La última versión del protecto plantea acortar los tiempos de estancia de los extranjeros indocumentados en las estaciones migratorias y establecer condiciones mínimas de salud, alimentación y respeto a los derechos humanos.
Karina Arias, representante de Sin Fronteras, una de las organizaciones civiles que participaron en el proceso de elaboración del proyecto, explicó que en diciembre de 2007, las ONG y el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Migratorios, Florencio Salazar, llegaron a diversos acuerdos.
"Incluían cuestiones como retirar la toma de fotografía y huellas a los visitantes, y mayor apertura a la entrada de los abogados", apuntó.
Luego de los acuerdos, explicó, los cambios tendrían que haber pasado al jurídico de la Segob, para que, después de su revisión, continuara el proceso en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Cofemer).
"Lo último que nosotros tenemos es ese acuerdo con la subsecretaría y el siguiente paso sería verlo con el jurídico, pero no tenemos información hasta ahora sobre en qué etapa está dentro de la Segob", indicó.
Arias denunció que mientras el proceso de expedición de las normas se encuentra frenado se continúan registrando diversas violaciones a los derechos humanos de los indocumentados detenidos en las estaciones migratorias.
Los abogados de Sin Fronteras y de la Clínica de Interés Público del ITAM, señaló, siguen sin poder acceder a las estaciones para ver a sus representados,.
Pese a que la Segob no ha dado respuesta, Sin Fronteras espera que la aprobación del anteproyecto se realice a la brevedad posible.
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