El embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, aclaró que no es intención de los legisladores de su país que el gobierno de George W. Bush “certifique” las acciones que realiza México contra el narcotráfico, ni es condición para aprobar la Iniciativa Mérida.
Las peticiones de información y análisis de diputados y senadores –“que son, entendiblemente, un punto de discusión en México”– forman parte del proceso de seguimiento que de manera rutinaria lleva a cabo el Congreso estadunidense, señaló el diplomático. Subrayó que el problema del narcotráfico y la inseguridad en la frontera es compartido por ambos países y requiere de una solución igualmente compartida.
En un mensaje difundido ayer, puntualizó que la Iniciativa Mérida es resultado del reconocimiento de Estados Unidos de su responsabilidad y expresión de su deseo de ampliar la cooperación con México y Centroamérica para combatir esa amenaza común.
La declaración de Garza se dio un día después de que el presidente Felipe Calderón señaló ante gobernadores fronterizos que en la batalla que libra su gobierno contra el crimen organizado todos los días mueren policías mexicanos, mientras en el país vecino está el mercado de droga más grande del mundo. Por eso, dijo, tanto México como Estados Unidos deben incrementar sus esfuerzos para erradicar ese mal.
El mismo jueves, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, calificó de preocupantes e inaceptables las condiciones que impuso el Senado estadunidense para enviar dinero a México como parte de la Iniciativa Mérida.
Sin hacer referencia a los comentarios de los funcionarios mexicanos, el embajador Garza enfatizó que la autorización en las cámaras de Representantes y de Senadores sobre la iniciativa que plantea el envío de dinero a México para ampliar la cooperación de Estados Unidos demuestra “el consenso de que México no debe enfrentar solo la amenaza que representan los cárteles de las drogas ilegales.
Las drogas, las armas y otros bienes ilícitos, dijo, son una plaga para ambos países. “Gente inocente es asesinada debido a que los cárteles pelean por territorio en México de la misma manera que las pandillas de narcotraficantes se disputan las ciudades en Estados Unidos. La drogadicción destruye familias en ambos lados de la frontera. Los criminales atacan a los oficiales de la ley y minan la seguridad en nuestros dos países. Las enormes ganancias de este comercio ilícito se usan para socavar el imperio de la ley en ambos países.”
El embajador reconoció que “el negocio de las drogas alimenta el apetito por narcóticos en los Estados Unidos y crea una demanda de armas en México. Es un problema compartido y se le debe dar una solución compartida”.
Al referirse a la discusión legislativa sobre la Iniciativa Mérida, comentó que algunos de los integrantes del Congreso de su país expresaron diferentes opiniones sobre la mejor manera de lograr la victoria en la lucha contra el crimen organizado.
Ambas Cámaras, recordó, se refirieron a la necesidad de dar seguimiento a las acciones que se emprenden en México para evitar violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, entre otros temas.
Garza enfatizó que las peticiones de información y análisis son rutinarias en el proceso legislativo de su país y “no significa de ninguna manera, que se exija que los Estados Unidos ‘certifiquen’ el comportamiento o rendimiento de México”.
Destacó que falta la mitad del proceso legislativo, por lo que habrá oportunidades de discutir y aportar ideas que podrán incorporarse a la propuesta final, además de que ésta es la primera de una serie de entregas económicas que comprende la Iniciativa Mérida, durante varios años por un total de mil 400 millones de dólares.
Las peticiones de información y análisis de diputados y senadores –“que son, entendiblemente, un punto de discusión en México”– forman parte del proceso de seguimiento que de manera rutinaria lleva a cabo el Congreso estadunidense, señaló el diplomático. Subrayó que el problema del narcotráfico y la inseguridad en la frontera es compartido por ambos países y requiere de una solución igualmente compartida.
En un mensaje difundido ayer, puntualizó que la Iniciativa Mérida es resultado del reconocimiento de Estados Unidos de su responsabilidad y expresión de su deseo de ampliar la cooperación con México y Centroamérica para combatir esa amenaza común.
La declaración de Garza se dio un día después de que el presidente Felipe Calderón señaló ante gobernadores fronterizos que en la batalla que libra su gobierno contra el crimen organizado todos los días mueren policías mexicanos, mientras en el país vecino está el mercado de droga más grande del mundo. Por eso, dijo, tanto México como Estados Unidos deben incrementar sus esfuerzos para erradicar ese mal.
El mismo jueves, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, calificó de preocupantes e inaceptables las condiciones que impuso el Senado estadunidense para enviar dinero a México como parte de la Iniciativa Mérida.
Sin hacer referencia a los comentarios de los funcionarios mexicanos, el embajador Garza enfatizó que la autorización en las cámaras de Representantes y de Senadores sobre la iniciativa que plantea el envío de dinero a México para ampliar la cooperación de Estados Unidos demuestra “el consenso de que México no debe enfrentar solo la amenaza que representan los cárteles de las drogas ilegales.
Las drogas, las armas y otros bienes ilícitos, dijo, son una plaga para ambos países. “Gente inocente es asesinada debido a que los cárteles pelean por territorio en México de la misma manera que las pandillas de narcotraficantes se disputan las ciudades en Estados Unidos. La drogadicción destruye familias en ambos lados de la frontera. Los criminales atacan a los oficiales de la ley y minan la seguridad en nuestros dos países. Las enormes ganancias de este comercio ilícito se usan para socavar el imperio de la ley en ambos países.”
El embajador reconoció que “el negocio de las drogas alimenta el apetito por narcóticos en los Estados Unidos y crea una demanda de armas en México. Es un problema compartido y se le debe dar una solución compartida”.
Al referirse a la discusión legislativa sobre la Iniciativa Mérida, comentó que algunos de los integrantes del Congreso de su país expresaron diferentes opiniones sobre la mejor manera de lograr la victoria en la lucha contra el crimen organizado.
Ambas Cámaras, recordó, se refirieron a la necesidad de dar seguimiento a las acciones que se emprenden en México para evitar violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, entre otros temas.
Garza enfatizó que las peticiones de información y análisis son rutinarias en el proceso legislativo de su país y “no significa de ninguna manera, que se exija que los Estados Unidos ‘certifiquen’ el comportamiento o rendimiento de México”.
Destacó que falta la mitad del proceso legislativo, por lo que habrá oportunidades de discutir y aportar ideas que podrán incorporarse a la propuesta final, además de que ésta es la primera de una serie de entregas económicas que comprende la Iniciativa Mérida, durante varios años por un total de mil 400 millones de dólares.
Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, 31 de mayo.
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