Los pozos petroleros cerrados en Veracruz, detalló el gobernador Herrera, permitirían producir 18.2 millones de barriles de petróleo al año, lo que a precios actuales significa más de mil 800 millones de dólares.
El mandatario panista de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, coincidió con ello y propuso “una gran alianza de gobernadores” para que “parte significativa de la riqueza de Pemex se quede en los estados”.
Oliva planteó para ello ampliar de 0.46 a 2 por ciento la participación de los derechos ordinarios sobre hidrocarburos, y que de ello uno por ciento sea para las entidades petroleras y otro uno por ciento para las que dentro de su territorio tengan infraestructura petrolera y petroquímica.
Aunque hubo coincidencia entre los mandatarios priístas y panistas en participar en el negocio petrolero, en caso de que se dé la apertura, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, criticó la propuesta de Calderón, ya que, resaltó, “conserva un tono centralista sobre la política energética”.
Argumentó que no incluye una perspectiva con mayor alcance regional, y tampoco plantea ninguna medida para fortalecer la posición de los estados en la materia, ni siquiera para subsanar “las externalidades negativas” que produce la explotación de los hidrocarburos.
El mandatario tamaulipeco resaltó que la reforma a Pemex debe contener tres restricciones: “La primera y más importante es mantener la renta petrolera en poder del Estado mexicano; es preciso establecer una negativa firme a la celebración de contratos de riesgo, y garantizar que los recursos participables a estados y municipios no sean afectados”.
Al participar en el sexto foro de debate de la reforma de Pemex, con el tema “La importancia del sector energético en el desarrollo nacional y regional”, el gobernador veracruzano, Fidel Herrera, precisó que la “tercera vía” revierte la incongruencia de los estados ricos en energéticos, pero que padecemos grandes pasivos sociales”.
Dijo que su planteamiento permite la creación de nuevos mecanismos que, “con respeto estricto a la Constitución”, permitan asociar mediante contratos de servicios a las entidades federativas productoras y a Pemex”.
Insistió: “Nuestra vía” propone crear entidades públicas de servicios de orden paraestatal, que concurran a las actividades de la cadena productiva, en asociación regulada con las propias subsidiarias de Pemex.
Aquí, subrayó Herrera, “no se trata de traer del exterior a los monopolios en materia energética, sino incentivar y atraer al capital nacional bajo un sistema regulatorio claro y transparente”. El objetivo, dijo, es “hacer que los gobiernos participen dentro de las reglas permitidas por la Constitución en la exploración y explotación de los yacimientos que han madurado como producto de una evolución de millones de años, y que en la actualidad no son objeto de atención prioritaria”.
En todo el territorio nacional, dijo, se localizan 5 mil 421 pozos en producción y desarrollo, y más de 5 mil pozos marginales cerrados, entre mucha otra infraestructura petrolera, que pueden ser explotados por los estados.
A su vez, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, hizo un llamado: “Formemos una gran alianza de gobernadores en torno a la aplicación de los recursos provenientes de Pemex, de todos los estados petroleros y no petroleros, refinadores y no refinadores, y sobre todo, de aquellas entidades más necesitadas de infraestructura para su desarrollo”.
Propuso la creación de un fondo para el desarrollo regional y la competitividad, que se constituya con un porcentaje de los ingresos que se generen cada año; dicho fondo se destinará a la inversión en infraestructura para el desarrollo integral, y para ello planteó una reforma a la Ley Federal de Derechos, “donde se incorporen los fondos referidos”.
De esos fondos, aseveró el gobernador Oliva, “ni un centavo para el gasto corriente y programas paliativos que no resuelven de raíz el problema de la pobreza y del desarrollo económico; que los estados podamos ejercer nuestro derecho para exigir el resarcimiento del daño ambiental provocado por la contaminación de las refinerías y demás instalaciones de Pemex”.
A su vez, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, se sumó a la iniciativa de Herrera Beltrán e insistió en que los priístas consideran “insuficientes los términos planteados por el Ejecutivo federal, tanto para los estados petroleros como para los no petroleros”.
Mientras, el gobernador de Morelos, el panista Marco Antonio Adame Castillo, propuso incluir en la reforma fórmulas más precisas que corrijan la asimetría del desarrollo entre las entidades federativas, con ánimo de auténtico federalismo, que debe atender a todos los estados sin distingo; debe ser equitativo en la distribución de la renta petrolera y propiciar el equilibrio y sustentabilidad energética”.
Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 30 de mayo.
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