Durante 2007 se presentaron en México al menos 3 mil 294 violaciones a los derechos humanos de los migrantes en tránsito, sólo en la ruta centro del país, lo que demuestra la “complacencia de las autoridades” ante estos delitos, señala un informe de diversos organismos de defensa de los indocumentados.
Agrega que las agresiones contra ese sector se presentan también “por la existencia de un Estado corrupto que permite la injusticia”.
El diagnóstico, presentado ayer, precisa que las agresiones contra los migrantes se dividen en cuatro: sicológicas, físicas, sexuales y económicas, siendo éstas últimas las que más se presentan, con mil 511, debido a que el principal motivo es la corrupción y extorsión a este “vulnerable sector”.
Después están las sicológicas, con mil 266 casos; las físicas, con 475, y las sexuales, con 42, revela el Cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México: 3 mil 294 sobrevivientes de la violencia de Estado, elaborado por las organizaciones Belén, Casa del Migrante; Humanidad Sin Fronteras y Fronteras con Justicia.
En el documento se subraya que San Luis Potosí es el estado donde más se violan los derechos humanos de los indocumentados, con 337 casos; seguido por Veracruz, con 223; estado de México, 177; Chiapas, 121; Tlaxacala, 85; Tabasco, 63; Coahuila, 47; Guanajuato, 38, y Querétaro, con 32.
En el análisis, que corresponde al periodo de mayo de 2007 a febrero de 2008, se indica que las principales agresiones son extorsión, robo, secuestro, revisiones ilegales, golpes, gritos, persecuciones, lanzamiento desde trenes en movimiento, violaciones sexuales contra mujeres, tratos humillantes, amenazas, presiones sicológicas e inclusive asesinatos; además de que en 30 por ciento de los casos los agresores utilizaron armas.
Las autoridades más señaladas por los denunciantes fueron los guardias privados de las estaciones de ferrocarril, “que cuentan con el aval de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”; elementos de la Policía Federal Preventiva y de agrupaciones estatales; militares e integrantes del Instituto Nacional de Migración. En Guatemala, señalan que la Policía Nacional es la que arremete contra los migrantes.
Pedro Pantoja, director de Belén, Casa Migrante –organismo de asistencia a ese grupo en Coahuila–, denunció que las violaciones a los derechos de ese sector se presentan debido a la “complacencia de autoridades sin escrúpulos”.
Por su parte, el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mauricio Farah, advirtió que tras el análisis de este informe se puede concluir que México se ha convertido en un escenario de “dolor y abuso” para los migrantes centroamericanos.
Las ONG también acusaron que el informe se turnó a 27 autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero sólo ocho le dieron respuesta, y en la mayoría negaron las violaciones, con la excusa de que la CNDH no les ha remitido ninguna recomendación al respecto.
El caso más emblemático fue el de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense, que “negó categóricamente la comisión de delitos”.
El diagnóstico concluye que a pesar de los llamados de alerta y los constantes señalamientos a las autoridades, las violaciones a los derechos de los migrantes se presentan cada vez más y con mayor gravedad.
“México es un paso peligroso y arriesgado para los migrantes y, hasta el momento, el gobierno ha negado la posibilidad de vida y tránsito digno” para los centroamericanos indocumentados, por lo que exigieron que se investiguen los hechos y se castigue a quienes vulneren los derechos de ese sector, así como la reparación del daño.
Agrega que las agresiones contra ese sector se presentan también “por la existencia de un Estado corrupto que permite la injusticia”.
El diagnóstico, presentado ayer, precisa que las agresiones contra los migrantes se dividen en cuatro: sicológicas, físicas, sexuales y económicas, siendo éstas últimas las que más se presentan, con mil 511, debido a que el principal motivo es la corrupción y extorsión a este “vulnerable sector”.
Después están las sicológicas, con mil 266 casos; las físicas, con 475, y las sexuales, con 42, revela el Cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México: 3 mil 294 sobrevivientes de la violencia de Estado, elaborado por las organizaciones Belén, Casa del Migrante; Humanidad Sin Fronteras y Fronteras con Justicia.
En el documento se subraya que San Luis Potosí es el estado donde más se violan los derechos humanos de los indocumentados, con 337 casos; seguido por Veracruz, con 223; estado de México, 177; Chiapas, 121; Tlaxacala, 85; Tabasco, 63; Coahuila, 47; Guanajuato, 38, y Querétaro, con 32.
En el análisis, que corresponde al periodo de mayo de 2007 a febrero de 2008, se indica que las principales agresiones son extorsión, robo, secuestro, revisiones ilegales, golpes, gritos, persecuciones, lanzamiento desde trenes en movimiento, violaciones sexuales contra mujeres, tratos humillantes, amenazas, presiones sicológicas e inclusive asesinatos; además de que en 30 por ciento de los casos los agresores utilizaron armas.
Las autoridades más señaladas por los denunciantes fueron los guardias privados de las estaciones de ferrocarril, “que cuentan con el aval de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”; elementos de la Policía Federal Preventiva y de agrupaciones estatales; militares e integrantes del Instituto Nacional de Migración. En Guatemala, señalan que la Policía Nacional es la que arremete contra los migrantes.
Pedro Pantoja, director de Belén, Casa Migrante –organismo de asistencia a ese grupo en Coahuila–, denunció que las violaciones a los derechos de ese sector se presentan debido a la “complacencia de autoridades sin escrúpulos”.
Por su parte, el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Mauricio Farah, advirtió que tras el análisis de este informe se puede concluir que México se ha convertido en un escenario de “dolor y abuso” para los migrantes centroamericanos.
Las ONG también acusaron que el informe se turnó a 27 autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero sólo ocho le dieron respuesta, y en la mayoría negaron las violaciones, con la excusa de que la CNDH no les ha remitido ninguna recomendación al respecto.
El caso más emblemático fue el de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense, que “negó categóricamente la comisión de delitos”.
El diagnóstico concluye que a pesar de los llamados de alerta y los constantes señalamientos a las autoridades, las violaciones a los derechos de los migrantes se presentan cada vez más y con mayor gravedad.
“México es un paso peligroso y arriesgado para los migrantes y, hasta el momento, el gobierno ha negado la posibilidad de vida y tránsito digno” para los centroamericanos indocumentados, por lo que exigieron que se investiguen los hechos y se castigue a quienes vulneren los derechos de ese sector, así como la reparación del daño.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 30 de mayo.
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