El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, relacionó la salida del País de Amerigo Incalcaterra con los fondos que, por un millón de dólares, pretende entregar EU a la representación del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.
"Entre las propuestas del Plan Mérida, se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer. ¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso, sino, además, ilegal?", señaló.
El ombudsman entró en comunicación con REFORMA luego de que se difundiera la carta que envió a la alta comisionada de la ONU, Louise Arbour, para cuestionar algunas acciones de Incalcaterra que provocaron su salida del País y optó por entregar un artículo que se publica en páginas interiores de este periódico.
"Diversos grupos de presión, en México y en EU, han insistido en condicionar la cooperación financiera bilateral contra el crimen organizado mediante el establecimiento de acciones de monitoreo, supervisión y certificación en materia de derechos humanos. Al igual que ocurrió con el Plan Colombia, los cuantiosos recursos financieros puestos en juego atrajeron múltiples intereses políticos y económicos, legítimos y no", establece Soberanes.
El martes, de gira por Durango, Soberanes justificó la salida del funcionario internacional de México.
"Eso explica el coraje de Incalcaterra cuando le dijeron que se fuera: ya no iba a disfrutar de ese millón de dólares, y por eso se agarraba de uñas y dientes", comentó.
"Entre las propuestas del Plan Mérida, se menciona la asignación de fondos de Estados Unidos, por el equivalente a un millón de dólares, a la oficina en México del alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para distribuirlos prácticamente a discreción, conforme a criterios que hasta ahora no han sido dados a conocer. ¿Cuál sería la base jurídica para que organizaciones privadas asuman de ese modo un papel no sólo peligroso, sino, además, ilegal?", señaló.
El ombudsman entró en comunicación con REFORMA luego de que se difundiera la carta que envió a la alta comisionada de la ONU, Louise Arbour, para cuestionar algunas acciones de Incalcaterra que provocaron su salida del País y optó por entregar un artículo que se publica en páginas interiores de este periódico.
"Diversos grupos de presión, en México y en EU, han insistido en condicionar la cooperación financiera bilateral contra el crimen organizado mediante el establecimiento de acciones de monitoreo, supervisión y certificación en materia de derechos humanos. Al igual que ocurrió con el Plan Colombia, los cuantiosos recursos financieros puestos en juego atrajeron múltiples intereses políticos y económicos, legítimos y no", establece Soberanes.
El martes, de gira por Durango, Soberanes justificó la salida del funcionario internacional de México.
"Eso explica el coraje de Incalcaterra cuando le dijeron que se fuera: ya no iba a disfrutar de ese millón de dólares, y por eso se agarraba de uñas y dientes", comentó.
Reforma, 30 de mayo.
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