Los gobernadores de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y Morelos, Marco Antonio Adame, se pronunciaron por modificar el Fondo de Extracción de Hidrocarburos para que puedan incluirse las entidades que poseen áreas de refinación, a fin de reparar los daños ambientales que generan estas actividades.
Los mandatarios se pronunciaron en favor de la iniciativa de reforma energética del gobierno federal y urgieron a aprobarla, pues de lo contrario los excedentes petroleros difícilmente llegarán a los estados como palanca de desarrollo.
Oliva Ramírez propuso crear un fondo de desarrollo regional que fije un porcentaje de lo que se genera cada año por la comercialización de hidrocarburos y se invierta en infraestructura.
Se comprometió a que estos ingresos (“cero pesos, ni un centavo”) no se destinen a gasto corriente y programas ajenos al combate a la pobreza y el desarrollo económico. En todo caso, dijo, se canalizarían a ciencia e investigación.
Oliva se pronunció también por que una parte significativa de la riqueza que genere Pemex luego de la reforma se quede en las entidades, independientemente de si tiene actividades petroleras.
“Lo que se busca es que los estados podamos ejercer nuestro derecho a exigir el resarcimiento del daño ambiental provocado por la contaminación de refinerías y demás instalaciones de Pemex.”
Contradicciones
Adame Castillo coincidió en que se modifique el Fondo de Extracción de Hidrocarburos para que puedan incluirse las entidades que realizan tareas de refinación.
Sin embargo, se pronunció en contra de la propuesta de su homólogo de incrementar el porcentaje, pues es “insensato” otorgar beneficios a regiones que no tienen actividades petroleras.
El gobernador de Morelos sostuvo que tanto los mexicanos como los estados deben gozar de los beneficios de la explotación y la distribución de la renta petrolera, pero para llegar a ese punto se requiere una empresa transparente, pues sin rendición de cuentas el esfuerzo es inútil.
Los mandatarios se pronunciaron en favor de la iniciativa de reforma energética del gobierno federal y urgieron a aprobarla, pues de lo contrario los excedentes petroleros difícilmente llegarán a los estados como palanca de desarrollo.
Oliva Ramírez propuso crear un fondo de desarrollo regional que fije un porcentaje de lo que se genera cada año por la comercialización de hidrocarburos y se invierta en infraestructura.
Se comprometió a que estos ingresos (“cero pesos, ni un centavo”) no se destinen a gasto corriente y programas ajenos al combate a la pobreza y el desarrollo económico. En todo caso, dijo, se canalizarían a ciencia e investigación.
Oliva se pronunció también por que una parte significativa de la riqueza que genere Pemex luego de la reforma se quede en las entidades, independientemente de si tiene actividades petroleras.
“Lo que se busca es que los estados podamos ejercer nuestro derecho a exigir el resarcimiento del daño ambiental provocado por la contaminación de refinerías y demás instalaciones de Pemex.”
Contradicciones
Adame Castillo coincidió en que se modifique el Fondo de Extracción de Hidrocarburos para que puedan incluirse las entidades que realizan tareas de refinación.
Sin embargo, se pronunció en contra de la propuesta de su homólogo de incrementar el porcentaje, pues es “insensato” otorgar beneficios a regiones que no tienen actividades petroleras.
El gobernador de Morelos sostuvo que tanto los mexicanos como los estados deben gozar de los beneficios de la explotación y la distribución de la renta petrolera, pero para llegar a ese punto se requiere una empresa transparente, pues sin rendición de cuentas el esfuerzo es inútil.
Nayeli González, Milenio, 30 de mayo.
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