Con 82 votos a favor se avaló la iniciativa que presentó el PRI, con lo que se asigna a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad para supervisar, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la elaboración y actualización del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Para la contratación de ese servicio se solicitará al cliente la credencial de elector, CURP o pasaporte, comprobante de domicilio y la impresión de la huella dactilar.
Las compañías telefónicas estarán obligadas a llevar un padrón separado de usuarios de líneas con plan tarifario o de prepago, así como conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada.
El objetivo es registrar la fecha, hora y duración de las llamadas, la mensajería o multimedia, cuya conservación de datos cesará a los 12 meses contados a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.
Las concesionarias estarán obligadas a mantener la confidencialidad de los datos y sólo entregarán información previa autorización judicial del Ministerio Público federal o local cuando se realicen investigaciones sobre algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada.
También deberán realizar campañas de información, sin costo adicional para los clientes, para incorporar al padrón a quienes ya cuentan con un aparato móvil en un plazo de dos años para cumplir con la ley vigente.
En caso de que los clientes no se registren se suspenderá el servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.
Para las personas morales, tendrán que registrar la razón social de la empresa y su cédula fiscal.
La iniciativa, aprobada en lo general y lo particular, se turnó a la Cámara de Diputados.
Claves
80 millones de líneas
Datos del PRI en el Senado revelan que en el país existen alrededor de 80 millones de teléfonos celulares, de los cuales 95 por ciento son del sistema de prepago.
Existen más de 700 bandas que se dedican a la extorsión por medio de un celular. Con la reforma los concesionarios tendrán que informar la ubicación física de la línea telefónica.
El usuario tendrá que reportar a la compañía la pérdida del aparato para que sea inhabilitado, porque tendría responsabilidad en caso de que se detecte que fue utilizado para algún delito.
Elba Mónica Bravo, Milenio, 26 de septiembre.
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