Un nuevo escándalo de corrupción, que implicó entre otras maniobras el desmantelamiento clandestino de 25 kilómetros de vía férrea para emplear rieles y traviesas en la construcción de 300 viviendas privadas en el centro de la isla, fue destapado ayer por la prensa oficial cubana.
“¿Dónde estaba la dirección del Partido Comunista y del gobierno en el territorio?”, que fue incapaz de evitar ese fenómeno de “descontrol, indiferencia e irrespeto por la institucionalidad”, se preguntó el diario nacional Granma. Bajo el título “El precio de la indiferencia”, el matutino expuso de esa forma uno de los fenómenos que afectan desde hace décadas a la centralizada y estatizada economía nacional.
El escándalo comenzó gestarse tras las afectaciones de un huracán en 2001 y la autorización en 2003 a que los vecinos de la playa La Panchita, en la provincia de Villa Clara, reconstruyeran sus viviendas con esfuerzo propio pero, según se desprende del reportaje de Granma, sin garantizarles el suministro de los insumos necesarios.
El periódico dijo que para facilitar la acción comunitaria, en 2004 se dictaron 46 resoluciones que, sin embargo, “dejaron resquicios a las ilegalidades y al despilfarro de recursos del estado”, que desde hace casi medio siglo es el principal constructor en la isla.
En tales circunstancias, los vecinos recurrieron al desmontaje de las vías férreas y a la compra de otros recursos, de manera clandestina, en entidades estatales. Granma calificó de “incalculable” el costo de los “desvíos de recursos”, pero no cuantificó las pérdidas ni identificó a los implicados.
La revelación se registra en momentos en que el gobierno de Raúl Castro ha comenzado a reglamentar el trabajo del hasta ahora diminuto y casi ilegal sector privado, como parte de los cambios que promueve para “actualizar” el modelo cubano.
La Habana / Juan Manuel Somoza, Milenio, 27 de noviembre.
“¿Dónde estaba la dirección del Partido Comunista y del gobierno en el territorio?”, que fue incapaz de evitar ese fenómeno de “descontrol, indiferencia e irrespeto por la institucionalidad”, se preguntó el diario nacional Granma. Bajo el título “El precio de la indiferencia”, el matutino expuso de esa forma uno de los fenómenos que afectan desde hace décadas a la centralizada y estatizada economía nacional.
El escándalo comenzó gestarse tras las afectaciones de un huracán en 2001 y la autorización en 2003 a que los vecinos de la playa La Panchita, en la provincia de Villa Clara, reconstruyeran sus viviendas con esfuerzo propio pero, según se desprende del reportaje de Granma, sin garantizarles el suministro de los insumos necesarios.
El periódico dijo que para facilitar la acción comunitaria, en 2004 se dictaron 46 resoluciones que, sin embargo, “dejaron resquicios a las ilegalidades y al despilfarro de recursos del estado”, que desde hace casi medio siglo es el principal constructor en la isla.
En tales circunstancias, los vecinos recurrieron al desmontaje de las vías férreas y a la compra de otros recursos, de manera clandestina, en entidades estatales. Granma calificó de “incalculable” el costo de los “desvíos de recursos”, pero no cuantificó las pérdidas ni identificó a los implicados.
La revelación se registra en momentos en que el gobierno de Raúl Castro ha comenzado a reglamentar el trabajo del hasta ahora diminuto y casi ilegal sector privado, como parte de los cambios que promueve para “actualizar” el modelo cubano.
La Habana / Juan Manuel Somoza, Milenio, 27 de noviembre.
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