Oaxaca, Oax., 13 de enero. El ex coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal Héctor Pablo Ramírez Leyva se deslindó de la agresión a la casa del director del semanario El Correo de Oaxaca, Carlos Velasco Molina, y destacó que la acusación en contra del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz obedece a su enojo “por no haber sido contratado” por la actual administración.
Velasco Molina, ex vocero del gobierno de José Murat Casab, denunció que personas desconocidas lanzaron bombas molotov a su domicilio, ubicado en el municipio conurbado de San Agustín Etla, el pasado viernes 9 de enero, y atribuyó la autoría intelectual al gobernador Ulises Ruiz Ortiz; al presidente estatal del PRI, Jorge Franco Vargas, y a Ramírez Leyva.
El ex funcionario, quien renunció apenas ayer al cargo para aspirar a una candidatura a la diputación federal por el PRI, sostuvo que la administración estatal “respeta a la prensa y a los periodistas” y, por tanto, “no existe el menor interés” en agredir al director de un semanario “sin presencia” en la entidad.
Además, destacó que Velasco Molina “no tiene calidad moral para hablar de atentados cuando él estuvo involucrado en un autoatentado” años atrás, “mucho menos para denunciar la existencia de una política de Estado para atacar a la prensa”, porque “existen evidencias y pruebas” de que durante su desempeño como coordinador de Comunicación Social en el sexenio anterior “hubo persecución en contra de medios de comunicación” en la entidad.
Aparte de ello, destacó que el director de El Correo de Oaxaca “no debe darse baños de pureza ante la opinión pública nacional”, porque en Oaxaca se conoce ampliamente sus actos de corrupción “al vender predios de su propiedad y de su esposa al propio gobierno estatal” para la construcción de edificios públicos.
A su juicio, Velasco Molina hace tales imputaciones en represalia porque la administración de Ruiz Ortiz no lo contrató para desempañar algún puesto.
“Este gobierno no tenía contemplada su contratación por muchos factores”, remarcó.
Ante esto, recomendó al director de El Correo de Oaxaca “tener prudencia”, así como presentar una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del estado por los hechos y permitir el desarrollo de las investigaciones, “para castigar a los responsables en el supuesto caso que hayan ocurrido los hechos como los denuncia”.
Velasco Molina, ex vocero del gobierno de José Murat Casab, denunció que personas desconocidas lanzaron bombas molotov a su domicilio, ubicado en el municipio conurbado de San Agustín Etla, el pasado viernes 9 de enero, y atribuyó la autoría intelectual al gobernador Ulises Ruiz Ortiz; al presidente estatal del PRI, Jorge Franco Vargas, y a Ramírez Leyva.
El ex funcionario, quien renunció apenas ayer al cargo para aspirar a una candidatura a la diputación federal por el PRI, sostuvo que la administración estatal “respeta a la prensa y a los periodistas” y, por tanto, “no existe el menor interés” en agredir al director de un semanario “sin presencia” en la entidad.
Además, destacó que Velasco Molina “no tiene calidad moral para hablar de atentados cuando él estuvo involucrado en un autoatentado” años atrás, “mucho menos para denunciar la existencia de una política de Estado para atacar a la prensa”, porque “existen evidencias y pruebas” de que durante su desempeño como coordinador de Comunicación Social en el sexenio anterior “hubo persecución en contra de medios de comunicación” en la entidad.
Aparte de ello, destacó que el director de El Correo de Oaxaca “no debe darse baños de pureza ante la opinión pública nacional”, porque en Oaxaca se conoce ampliamente sus actos de corrupción “al vender predios de su propiedad y de su esposa al propio gobierno estatal” para la construcción de edificios públicos.
A su juicio, Velasco Molina hace tales imputaciones en represalia porque la administración de Ruiz Ortiz no lo contrató para desempañar algún puesto.
“Este gobierno no tenía contemplada su contratación por muchos factores”, remarcó.
Ante esto, recomendó al director de El Correo de Oaxaca “tener prudencia”, así como presentar una denuncia penal en la Procuraduría General de Justicia del estado por los hechos y permitir el desarrollo de las investigaciones, “para castigar a los responsables en el supuesto caso que hayan ocurrido los hechos como los denuncia”.
Octavio Vélez Ascencio, La Jornada, 14 de enero.
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