Planteó que aun cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señala que el gobierno federal no ha planteado la reforma laboral, el subsecretario Álvaro Castro ya adelantó los lineamientos generales de lo que buscaría el gobierno federal con este proyecto; además, Javier Lozano aseguró que esta administración quiere modificar la Ley Federal del Trabajo y se ha filtrado información de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que revela que esta organización ha participado en la discusión de un proyecto de esta naturaleza.
Es decir, dijo, todo indica que este gobierno irá por su reforma laboral, ha hecho propuestas para una eventual iniciativa y lo que se ha dejado ver es que afectará puntos fundamentales de la Ley Federal del Trabajo, por lo que “no deberíamos quedarnos sólo en el análisis del proyecto, sino incluso recuperar una serie de propuestas, los movimientos de lucha y, sobre todo, las campañas que se han emprendido en materia laboral en este sexenio”.
Por ejemplo, se tiene que recuperar la campaña por un salario justo y remunerador que se llevó a cabo el año pasado en el país y a nivel internacional, así como la campaña contra los contratos de protección; la de la libertad y la democracia sindical, y otras que se emprendieron hace meses y que se tendrían que revivir, porque se están afectando los derechos laborales con la política de este régimen, sostuvo Luján.
También comentó es muy importante que se aproveche la coyuntura de la defensa del petróleo para conectar la de los derechos laborales, ya que al menos la supuesta propuesta de la STPS que se filtró en semanas pasadas hace cambios a distintos artículos de la LFT que limitarían aún más tres derechos básicos de los trabajadores, como es el de huelga, ya que se inventan nuevas causas para que se declaren inexistentes estos movimientos.
Hizo referencia a tres puntos del supuesto documento filtrado de la dependencia: la libertad de asociación, el derecho de huelga y la contratación colectiva, que significarían cambios a por lo menos tres artículos –387, 899 A y 899 C– y que determinan más requisitos para la firma de un contrato colectivo y más trabas para la formación de un nuevo sindicato, los cuales, además, son más riesgosos, ya que se plantea que se debe entregar una lista con los nombres y firmas de los solicitantes, facilitando así el despido de los trabajadores antes de poder organizarse.
Por ello, de presentarse la iniciativa como ha dejado entrever el gobierno calderonista, significaría serios retrocesos para la Ley Federal del Trabajo y para los derechos del sector laboral mexicano, remató Bertha Luján.
Patricia Muñoz Ríos, La jornada, 30 de mayo.
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