Los defensores de los derechos humanos en México y sus familias son objeto de intentos de homicidio, intimidaciones, calumnias y acusaciones por delitos falsos que permanecen en la impunidad, refiere el libro Defensores y defensoras de derechos humanos en el estado de Guerrero, elaborado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés).
“Las personas que participan en organizaciones de la sociedad civil se enfrentan al dilema de desistir de sus actividades, ante el temor a sufrir represalias, o seguir con su trabajo, asumiendo vivir bajo estas presiones”, subraya el texto, presentado ayer.
Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aplaudió el trabajo realizado por las PBI, y afirmó que con éste se demuestra que la sociedad civil mexicana ve al sistema internacional de protección y garantía de los derechos humanos como una alternativa para fortalecer el sistema interno.
Agregó que, debido al análisis realizado en torno a las desapariciones forzadas en ese estado, el libro debe ser una llamada de atención para el resto de las entidades del país.
Guerrero es el estado donde se documentaron más desapariciones durante la guerra sucia, y las ONG han denunciado que éstas aún persisten.
“Nosotros (las autoridades) impulsamos recientemente la ratificación de la convención de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y estimamos que desde ahí debe realizarse un trabajo importante en materia de legislación”, subrayó el funcionario.
Otro acierto del texto es señalar que el marco jurídico para las radios comunitarias es una asignatura pendiente, abundó.
“Esperemos que se aborde el tema en las reformas a la ley de radio y televisión que discute el Congreso”, añadió.
Remarcó que en Guerrero se debe avanzar también en la reforma sobre derechos indígenas y destacar la ausencia de una tipificación de la tortura en la legislación local.
A su vez, la representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liliana Valiña –quien sustituye al recién removido Amerigo Incalcaterra–, alertó que en varios países aún hay grandes obstáculos que obstruyen la promoción y defensa de garantías.
Entre esas trabas mencionó la falta de reconocimiento a la legitimidad de las organizaciones que defienden esos derechos; la estigmatización de los activistas como sujetos que amenazan la paz y el orden o como criminales y terroristas, y, sobre todo, el enfrentamiento cotidiano a la impunidad.
“Las personas que participan en organizaciones de la sociedad civil se enfrentan al dilema de desistir de sus actividades, ante el temor a sufrir represalias, o seguir con su trabajo, asumiendo vivir bajo estas presiones”, subraya el texto, presentado ayer.
Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, aplaudió el trabajo realizado por las PBI, y afirmó que con éste se demuestra que la sociedad civil mexicana ve al sistema internacional de protección y garantía de los derechos humanos como una alternativa para fortalecer el sistema interno.
Agregó que, debido al análisis realizado en torno a las desapariciones forzadas en ese estado, el libro debe ser una llamada de atención para el resto de las entidades del país.
Guerrero es el estado donde se documentaron más desapariciones durante la guerra sucia, y las ONG han denunciado que éstas aún persisten.
“Nosotros (las autoridades) impulsamos recientemente la ratificación de la convención de Naciones Unidas sobre desaparición forzada y estimamos que desde ahí debe realizarse un trabajo importante en materia de legislación”, subrayó el funcionario.
Otro acierto del texto es señalar que el marco jurídico para las radios comunitarias es una asignatura pendiente, abundó.
“Esperemos que se aborde el tema en las reformas a la ley de radio y televisión que discute el Congreso”, añadió.
Remarcó que en Guerrero se debe avanzar también en la reforma sobre derechos indígenas y destacar la ausencia de una tipificación de la tortura en la legislación local.
A su vez, la representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liliana Valiña –quien sustituye al recién removido Amerigo Incalcaterra–, alertó que en varios países aún hay grandes obstáculos que obstruyen la promoción y defensa de garantías.
Entre esas trabas mencionó la falta de reconocimiento a la legitimidad de las organizaciones que defienden esos derechos; la estigmatización de los activistas como sujetos que amenazan la paz y el orden o como criminales y terroristas, y, sobre todo, el enfrentamiento cotidiano a la impunidad.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 30 de mayo.
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