Al término de la primera ronda de exámenes de control de confianza aplicados a los 4 mil 200 trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM), medio centenar de ellos optaron por renunciar, 38 fueron cambiados de adscripción, 20 remitidos al Órgano Interno de Control y sólo tres fueron enviados al Ministerio Público. A estos últimos se les vincula con redes de extorsión o tráfico de personas.
El INM detectó a empleados que dieron positivo en exámenes toxicológicos pero no puede despedirlos por trabas administrativas, ya que ese tipo de pruebas antidoping no son obligatorias para obtener o conservar el empleo.
“En la administración pública no se puede, punto. Aunque alguien salga positivo en el examen toxicológico, no los puedo correr. Estamos atados de manos”, dijo Cecilia Romero Castillo, comisionada del INM.
El INM es uno de los organismos que ha recibido múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por maltrato a migrantes, pero también se ubica como una de las instancias “sensibles” del gobierno federal en que pueden cometerse actos de corrupción, principalmente por agentes migratorios que tienen la posibilidad de autorizar o negar el paso de extranjeros.
La comisionada admite los rezagos del organismo que encabeza y la dificultad de cambiar la percepción colectiva que se tiene del propio instituto, de ahí que busca mejorar la difusión de las acciones y logros alcanzados. En el interior del INM, busca ampliar la capacitación y renovar el “espíritu” de servicio, de manera especial en los mil 500 agentes registrados en la actualidad.
“Eso es una opción de mercadotecnia pura. No digo que la mercadotecnia vaya a cubrir la realidad con una capa de hipocresía, pero sí necesitamos difundir lo que se está haciendo para combatir la corrupción. Si Dios quiere, espero que para la celebración del bicentenario ya hayamos logrado esa transformación institucional”, expresó.
En junio pasado, tras el “rescate” de cubanos por un comando armado, cuando eran trasladados por personal del INM, se puso en evidencia una presunta red de corrupción que facilita el tránsito de indocumentados hacia Estados Unidos vía México.
A partir de ese hecho, fueron arraigados nueve agentes migratorios y consignados sólo dos; los otros siete regresaron a su empleo. El entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ordenó la aplicación de exámenes de control de confianza a todos los empleados del INM. En una primera etapa, realizada entre julio y agosto pasados, se aplicaron pruebas toxicológicas y registros patrimoniales.
Faltan los exámenes poligráficos y psicológicos, proceso lento debido a la carga de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sobre todo por el insuficiente número de poligrafistas disponibles.
Ante ello, el INM ha tenido que recurrir a aplicar pruebas similares “barridas” –no con la misma aproximación que da el polígrafo–, como única alternativa para medir, al momento, el nivel de confiabilidad del personal.
Aunque son confidenciales los resultados respecto del número e identidad de quienes dieron positivo o reflejaron irregularidades en su patrimonio, la comisionada Romero aseguró que están actuando en consecuencia.
Sin embargo, como se dijo anteriormente, ante la imposibilidad de cesarlos se les sugiere que presenten sus renuncias o, como segunda opción, cambiarlos de adscripción.
“Lo único que puedo decirle es: ‘oye, mira, sabes que saliste positivo, así que mejor renuncia’. Si renuncia, qué bueno, de lo contrario no lo puedo correr”, dijo. Para poder cesar a alguien por esta causa, tendría que haber cambios a la legislación laboral y los reglamentos de Gobernación.
Los exámenes al personal del INM se derivan también de los compromisos del gobierno federal, en el contexto del Acuerdo Nacional por la Seguridad. En ese sentido, el INM busca tener su propio centro de confianza, cuya operación está programada para el año próximo.
Para 2009, el INM contará con cerca de 300 millones de pesos adicionales a los que ejerció en 2008, y un avance en los ingresos derivados de los impuestos que cobra a extranjeros. Con una partida de 3 mil 800 millones de pesos se crearán al menos mil 200 plazas nuevas para fortalecer el área de capacitación.
El INM detectó a empleados que dieron positivo en exámenes toxicológicos pero no puede despedirlos por trabas administrativas, ya que ese tipo de pruebas antidoping no son obligatorias para obtener o conservar el empleo.
“En la administración pública no se puede, punto. Aunque alguien salga positivo en el examen toxicológico, no los puedo correr. Estamos atados de manos”, dijo Cecilia Romero Castillo, comisionada del INM.
El INM es uno de los organismos que ha recibido múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por maltrato a migrantes, pero también se ubica como una de las instancias “sensibles” del gobierno federal en que pueden cometerse actos de corrupción, principalmente por agentes migratorios que tienen la posibilidad de autorizar o negar el paso de extranjeros.
La comisionada admite los rezagos del organismo que encabeza y la dificultad de cambiar la percepción colectiva que se tiene del propio instituto, de ahí que busca mejorar la difusión de las acciones y logros alcanzados. En el interior del INM, busca ampliar la capacitación y renovar el “espíritu” de servicio, de manera especial en los mil 500 agentes registrados en la actualidad.
“Eso es una opción de mercadotecnia pura. No digo que la mercadotecnia vaya a cubrir la realidad con una capa de hipocresía, pero sí necesitamos difundir lo que se está haciendo para combatir la corrupción. Si Dios quiere, espero que para la celebración del bicentenario ya hayamos logrado esa transformación institucional”, expresó.
En junio pasado, tras el “rescate” de cubanos por un comando armado, cuando eran trasladados por personal del INM, se puso en evidencia una presunta red de corrupción que facilita el tránsito de indocumentados hacia Estados Unidos vía México.
A partir de ese hecho, fueron arraigados nueve agentes migratorios y consignados sólo dos; los otros siete regresaron a su empleo. El entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ordenó la aplicación de exámenes de control de confianza a todos los empleados del INM. En una primera etapa, realizada entre julio y agosto pasados, se aplicaron pruebas toxicológicas y registros patrimoniales.
Faltan los exámenes poligráficos y psicológicos, proceso lento debido a la carga de trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, sobre todo por el insuficiente número de poligrafistas disponibles.
Ante ello, el INM ha tenido que recurrir a aplicar pruebas similares “barridas” –no con la misma aproximación que da el polígrafo–, como única alternativa para medir, al momento, el nivel de confiabilidad del personal.
Aunque son confidenciales los resultados respecto del número e identidad de quienes dieron positivo o reflejaron irregularidades en su patrimonio, la comisionada Romero aseguró que están actuando en consecuencia.
Sin embargo, como se dijo anteriormente, ante la imposibilidad de cesarlos se les sugiere que presenten sus renuncias o, como segunda opción, cambiarlos de adscripción.
“Lo único que puedo decirle es: ‘oye, mira, sabes que saliste positivo, así que mejor renuncia’. Si renuncia, qué bueno, de lo contrario no lo puedo correr”, dijo. Para poder cesar a alguien por esta causa, tendría que haber cambios a la legislación laboral y los reglamentos de Gobernación.
Los exámenes al personal del INM se derivan también de los compromisos del gobierno federal, en el contexto del Acuerdo Nacional por la Seguridad. En ese sentido, el INM busca tener su propio centro de confianza, cuya operación está programada para el año próximo.
Para 2009, el INM contará con cerca de 300 millones de pesos adicionales a los que ejerció en 2008, y un avance en los ingresos derivados de los impuestos que cobra a extranjeros. Con una partida de 3 mil 800 millones de pesos se crearán al menos mil 200 plazas nuevas para fortalecer el área de capacitación.
Fabiola Martínez, La Jornada, 2 de enero.
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