Santiago Creel, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declaró constitucional la reforma en materia de justicia y seguridad pública.
El legislador federal realizó ayer el pronunciamiento durante la sesión ordinaria, luego de recibir de manera oficial el aval de 19 de los 31 congresos locales de todo el País.
"En consecuencia, y a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 135 de la Constitución; y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara: "Se aprueba el decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución", indicó.
Creel confirmó, en entrevista, que con el aval a la reforma se pone en marcha un periodo de transición para abrirle la puerta a un sistema de juicios orales, el reordenamiento del Ministerio Público y el fortalecimiento de las facultades de las corporaciones policiacas.
"Un total de 19 congresos locales ya han aprobado la reforma constitucional y, en consecuencia, estaremos a unos días de tener plena vigencia de una reforma que reordena al Ministerio Público y a los policías, a través de un nuevo sistema que le da más facultades e instrumentos.
"Además, empezamos ya con el periodo de transición hacia los juicios orales en el País y todo esto sin duda va a ayudar a que el combate contra la delincuencia sea más eficaz. Es hora de estar unidos para que el combate sea exitoso", dijo.
Frente al pleno, la Mesa Directiva dio cuenta de los oficios recibidos de los congresos de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El Congreso turnó la reforma al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez aprobada, diputados y senadores deberán reiniciar los trabajos de negociación y dictamen, para realizar las reformas secundarias que se derivan de la reforma.
La reforma aprobada por el Congreso federal, y ahora por el Constituyente Permanente, abre la puerta a la transformación del régimen procesal, con la entrada en vigor de los juicios orales, que deberán implantarse en un plazo de ocho años.
Con los cambios, México pasará de un sistema inquisitorial en materia penal, a un sistema adversarial basado en juicios orales.
El legislador federal realizó ayer el pronunciamiento durante la sesión ordinaria, luego de recibir de manera oficial el aval de 19 de los 31 congresos locales de todo el País.
"En consecuencia, y a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 135 de la Constitución; y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara: "Se aprueba el decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución", indicó.
Creel confirmó, en entrevista, que con el aval a la reforma se pone en marcha un periodo de transición para abrirle la puerta a un sistema de juicios orales, el reordenamiento del Ministerio Público y el fortalecimiento de las facultades de las corporaciones policiacas.
"Un total de 19 congresos locales ya han aprobado la reforma constitucional y, en consecuencia, estaremos a unos días de tener plena vigencia de una reforma que reordena al Ministerio Público y a los policías, a través de un nuevo sistema que le da más facultades e instrumentos.
"Además, empezamos ya con el periodo de transición hacia los juicios orales en el País y todo esto sin duda va a ayudar a que el combate contra la delincuencia sea más eficaz. Es hora de estar unidos para que el combate sea exitoso", dijo.
Frente al pleno, la Mesa Directiva dio cuenta de los oficios recibidos de los congresos de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
El Congreso turnó la reforma al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez aprobada, diputados y senadores deberán reiniciar los trabajos de negociación y dictamen, para realizar las reformas secundarias que se derivan de la reforma.
La reforma aprobada por el Congreso federal, y ahora por el Constituyente Permanente, abre la puerta a la transformación del régimen procesal, con la entrada en vigor de los juicios orales, que deberán implantarse en un plazo de ocho años.
Con los cambios, México pasará de un sistema inquisitorial en materia penal, a un sistema adversarial basado en juicios orales.
Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 29 de mayo.
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