Apuros de gobernadores de AN en el debate sobre el petróleo

“Si sus argumentos son tan sólidos, ¿qué les preocupa?, ¿qué les apura?”, respondió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a los cuestionamientos de los gobernadores panistas Marco Antonio Adame, de Morelos, y Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, que ayer, durante el foro de discusión en el Senado, impugnaron la propuesta del perredista de llevar a consulta popular la reforma a Pemex.

Pero también los legisladores del blanquiazul trataron de repetir la estrategia de descalificar a los opositores a la privatización del petróleo y fue notorio que las críticas a Ebrard se las pasaban por escrito a los panistas los 13 asesores de las secretarías de Energía, de Hacienda y también de Pemex, que ayer los auxiliaron.

La actividad del staff de asesores del PAN se multiplicó durante la discusión entre los cinco gobernadores y el jefe de Gobierno capitalino, que ayer participaron en el sexto de foro de debate sobre las cinco iniciativas de Felipe Calderón.

El morelense Marco Antonio Adame descalificó la consulta popular –es una táctica “dilatoria y provocadora”– y acusó a Ebrard de tener “amnesia y vergüenza del propio pasado”.

Y hablando de vergüenzas...
El jefe de Gobierno le reviró: “Hablando de vergüenzas, también lo es el proponer modificar el artículo 27 constitucional a través de una ley secundaria y venir a extrañarse aquí de que eso provoque un gran debate nacional. ¡No tienen vergüenza ustedes!”. Expresó luego extrañeza por el embate verbal del panista. “No es su tono habitual, señor gobernador, a lo mejor le mandaron por ahí una tarjeta”.

Fue obvio que Adame leía sus señalamientos en hojas que le hacían llegar los muchos asesores gubernamentales presentes ayer en Xicoténcatl. Aún así, tanto Adame como el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, pasaron apuros para defender la propuesta del gobierno, sobre todo este último, a quien el senador del PRD Pablo Gómez refutó la afirmación de que Pemex no cuenta con recursos para construir refinerías, y la insistencia de que no se requiere una consulta nacional, porque para eso está el debate.

Gómez le dijo: “Lamento mucho su ignorancia, porque es usted un gobernador y no tiene excusa”, y luego dio una serie de cifras; después agregó que a lo mejor al gobierno de Guanajuato “puede que le toque algo de excedentes petroleros, por la arenga que acaba de pronunciar defendiendo la constitucionalidad de un proyecto inconstitucional”.

Desde su lugar, Oliva trataba de sonreír ante la andanada de Gómez, quien no perdió oportunidad de recordarle que “nadie tiene derecho a decir que por encima del pueblo están los representantes populares”.

Oliva parecía estar en un mitin y no en un debate. Así increpó a Ebrard: “¿Dónde estaban hace 20 años los que dicen oponerse a esta medida? ¿En qué trinchera política?”

El jefe de Gobierno respondió: “Señor gobernador Oliva, hace 20 años estaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y los reto a ustedes a que, en toda mi carrera política, mi servicio público, me digan cuándo apoyé la privatización del sector petrolero o cuándo he hecho algo en mi vida que no coincida con lo que hoy digo y sostengo. La iniciativa de Calderón es un error histórico y hay que consultar al pueblo”.

Hasta el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, abonó a la causa de Ebrard, al expresar que no es vergüenza haber militado en el PRI. Hace 20 años, agregó el veracruzano, “yo era correligionario de Marcelo Ebrard y espero que sigamos coincidiendo en muchas trincheras”.

Herrera no logró colocar su propuesta en el centro del debate, excepto por una intervención casi al final del senador de Convergencia José Luis Lobato, quien respaldó “totalmente” el que los gobiernos estatales puedan explotar pozos abandonados.

Los panistas insistieron en confrontar a Ebrard, al que acusaron de futurismo político, de pedir imposibles, de descalificar al Legislativo y hasta de incongruencia, ya que, según Oliva, el jefe de Gobierno se opone a la reforma a la Constitución para abrir Pemex al capital privado, pero propone un “referendo, que es inconstitucional”.

Ebrard le aclaró que no habló de referendo y que el 27 de julio próximo lo que se llevará a cabo en la ciudad de México es una consulta popular, que sí está prevista en la Constitución. Se incluyó luego “entre esos individuos que buscan lo imposible. Si el general Lázaro Cárdenas no hubiera buscado lo imposible, hoy no tendríamos el petróleo”.

Explicó que se trata de una consulta indispensable, que no va contra el decoro del Congreso, toda vez que las consecuencias de la reforma a Pemex son de tal magnitud que requieren de un acuerdo nacional expresado por la mayoría de los mexicanos.

El también perredista gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, aclaró que tanto en su entidad –donde sí está previsto– como en el Distrito Federal, es absolutamente constitucional llevar a cabo una consulta popular. El artículo 26 de la Carta Magna “faculta al Ejecutivo a utilizar estas formas, lo que sucede es que no ha habido ningún presidente (que lo haga), a diferencia de algunos gobernadores que sí han promovido la participación ciudadana como el plebiscito y el referendo”.

Andanada legislativa
En su turno, los legisladores del PAN se fueron también contra Ebrard. El senador Gustavo Madero aludió al “síndrome del mesías tropical”, que, dijo, es contagioso; su compañero Rubén Camarillo insistió en que el propio Lázaro Cárdenas, luego de la expropiación petrolera, planteó la participación privada.

Camarillo acusó a Ebrard de “ponerse una máscara” al asumir una actitud “antiprivatizadora” en la industria petrolera, pero publicar en la gaceta oficial del Distrito Federal reglas para alianzas estratégicas con la iniciativa privada.

El jefe de Gobierno le aclaró: “Yo no vine aquí a afirmar que el sector privado sea excluido de toda la economía”, sino a señalar el desacuerdo con la intención de privatizar Pemex a través de una ley secundaria.

El debate se acortó ayer, ya que el presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida, anunció que no habría réplica en el caso de los legisladores.

Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 30 de mayo.


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