En el último año se han aprobado en el país reformas legislativas que “pudieran constituirse en violencia estructural contra los derechos de las mujeres”, indicó Alberto Brunori, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Puntualizó que se deben establecer estrategias que incluyan “el acceso efectivo al servicio de aborto seguro, en las circunstancias previstas por la ley y a dar a conocer la variedad de métodos anticonceptivos, como método de concientización sobre los riesgos de la interrupción del embarazo”.
El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) le ha solicitado a los estados “armonizar la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal”
Recordó que cualquier modificación a la legislación interna de un país tendrá que realizarse en consonancia con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.
El funcionario de la ONU explicó que de acuerdo con las recomendaciones del CEDAW se le solicita a los estados que amplíen la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud reproductiva, de planificación familiar y que trate de eliminar los obstáculos para que las mujeres tengan acceso a ellos.
Brunori habló durante la presentación del libro Reparaciones con perspectiva de género, elaborado por su oficina y previo al Día Internacional de Violencia contra la Mujer, y en el contexto de la aprobación de legislaciones estatales contra el aborto.
Antes, la oficina en México del alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, en su actualización del diagnóstico de derechos humanos de las mujeres, capítulo 5, propuso que se incluyera en la Ley General de Salud el reconocimiento de las niñas y mujeres adolescentes y jóvenes, para decidir sobre su sexualidad y reproducción, incluida la decisión de interrumpir o no un embarazo.
También recomendó propiciar el debate sobre el aborto como un problema de salud pública y no como un problema ideológico, con el propósito de avanzar en la eliminación de abortos clandestinos y disminuir la mortalidad materna debido a esta causa.
Asimismo, homologar las legislaciones estatales en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hacia los estándares internacionales, incluyendo los relacionados con aborto legales.
También recomendó reglamentar en los códigos, leyes y ordenamientos administrativos, el procedimiento para acceder al aborto legal, estableciendo la obligación de las instituciones públicas de procuración de justicia y de salud de prestar los servicios que les corresponden.
La autorización
El informe del alto comisionado destaca la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de embarazo que se aprobó en el DF hace dos años.
Después de la ley de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, 17 entidades han legislado en sentido contrario y han establecido el “respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
Puntualizó que se deben establecer estrategias que incluyan “el acceso efectivo al servicio de aborto seguro, en las circunstancias previstas por la ley y a dar a conocer la variedad de métodos anticonceptivos, como método de concientización sobre los riesgos de la interrupción del embarazo”.
El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) le ha solicitado a los estados “armonizar la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal”
Recordó que cualquier modificación a la legislación interna de un país tendrá que realizarse en consonancia con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.
El funcionario de la ONU explicó que de acuerdo con las recomendaciones del CEDAW se le solicita a los estados que amplíen la cobertura de los servicios de salud, en particular la atención de la salud reproductiva, de planificación familiar y que trate de eliminar los obstáculos para que las mujeres tengan acceso a ellos.
Brunori habló durante la presentación del libro Reparaciones con perspectiva de género, elaborado por su oficina y previo al Día Internacional de Violencia contra la Mujer, y en el contexto de la aprobación de legislaciones estatales contra el aborto.
Antes, la oficina en México del alto comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, en su actualización del diagnóstico de derechos humanos de las mujeres, capítulo 5, propuso que se incluyera en la Ley General de Salud el reconocimiento de las niñas y mujeres adolescentes y jóvenes, para decidir sobre su sexualidad y reproducción, incluida la decisión de interrumpir o no un embarazo.
También recomendó propiciar el debate sobre el aborto como un problema de salud pública y no como un problema ideológico, con el propósito de avanzar en la eliminación de abortos clandestinos y disminuir la mortalidad materna debido a esta causa.
Asimismo, homologar las legislaciones estatales en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hacia los estándares internacionales, incluyendo los relacionados con aborto legales.
También recomendó reglamentar en los códigos, leyes y ordenamientos administrativos, el procedimiento para acceder al aborto legal, estableciendo la obligación de las instituciones públicas de procuración de justicia y de salud de prestar los servicios que les corresponden.
La autorización
El informe del alto comisionado destaca la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de embarazo que se aprobó en el DF hace dos años.
Después de la ley de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, 17 entidades han legislado en sentido contrario y han establecido el “respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
Eugenia Jiménez, Milenio, 25 de noviembre.
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