La propuesta de Marcelo Ebrard referente a impulsar una consulta popular en torno de la reforma energética provocó controversia entre diputados de PAN, PRD y PRI. Mientras Diódoro Carrasco, del PAN, acusó a Ebrard y a los perredistas de pretender alargar hasta septiembre próximo la discusión energética y con ello impedir la aprobación de la reforma, el PRD argumentó que jurídicamente sí es posible la consulta, porque los legisladores federales no consideraron en sus plataformas electorales la aprobación de la reforma energética y, por tanto, es necesario abrir a la sociedad la determinación sobre el tema.
El PRI adujo que no existe en la ley la figura de consulta popular, referéndum o plebiscito para cumplir la propuesta de Ebrard. Sin embargo, no descartó la posibilidad legal de concretar un ejercicio de tal magnitud.
Por su parte, el presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, anunció que ese partido respalda la propuesta de Ebrard, y este fin de semana, en el Consejo Nacional, se propondrá respaldar la iniciativa para que sea el IFE el encargado de organizar la consulta.
A su vez, Diódoro Carrasco, ex gobernador de Oaxaca por el PRI y ahora diputado blanquiazul, descalificó la iniciativa del gobernante de la capital del país.
“Creo que claramente forma parte de una estrategia política que no es nueva. Es un interés y una intención, sin duda, de que una vez que termine el debate de 71 días, ahora se prolongue con un referéndum que, independientemente de que no esté previsto, si hubiera un acuerdo político se puede hacer, pero me parece que forma parte de una estrategia de alargar, empantanar y entrampar los tiempos con septiembre y con el próximo periodo legislativo.
“Creo que en el Senado tomaron un acuerdo muy importante, que es escuchar todas las voces. Ésa es la responsabilidad que sigue; me parece que cubierta esa fase importante de opiniones lo que sigue es ponernos a legislar y la legislación se construye estableciendo acuerdos, alianzas y mayorías y yo creo que eso es lo que va a ocurrir”.
Tal posición fue rebatida por Alejandro Sánchez Camacho, representante del PRD, para quien el artículo 26 constitucional es claro, ya que encomienda al Estado la organización de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Y para propiciar este encargo constitucional, el tercer párrafo del mismo artículo ordena: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”.
De tal forma, en sus plataformas electorales de 2006, tanto PRI como PAN no señalan que iban a privatizar la industria petrolera –refirió el perredista– violando el artículo 27 constitucional, por eso el Congreso de la Unión ahora tiene que preguntar a la población si está de acuerdo en la privatización del sector energético y esto sería mediante una consulta popular en cada estado de la República.
“Por lo pronto, nosotros vamos a profundizar la democracia, a poner en práctica la democracia directa por conducto de una consulta popular, y le vamos a preguntar a la gente si está de acuerdo en que se privatice la industria petrolera y si está de acuerdo que esta medida se haga violando el artículo 27 constitucional”.
“Facultad de legislar”
Sin comprometerse, César Camacho, ex gobernador priísta del estado de México, no descartó ni garantizó la realización de una consulta popular.
“La veo poco viable como figura constitucional en el corto plazo. Me parece que es algo atendible que hay que discutir. El referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular son medios directos de presión democrática ciudadana, pero el referéndum como tal, me parece que es una figura que hoy no se da. Tenemos un sistema representativo, donde nosotros, los que tenemos la facultad de legislar, tenemos la obligación no sólo jurídica, sino ética, de congruencia política elemental, de estar en contacto con la gente para no decidir sobre las rodillas y menos caprichosamente, y tampoco por consigna partidaria, sino teniendo presente qué es lo que la gente quiere.”
–¿No es un elemento que busca reventar la reforma? –preguntó un reportero.
–Hay una propuesta presidencial que no necesariamente debe ser el documento con el que dictaminemos al final y discutamos sobre el mismo; es una propuesta. Tenemos puntos de vista diferentes. El PRI lo está procesando y así lo hará saber. Espero que los demás partidos hagan lo propio y no desvíen el foco de atención. Discutamos y resolvamos.
El PRI adujo que no existe en la ley la figura de consulta popular, referéndum o plebiscito para cumplir la propuesta de Ebrard. Sin embargo, no descartó la posibilidad legal de concretar un ejercicio de tal magnitud.
Por su parte, el presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, anunció que ese partido respalda la propuesta de Ebrard, y este fin de semana, en el Consejo Nacional, se propondrá respaldar la iniciativa para que sea el IFE el encargado de organizar la consulta.
A su vez, Diódoro Carrasco, ex gobernador de Oaxaca por el PRI y ahora diputado blanquiazul, descalificó la iniciativa del gobernante de la capital del país.
“Creo que claramente forma parte de una estrategia política que no es nueva. Es un interés y una intención, sin duda, de que una vez que termine el debate de 71 días, ahora se prolongue con un referéndum que, independientemente de que no esté previsto, si hubiera un acuerdo político se puede hacer, pero me parece que forma parte de una estrategia de alargar, empantanar y entrampar los tiempos con septiembre y con el próximo periodo legislativo.
“Creo que en el Senado tomaron un acuerdo muy importante, que es escuchar todas las voces. Ésa es la responsabilidad que sigue; me parece que cubierta esa fase importante de opiniones lo que sigue es ponernos a legislar y la legislación se construye estableciendo acuerdos, alianzas y mayorías y yo creo que eso es lo que va a ocurrir”.
Tal posición fue rebatida por Alejandro Sánchez Camacho, representante del PRD, para quien el artículo 26 constitucional es claro, ya que encomienda al Estado la organización de un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Y para propiciar este encargo constitucional, el tercer párrafo del mismo artículo ordena: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”.
De tal forma, en sus plataformas electorales de 2006, tanto PRI como PAN no señalan que iban a privatizar la industria petrolera –refirió el perredista– violando el artículo 27 constitucional, por eso el Congreso de la Unión ahora tiene que preguntar a la población si está de acuerdo en la privatización del sector energético y esto sería mediante una consulta popular en cada estado de la República.
“Por lo pronto, nosotros vamos a profundizar la democracia, a poner en práctica la democracia directa por conducto de una consulta popular, y le vamos a preguntar a la gente si está de acuerdo en que se privatice la industria petrolera y si está de acuerdo que esta medida se haga violando el artículo 27 constitucional”.
“Facultad de legislar”
Sin comprometerse, César Camacho, ex gobernador priísta del estado de México, no descartó ni garantizó la realización de una consulta popular.
“La veo poco viable como figura constitucional en el corto plazo. Me parece que es algo atendible que hay que discutir. El referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular son medios directos de presión democrática ciudadana, pero el referéndum como tal, me parece que es una figura que hoy no se da. Tenemos un sistema representativo, donde nosotros, los que tenemos la facultad de legislar, tenemos la obligación no sólo jurídica, sino ética, de congruencia política elemental, de estar en contacto con la gente para no decidir sobre las rodillas y menos caprichosamente, y tampoco por consigna partidaria, sino teniendo presente qué es lo que la gente quiere.”
–¿No es un elemento que busca reventar la reforma? –preguntó un reportero.
–Hay una propuesta presidencial que no necesariamente debe ser el documento con el que dictaminemos al final y discutamos sobre el mismo; es una propuesta. Tenemos puntos de vista diferentes. El PRI lo está procesando y así lo hará saber. Espero que los demás partidos hagan lo propio y no desvíen el foco de atención. Discutamos y resolvamos.
Roberto Garduño, La Jornada, 31 de mayo.
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