El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, presentó la acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto sin informar ni tomar en cuenta la opinión de los integrantes del Consejo Consultivo de la comisión, reveló Juliana González Valenzuela, quien añadió que cinco de los diez consejeros consideran que la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es constitucional y que el análisis del tema debe manejarse con criterio laico y sin consideraciones políticas.
En la cuarta audiencia pública que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este tema en la que hablaron quienes están por la constitucionalidad de la interrupción del embarazo, el dirigente del Partido Socialdemócrata (PSD), Alberto Begné criticó que Soberanes haya actuado “animado por sus creencias personales”, lo que va en contra de la laicidad de nuestro orden constitucional.
En alusión directa a la postura asumida por el ombudsman nacional, Begné añadió que el debate “nada tiene que ver con creencias religiosas o las cuestiones morales que, en el marco de un Estado laico, son inherentes al ámbito de las garantías individuales”. A su vez, Juan Antonio Cruz Parcero, director de la revista Isonomía, criticó que los argumentos que esgrimen la PGR y la CNDH estén influenciados “por un dogmatismo religioso”, ya que conciben el derecho a la vida como un derecho superior a las demás garantías fundamentales, lo cual es contrario a la Constitución.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, Leticia Quezada, dijo que es preocupante e indignante que visiones “reduccionistas y misóginas” como las expresadas por los titulares de la PGR (Eduardo Medina Mora) y la CNDH, pretendan frenar el reconocimiento jurídico de los derechos reproductivos y de salud de las mujeres capitalinas.
Una de las razones que impulsaron las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del Distrito Federal para despenalizar el aborto fue precisamente para garantizar, en igualdad de condiciones, el acceso a la salud y a la vida de las mujeres que por razones de exclusión social y pobreza no contaban con los elementos necesarios para ejercer de manera libre y responsable su derecho a decidir, apuntó.
Ante nueve ministros –faltaron Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel–, Juliana González destacó a su vez que, hablaba en nombre de cinco consejeros, incluida ella, que no comparten la visión de Soberanes sobre este asunto. Evidenció a Soberanes al señalar que éste ni siquiera les informó que interpondría la acción de inconstitucionalidad en contra de la despenalización del aborto y añadió que ella junto con Jorge Serrano Migallón, Ricardo Pozas Horcasitas, Paulette Dieterlen y Miguel Carbonell consideraron que era importante deslindarse de la postura asumida por Soberanes.
Pero nada comentó sobre la postura de los otros integrantes del Consejo que son Joaquín López Dóriga, Héctor Fix Zamudio, Miriam Cárdenas Cantú, Graciela Rodríguez Ortega y María Patricia Kurckzyn.
Al igual que otros participantes (en total fueron 15), González sostuvo que el aborto es un tema controvertido, porque hasta la fecha, no está definido por ejemplo, cuándo inicia la vida humana. También coincidió en exhortar a los ministros a que no se abstraigan de las condiciones reales de las mujeres que recurren al aborto como última opción, particularmente de aquellas que lo hacen en situaciones de pobreza y de marginación.
Fátima Juárez, quien habló en nombre de un grupo de investigadores del Colegio de México, destacó que la despenalización del aborto reduce las tasas de legrados lo cual en su momento ocurrirá en el Distrito Federal, además destacó que el gobierno capitalino impulsa también una campaña de prevención y uso de métodos anticonceptivos para disminuir los legrados legales.
Aseguró que una investigación de campo a cargo de Population Council-México realizada en abril pasado, indica que 66 por ciento de la población considera que la nueva ley evita que mujeres recurran a abortos clandestinos e inseguros, y a la pregunta de si la Corte debe validar dicha ley, 65 por ciento voto que se debe mantener, 12 por ciento no tenía opinión y el resto estaba en contra de la legislación.
Por otra parte, se presentó fray Julián Crusalta de Magdala, Instituto de Asistencia Integral, quien sostuvo que la Iglesia ha entendido que en cuestiones que tienen que ver con las libertades, se debe respetar la Constitución y añadió que Santo Tomás de Aquino decía que a veces hay que elegir de entre dos males, el menos peor.
