuencia organizada, sino educación, salud, combate a la desigualdad y atención a las adicciones para evitar que la violencia siga propagándose en el país, así como investigar los hechos y castigar a los responsables.
Diputados de todos los partidos señalaron que los poderes de la Unión ya no pueden seguir subordinados de manera acrítica a las decisiones del Ejecutivo en el combate a la delincuencia.
En tanto, el “gobierno legítimo” condenó éste y cualquier acto de violencia “que afecte al pueblo y transgreda la estabilidad política y social del país”; exigió el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables, además de que manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Michoacán.
Senadores de PRI y PRD exigieron a Calderón “utilizar toda la fuerza del Estado para impedir que hechos similares se reproduzcan en México”.
René Arce, de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, consideró que los ataques con artefactos explosivos en Michoacán son “un claro mensaje del crimen organizado a todo gobernante que no ceda a sus presiones, como es el caso de Leonel Godoy”.
El priísta Adolfo Toledo destacó que las estrategias del gobierno federal para combatir la delincuencia organizada no están dando resultados, ya que “Calderón pareciera funcionar con base en ocurrencias, no en una ruta establecida”. El presidente del Senado, Gustavo Madero, condenó los hechos y demandó “una investigación expedita y contundente para detener a los responsables”.
“Por primera vez se ataca a la población civil. Es un acto terrorista absurdo y todos los sectores de la sociedad debemos participar en el combate a tal irracionalidad. ¡Esto es una crisis de seguridad nacional!”, señaló Javier González Garza, diputado por el PRD.
En tanto, el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el priísta César Duarte, demandó a las autoridades una rápida y efectiva investigación, que debe concluir con el castigo a los responsables.
El panista Gerardo Priego dijo que la escalada de las bandas de narcotraficantes pretende aterrorizar a la población para dar paso a la agresión contra quienes detentan el poder.
Ayer por la tarde, el gobernador de Michoacán se reunió con los coordinadores parlamentarios perredistas en la Cámara de Diputados, Javier González, y del Senado, Carlos Navarrete, así como con la dirigencia del partido. Luego del encuentro expresaron su repudio a la violencia promovida desde las bandas de delincuencia organizada y conminaron a todos los sectores de la población a participar activamente en la estrategia nacional para abatir las actividades ilegales de los grupos mafiosos.
El perredista Alejandro Encinas y la corriente Izquierda Unida repudiaron los hechos y se solidarizaron con la ciudadanía y el gobierno michoacanos.
El Partido Socialdemócrata se sumó a la condena e instó a las autoridades federales a crear una estrategia para combatir el crimen organizado que no se base en la ofensiva militar, sino en un plan integral que incluya educación, salud y atención a las adicciones.
Por su parte, el PRI también repudió el ataque. La dirigente nacional del partido, Beatriz Paredes, dijo que no comparte las acciones que debilitan a las instituciones y se pronunció por la unidad de los mexicanos y la vigencia del estado de derecho.
El PAN consideró que estos hechos significan un desafío de la delincuencia a la sociedad y al orden democrático, y demandó la unidad de todos los ciudadanos frente a sus gobiernos, sin regateos ni condición alguna.
El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, calificó los hechos de “acto de terrorismo” y advirtió que el ataque con granadas representa un reto directo al Estado mexicano.
El cardenal Norberto Rivera consideró “brutal y cobarde” el atentado. Dijo que es un acto que “preocupa a la Iglesia, porque en México va creciendo la cultura de la muerte y el desprecio más absoluto por la vida humana”.
Asimismo, el gobierno de Colombia manifestó su rechazo a los atentados y su solidaridad con los mexicanos. “Colombia, que ha sufrido en carne propia la violencia terrorista, repudia estos hechos cobardes”.
La Jornada, 17 de septiembre.
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