Amnistía Internacional –secciones México y Estados Unidos– y más de una veintena de organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas enviaron una carta a legisladores estadunidenses en la que expresan su preocupación porque la asistencia que el gobierno de ese país dará a México mediante la Iniciativa Mérida agrave las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército.
En la misiva, dirigida a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, las oranizaciones no gubernamentales consideraron positivas las condiciones que en días pasados el Senado estadunidense impuso para la aprobación de la asistencia que el gobierno de George W. Bush otorgará a la administración de Felipe Calderón para el combate al crimen organizado.
AI y grupos como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y personalidades como Lydia Cacho y el general Francisco Gallardo hicieron hincapié en la necesidad que la Cámara de Representantes tome en cuenta las condiciones para evitar más violaciones a las garantías fundamentales por elementos castrenses, en el desarrollo de los operativos contra el narcotráfico.
Proponen que de aprobarse la ayuda –mil 400 millones de dólares– se exija al gobierno mexicano imponer tres candados: crear un mecanismo independiente con representación de la sociedad civil para monitorear los programas de combate al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado, “actividades relacionadas con la reforma judicial, la anticorrupción y el cumplimiento de la ley”.
Agregaron que también se demande a la administración calderonista asegurar que la justicia militar mexicana transfiera los casos relacionados con la violación de los derechos humanos por elementos del Ejército al sistema de procuración e impartición de justicia civil, y que garantice el cumplimiento de la prohibición sobre el uso de testimonios obtenidos mediante tortura o maltrato, “como se define tanto en la ley mexicana como en el derecho internacional”.
Exhortan a los legisladores estadunidenses a incluir las condicionantes, ya que “representan una medida importante para garantizar que los recursos asignados no sean utilizados para cometer abusos contra los derechos humanos en México”.
AI y el resto de las organizaciones civiles remarcaron en la carta –dirigida a David Obey y Nita Lowey, presidentes del Comité de Gastos y del Subcomité de Operaciones de ese comité, respectivamente– que “los cuerpos policiales, los militares y el sistema judicial (mexicanos) tienen una larga historia de abusos contra los derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria, la tortura, la creación de evidencias falsas y la violación de los estándares internacionales del debido proceso”.
En la misiva, dirigida a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, las oranizaciones no gubernamentales consideraron positivas las condiciones que en días pasados el Senado estadunidense impuso para la aprobación de la asistencia que el gobierno de George W. Bush otorgará a la administración de Felipe Calderón para el combate al crimen organizado.
AI y grupos como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y personalidades como Lydia Cacho y el general Francisco Gallardo hicieron hincapié en la necesidad que la Cámara de Representantes tome en cuenta las condiciones para evitar más violaciones a las garantías fundamentales por elementos castrenses, en el desarrollo de los operativos contra el narcotráfico.
Proponen que de aprobarse la ayuda –mil 400 millones de dólares– se exija al gobierno mexicano imponer tres candados: crear un mecanismo independiente con representación de la sociedad civil para monitorear los programas de combate al tráfico de drogas, la violencia y el crimen organizado, “actividades relacionadas con la reforma judicial, la anticorrupción y el cumplimiento de la ley”.
Agregaron que también se demande a la administración calderonista asegurar que la justicia militar mexicana transfiera los casos relacionados con la violación de los derechos humanos por elementos del Ejército al sistema de procuración e impartición de justicia civil, y que garantice el cumplimiento de la prohibición sobre el uso de testimonios obtenidos mediante tortura o maltrato, “como se define tanto en la ley mexicana como en el derecho internacional”.
Exhortan a los legisladores estadunidenses a incluir las condicionantes, ya que “representan una medida importante para garantizar que los recursos asignados no sean utilizados para cometer abusos contra los derechos humanos en México”.
AI y el resto de las organizaciones civiles remarcaron en la carta –dirigida a David Obey y Nita Lowey, presidentes del Comité de Gastos y del Subcomité de Operaciones de ese comité, respectivamente– que “los cuerpos policiales, los militares y el sistema judicial (mexicanos) tienen una larga historia de abusos contra los derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria, la tortura, la creación de evidencias falsas y la violación de los estándares internacionales del debido proceso”.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 30 de mayo.
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