“Reconocieron que dije la verdad”

La tarde del pasado viernes, Valentina Rosendo Cantú recibió la noticia. Al escucharla, lloró. “Lloré bastante. Comencé a recordar todas las cosas que he pasado. Aún así, valió la pena seguir. Porque se probó que decía la verdad”.





Ese viernes, Valentina Rosendo se enteró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por la violación sexual que ella sufrió ocho años atrás. Una agresión sexual realizada por militares.



Ese viernes, el Estado mexicano recibió dos sentencias en su contra. Una por el caso de Valentina; el otro por el caso de Inés Fernández. Las dos indígenas de Guerrero. Las dos violadas por militares en 2002.



En las sentencias, la CoIDH resalta que las violaciones que sufrieron Valentina e Inés se realizaron como una forma de tortura y discriminación.



“Es la primera vez que la corte señala que la violación sexual constituye un acto de tortura”, dice Mario Patrón, uno de los abogados que representaron a Valentina e Inés.

Las sentencias de la Corte Interamericana exigen al Estado mexicano, entre otras cosas, procesar a los militares responsables ante la justicia civil.





“Ahora, que cumplan”



Ese viernes 1 de octubre, Valentina escuchó por teléfono la voz de Alejandra Gómez, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que —junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)— acompaña a Valentina e Inés en su búsqueda de justicia.



—La corte condenó al Estado; te dio la razón, Vale.



Valentina lloró. También recordó lo que sucedió el 16 de febrero del 2002. Tenía 17 años. Sólo entendía un poco de español, porque entonces sólo hablaba Me’phaa, la lengua indígena que se escucha en el poblado de Barranca Bejuco, en la montaña de Guerrero.



Valentina recordó como ese día llegaron los militares al río donde lavaba la ropa. Volvió a escuchar sus voces preguntando dónde estaban los hombres “encapuchados”. Recordó que insistían, que le mostraban una fotografía y le preguntaban: “¿lo conoces?”.



Valentina recordó cómo dos de los soldados le jalaron el cabello y la violaron.



—Como que me volví a encontrar con la Valentina de hace ocho años. La Valentina que fue maltratada por su esposo y que tuvo que aguantar la humillación de la comunidad. —cuenta Valentina en entrevista.

Minutos antes, en conferencia de prensa, Valentina confesó que los últimos ocho años “han sido muy duros. Tuve que dejar mi pueblo. Me dejó mi esposo... El gobierno, en lugar de agarrar a los militares que me hicieron daño, lo que hizo fue mandar gente para amenazarme”.



Ya sin micrófonos frente a ella, esta indígena de ojos pequeños confiesa que pensó rendirse. Retirar la denuncia contra los militares.



—Lo más fuerte que me pasó es que perdí a mi familia. Mi esposo no me apoyó; me apoyó al principio, pero se cansó y me dejó. Y mucha gente me dijo: “qué ganas con eso de la denuncia. Al contrario, perdiste a tu esposo, te saliste de la comunidad”. Lo más doloroso fue cuando se quisieron llevarse a mi hija. Ahí fue cuando pensé dejar todo.







En diciembre de 2009, dos hombres intentaron secuestrar a la hija de Valentina. La niña tenía ocho años.

Valentina cuenta que hace un año, dos hombres golpearon a su padre, quien vive en Barranca Bejuco. “Le rompieron su brazo. Ellos trabajan con los militares. Ellos amenazan a mis papás, les mandan decir que deje de denunciar”.



—¿Tienes miedo? —se le pregunta a Valentina



—El miedo sólo se va a acabar cuando el gobierno reconozca, en público, que yo tenía la razón. Cuando vaya a mi comunidad, a decir allá: “Valentina tenía razón”. Porque en mi comunidad me discriminaron como mujer violada. Y yo decidí irme para buscar justicia.



Para Valentina, lo mejor de la sentencia de la CoIDH es que “reconocen que dije la verdad. El gobierno me cerró todas las puertas para no recibir justicia. El gobierno me dijo: ‘mujer mentirosa’. Estoy contenta de que salió la verdad”



Valentina quiere que los militares dejen la montaña de Guerrero. “No tienen nada que hacer ahí. El gobierno dice que nosotros sembramos enervantes o droga, eso no es cierto. Nada más suben a la comunidad para que violen a las mujeres”.



Desde la década de los 70, la montaña de Guerrero vive una militarización, asegura Abel Barrera, director de Tlachinollan. “En esos años justificaban la presencia militar al decir que existía guerrilla. Ahora, hablan de narcotráfico”.



Esa militarización, dice Abel Barrera, sólo ha provocado violación de los derechos humanos en las comunidades indígenas.



Valentina, indígena que aprendió español para defenderse, sabe que con la sentencia la historia aún no termina. “Sigue la lucha para exigir que el gobierno cumpla”.



Entre las cosas que debe cumplir el Estado mexicano están el llevar a los militares responsables de las violaciones a la justicia civil; garantizar la seguridad de las indígenas y de su familias; realizar la reforma al Código de Justicia Militar para acotar el fuero castrense; un acto público donde se reconozca responsabilidad del Estado y la publicación de las sentencias en español y Me’phaa.



—¿Cómo se mira Valentina en el futuro?



—Quiero vivir tranquila. Quiero regresar a mi comunidad. Tener una casa, tener mis terrenos para sembrar. Estoy estudiando para ser una buena enfermera. Ahorita estoy estudiando la secundaria. En las mañanas trabajo y en las tardes estudió. Me falta un año para terminar la secundaria. En donde más baja calificación tengo es en matemáticas, no me lo sé muy bien. Pero lo voy a lograr. Y ya veremos si después estudió enfermería. Eso quiero ser: enfermera para atender a otras mujeres.

Thelma Gómez Durán, El Universal, 5 de octubre.