Condenan legisladores las actividades del español Solá en nombre de México

Senadores y diputados de PRD, PRI, PT, Alternativa y Convergencia advirtieron que la cancillería y la embajada de México en España deben dar una explicación puntual sobre las actividades del español Antonio Solá, quien promociona inversión extranjera en la industria petrolera, pese a que el Congreso no ha aprobado las modificaciones legales que permitirían la entrada de capitales foráneos en el sector energético.

Exigieron a Felipe Calderón una explicación de por qué Solá actúa como promotor del gobierno, pero ante todo una postura oficial en torno a por qué el español maneja información privilegiada.

Calderón sigue los pasos de Vicente Fox, de ofrecer fuera del país negocios con el petróleo, aunque ello está prohibido en la Constitución, coincidieron los senadores Arturo Núñez y Pablo Gómez. Ambos resaltaron la falta de respeto al Congreso de la Unión, que en estos momentos analiza las cinco iniciativas calderonistas que proponen la apertura de Pemex al capital privado.

Plantear que “es casi segura la apertura de los energéticos” es considerar un simple trámite burocrático lo que es una decisión trascendente del Congreso y de la sociedad mexicanos, recalcó Nuñez.

Deploraron que el promotor de las inversiones españolas en la industria petrolera mexicana sea alguien como Solá, el autor de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2006.

Además, “es condenable que utilice ese tipo de gente para promover lo que soberanamente no decide todavía el país”, agregó Nuñez, mientras Gómez dijo que es obvio que el publicista de Calderón “anda de embajador de México en España”, ya que en el gobierno federal se actúa como si la función pública fuera una actividad “de grupo, de pandilla”.

La diputada perredista Mónica Fernández consideró que “es terriblemente denigrante” para el país que un personaje oscuro, como Solá “ofrezca al mejor postor las riquezas y los intereses de México”. Todo ello, insistió, forma parte de un sistema de corrupción y de tráfico de influencias, para beneficiar a socios y amigos.

Su compañero de bancada, Alfonso Suárez del Real, dijo que Solá no tiene ética, ya que considera la Constitución mexicana “un producto de segunda” y está utilizando de manera dolosa información privilegiada, con la autorización de Calderón.

El perredista se preguntó si las acciones de Solá son indicativas de que a pesar del rechazo popular a una reforma inconstitucional como la energética, el gobierno pretende aprobarla por la fuerza.

Por su parte, José Manuel del Río Virgen, diputado por Convergencia reprochó a Calderón haber otorgado a Solá prerrogativas para promover los intereses y sectores estratégicos de México. “Nadie puede comprometer el futuro del país y mucho menos puede asegurar que habrá reforma energética”.

Para la coordinadora de Alternativa en San Lázaro, Marina Arvizu, el gobierno debe ser muy cuidadoso, pues “ya tuvimos un desastre con el caso Mouriño; no debe aventurarse la administración federal a emitir juicios que den por hecho la aprobación de la reforma energética”.

Para Silvano Garay, diputado del PT, es paradójico “que un gobierno usurpador como el de Calderón no recurra a la ley ni a las instancias oficiales para tratar de salvar del naufragio su barco. Sería ingenuo pensar que así lo haría y, por tanto, recurre a hechos y situaciones como en la que ahora se ve involucrado el publicista Solá, que están fuera de la ley. Tanta irresponsabilidad no debería sorprendernos”.

Roberto Garduño y Andrea Becerril, La Jornada, 31 de mayo.