En la cuarta audiencia pública que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este tema en la que hablaron quienes están por la constitucionalidad de la interrupción del embarazo, el dirigente del Partido Socialdemócrata (PSD), Alberto Begné criticó que Soberanes haya actuado “animado por sus creencias personales”, lo que va en contra de la laicidad de nuestro orden constitucional.
En alusión directa a la postura asumida por el ombudsman nacional, Begné añadió que el debate “nada tiene que ver con creencias religiosas o las cuestiones morales que, en el marco de un Estado laico, son inherentes al ámbito de las garantías individuales”. A su vez, Juan Antonio Cruz Parcero, director de la revista Isonomía, criticó que los argumentos que esgrimen la PGR y la CNDH estén influenciados “por un dogmatismo religioso”, ya que conciben el derecho a la vida como un derecho superior a las demás garantías fundamentales, lo cual es contrario a la Constitución.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, Leticia Quezada, dijo que es preocupante e indignante que visiones “reduccionistas y misóginas” como las expresadas por los titulares de la PGR (Eduardo Medina Mora) y la CNDH, pretendan frenar el reconocimiento jurídico de los derechos reproductivos y de salud de las mujeres capitalinas.
Una de las razones que impulsaron las reformas a la Ley de Salud y al Código Penal del Distrito Federal para despenalizar el aborto fue precisamente para garantizar, en igualdad de condiciones, el acceso a la salud y a la vida de las mujeres que por razones de exclusión social y pobreza no contaban con los elementos necesarios para ejercer de manera libre y responsable su derecho a decidir, apuntó.
Ante nueve ministros –faltaron Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel–, Juliana González destacó a su vez que, hablaba en nombre de cinco consejeros, incluida ella, que no comparten la visión de Soberanes sobre este asunto. Evidenció a Soberanes al señalar que éste ni siquiera les informó que interpondría la acción de inconstitucionalidad en contra de la despenalización del aborto y añadió que ella junto con Jorge Serrano Migallón, Ricardo Pozas Horcasitas, Paulette Dieterlen y Miguel Carbonell consideraron que era importante deslindarse de la postura asumida por Soberanes.
Pero nada comentó sobre la postura de los otros integrantes del Consejo que son Joaquín López Dóriga, Héctor Fix Zamudio, Miriam Cárdenas Cantú, Graciela Rodríguez Ortega y María Patricia Kurckzyn.
Al igual que otros participantes (en total fueron 15), González sostuvo que el aborto es un tema controvertido, porque hasta la fecha, no está definido por ejemplo, cuándo inicia la vida humana. También coincidió en exhortar a los ministros a que no se abstraigan de las condiciones reales de las mujeres que recurren al aborto como última opción, particularmente de aquellas que lo hacen en situaciones de pobreza y de marginación.
Fátima Juárez, quien habló en nombre de un grupo de investigadores del Colegio de México, destacó que la despenalización del aborto reduce las tasas de legrados lo cual en su momento ocurrirá en el Distrito Federal, además destacó que el gobierno capitalino impulsa también una campaña de prevención y uso de métodos anticonceptivos para disminuir los legrados legales.
Aseguró que una investigación de campo a cargo de Population Council-México realizada en abril pasado, indica que 66 por ciento de la población considera que la nueva ley evita que mujeres recurran a abortos clandestinos e inseguros, y a la pregunta de si la Corte debe validar dicha ley, 65 por ciento voto que se debe mantener, 12 por ciento no tenía opinión y el resto estaba en contra de la legislación.
Por otra parte, se presentó fray Julián Crusalta de Magdala, Instituto de Asistencia Integral, quien sostuvo que la Iglesia ha entendido que en cuestiones que tienen que ver con las libertades, se debe respetar la Constitución y añadió que Santo Tomás de Aquino decía que a veces hay que elegir de entre dos males, el menos peor.
Jesús Aranda, La Jornada, 31 de mayo.
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