Avalan ONG candados en la Iniciativa Mérida

Organizaciones civiles avalaron ayer los "candados" planteados por el Congreso de Estados Unidos, en materia de protección de los derechos humanos, para el otorgamiento de recursos a México en el marco de la Iniciativa Mérida.

En una carta dirigida a David R. Obey y Nita M. Lowey, integrantes del Comité de Gastos de la Cámara de Representantes de EU, se pronunciaron porque el gobierno mexicano establezca un mecanismo independiente, con representación de la sociedad civil, para monitorear los programas de combate al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado.

"Comprendemos la gravedad que significa la violencia que en los últimos meses se ha desatado con motivo de la lucha que el gobierno federal ha emprendido contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; sin embargo, amplios sectores de la sociedad civil han cuestionado las políticas actuales en la materia debido al preocupante número de violaciones a los derechos humanos que se han presentado", señalaron la sección mexicana de Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, entre otros.

Advirtieron que tanto los cuerpos policiales y militares como el sistema judicial tienen una larga historia de abusos contra los derechos humanos, que incluye la detención arbitraria, la tortura, la creación de evidencias falsas y violación a los estándares internacionales del debido proceso.

Las 25 organizaciones que suscriben la carta demandaron que, en el marco de la Iniciativa Mérida, se garantice que los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos por parte del personal militar sean transferidos al sistema civil de procuración e impartición de justicia.

"La falta de imparcialidad e independencia de los tribunales de justicia militar ha asegurado una casi total impunidad para los oficiales militares acusados de violaciones a los derechos humanos", indicaron.

Ni el Congreso ni la sociedad civil en México, reprocharon, han participado en la toma de decisiones en el proceso de la Iniciativa Mérida.

Consideraron oportuna, sin embargo, la colaboración estadounidense en temas de seguridad, particularmente en el establecimiento de mayores controles para regular la venta de armas.

"El Congreso de los Estados Unidos tiene ahora la responsabilidad de clarificar las expectativas de este proyecto de cooperación. El fortalecimiento de mecanismos eficientes que garanticen un respeto pleno a los derechos humanos debe ser el centro de toda propuesta si realmente quiere ser un acto de colaboración entre países con preocupaciones comunes", remarcaron.




Demandas

Organizaciones civiles mexicanas plantearon que la Iniciativa Mérida incluya compromisos para que:

· Se establezca en México un mecanismo independiente, con representación de la sociedad civil, para monitorear los programas de combatir al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado.

· Asegurar que se transfieran al sistema civil de procuración e impartición de justicia los casos de violaciones de los derechos humanos por parte de personal militar.

· Cumplir la prohibición sobre el uso de testimonios obtenidos a través de la tortura o maltrato.

Reforma, 30 de mayo.



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