El acuerdo antifalsificación busca sobrerregular Internet: senadores

Por acuerdo de todas las bancadas el Senado de la República demandó al gobierno federal detener la negociación del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), que lleva a cabo con 13 países –entre ellos Estados Unidos y Canadá–, hasta que esa cámara del Congreso “conozca el texto, que se ha negociado con gran opacidad, ya que se necesita saber qué es lo que está firmando el gobierno mexicano”.

Asimismo, se acordó constituir un grupo plural que dé seguimiento al proceso de las negociaciones del ACTA, para “transparentar los compromisos multilaterales y garantizar que las disposiciones de ese acuerdo no se contrapongan a las garantías y derechos fundamentales que prevé la Constitución”.

El punto de acuerdo aprobado ayer, a propuesta de los senadores perredistas Carlos Sotelo, Yeidckol Polevnsky, Javier Castellón y el panista Federico Döring, incluye que el Senado realice foros de consulta pública con funcionarios, académicos, expertos y construya una agenda y una ruta alterna al ACTA, a efecto de presentar iniciativas de ley “relacionadas con Internet, los derechos de la propiedad intelectual, industrial y de autor, así como con la libertad de expresión y el derecho a la intimidad”.

Sotelo, quien también es presidente de la Comisión de Radio y Televisión, advirtió en tribuna que los casi 30 millones de mexicanos que tienen acceso a las tecnologías de la información pueden verse nuevamente afectados por el ACTA. “Se ha filtrado de las negociaciones de ese acuerdo que los países pueden posibilitar monitorear los archivos, su intercambio y contenidos, cuando los usuarios naveguen por la red, obligando a los proveedores a proporcionar información sin orden judicial sobre presuntos infractores de derecho de autor.”

El convenio “se celebra con gran opacidad por los países negociantes, pero no se puede permitir que violente los derechos fundamentales de la sociedad, como la libertad de expresión, a la intimidad, al conocimiento, al derecho a la protección de sus datos personales”.

Döring, legislador del PAN, señaló: “El ACTA es mucho más que Internet, tiene implicaciones en términos de derecho de propiedad intelectual, sobre patentes en materia de medicina y la lucha contra los enfermos que tienen el VIH”.

Resaltó que su partido quiere dejar claro que “el Internet no puede ser una plataforma adicional de comercialización; es una plataforma universal que les pertenece a los ciudadanos, no se debe restringir Internet y el acceso a la información por ese medio sólo a quienes tengan la posibilidad de pagar por accesar y descargar los datos. Hacer eso aun bajo la cortina de los derechos de propiedad intelectual, sería atentar contra la plataforma universal de información y comunicación que tienen los ciudadanos de México y de todo el mundo”.

El senador del blanquiazul dijo que “en Finlandia, en esos derechos de tercera generación se establece en su Constitución que el acceso a Internet y a la banda ancha es un derecho fundamental. Ojalá en el grupo plural podamos tener un espacio para la política, para tener claridad de qué es lo que pretende firmar el gobierno y hacer que se escuche fuerte y clara la voz de los mexicanos, antes de la firma de ese acuerdo en Tokio”.

Francisco Javier Castellón, del PRD, dijo que “detrás de ese acuerdo evidentemente hay una intencionalidad, no solamente en términos de atacar la piratería, sino de invasión a la privacidad a partir de estas medidas que obligarían a los proveedores de servicio a intervenir al monitorear todo el tráfico de Internet”.

Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 6 de octubre.