En el ejercicio y garantía de la libertad de expresión México está reprobado ya que no existen respuestas efectivas de las autoridades federales y estatales ante los crímenes cometidos contra periodistas, aseguró el director para México de la organización internacional de defensa de los derechos de comunicadores Article 19, Darío Ramírez.
El activista reveló que de 2004 a la fecha han sido asesinados 24 reporteros en el ejercicio de su labor y ocho han desaparecido, y la mayoría de esos delitos están relacionados con el crimen organizado.
Durante un homenaje al periodista Manuel Buendía –asesinado hace 24 años–, diversas organizaciones impulsoras y defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Cencos, la Fundación Manuel Buendía y Reporteros Sin Fronteras, informaron que 95 por ciento de los crímenes contra periodistas (se suman hostigamientos y amenazas) “están impunes”.
Ello debido a la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón para atender, investigar y sancionar a los responsables de las violaciones en contra de comunicadores.
El director de Article 19 –organización con sede en Londres– aseguró que en México existe un retroceso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Agregó que el menoscabo de esta garantía “es producto de la violencia que se vive en el país”, por lo que alertó que el futuro de ese derecho es “oscuro y nada alentador”.
Subrayó que son tres las instancias que han carecido de la voluntad para garantizar la libertad de expresión y prensa: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de protección a los derechos de los periodistas de la Cámara de Diputados y la fiscalía especial de la PGR para la atención de delitos al gremio.
Eréndira Cruz Villegas, relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que el gobierno calderonista tiene una deuda pendiente con ese derecho pues los crímenes contra ese sector continúan en la impunidad.
“Si callan a los periodistas también lo hacen con los ciudadanos. No podemos hablar de democracia plena sin libertad de expresión”, afirmó.
Ante ese panorama, las organizaciones exigieron a las autoridades investigar y sancionar estos crímenes, además de que se impulse una normativa para una distribución equitativa de la publicidad oficial.
El activista reveló que de 2004 a la fecha han sido asesinados 24 reporteros en el ejercicio de su labor y ocho han desaparecido, y la mayoría de esos delitos están relacionados con el crimen organizado.
Durante un homenaje al periodista Manuel Buendía –asesinado hace 24 años–, diversas organizaciones impulsoras y defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Cencos, la Fundación Manuel Buendía y Reporteros Sin Fronteras, informaron que 95 por ciento de los crímenes contra periodistas (se suman hostigamientos y amenazas) “están impunes”.
Ello debido a la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón para atender, investigar y sancionar a los responsables de las violaciones en contra de comunicadores.
El director de Article 19 –organización con sede en Londres– aseguró que en México existe un retroceso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Agregó que el menoscabo de esta garantía “es producto de la violencia que se vive en el país”, por lo que alertó que el futuro de ese derecho es “oscuro y nada alentador”.
Subrayó que son tres las instancias que han carecido de la voluntad para garantizar la libertad de expresión y prensa: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión de protección a los derechos de los periodistas de la Cámara de Diputados y la fiscalía especial de la PGR para la atención de delitos al gremio.
Eréndira Cruz Villegas, relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que el gobierno calderonista tiene una deuda pendiente con ese derecho pues los crímenes contra ese sector continúan en la impunidad.
“Si callan a los periodistas también lo hacen con los ciudadanos. No podemos hablar de democracia plena sin libertad de expresión”, afirmó.
Ante ese panorama, las organizaciones exigieron a las autoridades investigar y sancionar estos crímenes, además de que se impulse una normativa para una distribución equitativa de la publicidad oficial.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 31 de mayo.
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