El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo ayer que las condiciones impuestas por el Senado de Estados Unidos para enviar dinero al gobierno mexicano (como parte de la Iniciativa Mérida) son preocupantes y “tendrán que ser revisadas para que sean aceptables”.
Al término de una reunión entre funcionarios y gobernadores de México y Estados Unidos, el responsable de la política interna consideró que si bien la Iniciativa Mérida constituye el reconocimiento del vecino país de su responsabilidad en la solución de un problema común, como es el narcotráfico, resulta necesario precisar –durante el proceso legislativo en curso– las condiciones de la entrega de recursos.
El Comité de Gastos del Senado estadunidense aprobó la entrega de 350 millones de dólares al gobierno mexicano para el combate de la delincuencia organizada. Sin embargo, condicionó el envío a diversas reformas legales que garanticen que las unidades militares y policiacas sean ajenas a prácticas de corrupción.
Los legisladores de ese país proponen integrar también un banco de datos para someter a escrutinio la estructura de las fuerzas armadas y de las corporaciones policiacas que existen en México.
El secretario Mouriño declaró acerca de la Iniciativa Mérida: “Ya lo están discutiendo en ambas cámaras en Estados nidos y esperamos que siga esa discusión adelante (…) ahora tendrán que concluir el proceso legislativo, no sólo para definir el monto, que fue diferente entre una y otra cámara, sino también las mismas condiciones que son las que preocupan al gobierno mexicano y que tendrán que ser, insisto, revisadas para que sean aceptables”.
Sigiloso encuentro con los gobernadores fronterizos
El encuentro, realizado en el Club de Industriales –ubicado en la zona de Polanco, en la ciudad de México–, fue privado y los funcionarios mexicanos evitaron invitar a los medios de comunicación; sólo la cadena Univisión fue informada acerca de la reunión.
En la reunión, los integrantes de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos solicitaron un programa integral para la atención de migrantes y recuperar un proyecto delineado el año pasado para impulsar programas comunes que agilicen el paso de personas y mercancías, pero con el apoyo de la seguridad pública federal.
Al término de una reunión entre funcionarios y gobernadores de México y Estados Unidos, el responsable de la política interna consideró que si bien la Iniciativa Mérida constituye el reconocimiento del vecino país de su responsabilidad en la solución de un problema común, como es el narcotráfico, resulta necesario precisar –durante el proceso legislativo en curso– las condiciones de la entrega de recursos.
El Comité de Gastos del Senado estadunidense aprobó la entrega de 350 millones de dólares al gobierno mexicano para el combate de la delincuencia organizada. Sin embargo, condicionó el envío a diversas reformas legales que garanticen que las unidades militares y policiacas sean ajenas a prácticas de corrupción.
Los legisladores de ese país proponen integrar también un banco de datos para someter a escrutinio la estructura de las fuerzas armadas y de las corporaciones policiacas que existen en México.
El secretario Mouriño declaró acerca de la Iniciativa Mérida: “Ya lo están discutiendo en ambas cámaras en Estados nidos y esperamos que siga esa discusión adelante (…) ahora tendrán que concluir el proceso legislativo, no sólo para definir el monto, que fue diferente entre una y otra cámara, sino también las mismas condiciones que son las que preocupan al gobierno mexicano y que tendrán que ser, insisto, revisadas para que sean aceptables”.
Sigiloso encuentro con los gobernadores fronterizos
El encuentro, realizado en el Club de Industriales –ubicado en la zona de Polanco, en la ciudad de México–, fue privado y los funcionarios mexicanos evitaron invitar a los medios de comunicación; sólo la cadena Univisión fue informada acerca de la reunión.
En la reunión, los integrantes de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos solicitaron un programa integral para la atención de migrantes y recuperar un proyecto delineado el año pasado para impulsar programas comunes que agilicen el paso de personas y mercancías, pero con el apoyo de la seguridad pública federal.
Fabiola Martínez, La Jornada, 30 de mayo.
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