Exige PAN a Gómez Mont ir a Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- La candidata del PAN a la Alcaldía de Mérida, Beatriz Zavala, exigió ayer al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, intervenir para preservar el estado de Derecho en las elecciones de Yucatán.

A dos semanas de votar 106 Alcaldes y 25 diputados locales, Zavala responsabilizó al Gobierno priista que encabeza Ivonne Ortega de solapar a delincuentes que roban y destruyen la propaganda de la oposición.

"Es una obligación del Secretario de Gobernación mantener el estado de Derecho en todo el País, y le exigimos que venga a Yucatán y dé condiciones necesarias para que haya estado de Derecho.

"Que el Secretario de Gobernación cumpla sus funciones y nos garantice el estado de Derecho en Yucatán. Gómez Mont necesita estar aquí para garantizar el estado de Derecho", reiteró la ex titular de Sedesol.

Denunció que hay un clima de persecución por parte de cuerpos policiacos en la entidad.

"Nos siguen a nosotros. Tengo fotografías, testimonios, videos de distintos autos con placas sobre puestas que nos siguen todo el tiempo", subrayó.

Luego de participar en un foro en la Universidad Autónoma de Yucatán, Beatriz Zavala demandó que el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipecac) garantice equidad en la contienda y respeto a la legislación.

La candidata a la Alcaldía de Mérida por el blanquiazul sostuvo que el PRI yucateco está replicando el modelo del Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.



Presentan denuncias

Orlando Pérez Moguel, representante del blanquiazul ante el Ipepac, denunció que sus candidatos a las Alcaldías de Yaxcabá, Uayma, Dzitás, Espita, Tekom, Tunkás e Izamal han sido blanco de agresiones durante sus campañas.

"Tal parece que estas denuncias que se han hecho públicas y por la vía penal no son vistas por las autoridades electorales y de justicia del estado.

"Estamos sumando un expediente con testimonios notariados y fotografías que presentaremos ante el órgano electoral y la Procuraduría General de la República", dijo el dirigente del PAN.

Detalló que la denuncia 7452010 corresponde a Dzitás, donde su coordinador de campaña fue golpeado por Crescencio Canul, ex Alcalde priista.

Mientras que en Izamal denunciaron la detención ilegal Santos Javier Coh Cen, acusado de retirar una manta del tricolor.

En Tunkás presentaron otra queja por la detención de Tomas Efraín Chic Mis, quien trasladaba enfermos a un hospital y fue acusado de no tener permiso legal para transporte público.

Otra denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por el candidato panista a la Alcaldía de Uayma, Eladio Tax, quien fue amenazado de muerte por familiares de la Alcaldesa Areli Aurora Coronado Martín.

Edgardo Medina, candidato panista a diputado por el distrito 15, dijo que en menos de un mes ha sido blanco de seis agresiones, e informó que presentaron tres denuncias penales.

Pedro Diego Tzuc, Reforma, 30 de abril.

Venden en Veracruz candidaturas priistas

XALAPA, Ver.- Militantes del PRI procedentes de varios municipios de Veracruz se manifestaron ayer en la sede estatal de su partido para denunciar la imposición y venta de candidaturas hasta en dos millones de pesos.

"Somos de Xico. Venimos de 33 comunidades para manifestar nuestro rechazo a la imposición de candidaturas. No estamos de acuerdo con lo que hace nuestro partido.

"Se nos imponen candidatos que no queremos y el diputado presidente del Congreso está vendiendo las candidaturas", acusó Susana Mckinley.

Más tarde, en entrevista, Susana Mckinley aseguró que hay información de que el presidente del Congreso estatal, Fernando González Arroyo, está vendiendo algunas candidaturas hasta en dos millones de pes Alrededor de 150 militantes del tricolor de ese municipio se apostaron afuera de la sede de su partido y expresaron sus reclamos en cartulinas.

"Xico no se vende", "Queremos un candidato no impuesto", "El pueblo es primero", decían algunas de las leyendas.

Otros priistas de Xico indicaron que el líder del PRI en Veracruz, Jorge Carvallo, les dijo que las candidaturas ya estaban definidas y no habrá cambios.

Poco después se sumó otro contingente de militantes de Ixhuacán de los Reyes que reclamó la imposición de candidatos.

"Estamos decepcionados con la forma en que se hizo esto, con la forma en que se designaron candidaturas", reprochó Roberto, uno de los inconformes que portaba una cartulina de rechazo a las postulaciones de su partido rumbo a los comicios del próximo 4 de julio.

Alrededor de las 19:15 horas, otro grupo proveniente del municipio de Actopan llegaron hasta la explanada del edificio estatal del tricolor, donde protestaron contra la imposición de candidatos en su comunidad.

En tanto, en el puerto de Veracruz otro grupo de disidentes priistas protestó también contra la designación de candidatos a las Alcaldías en los municipios de Medellín de Bravo y Tecolutla.

En Xico, el tricolor postuló a Abel Maxi; en Ixhuacán de los Reyes, a Rafael Mendoza; en Medellín de Bravo compite Marcos Isleño, y en el municipio costero de Tecolutla el aspirante priista es Aldo Carre.

Las protestas contra la designación de candidatos del tricolor ocurren a escasas dos semanas del inicio formal de las campañas rumbo a las elecciones estatales del próximo 4 de julio, en las que se renovarán la Gubernatura, 50 diputaciones locales y 212 Ayuntamientos.

El dirigente estatal del PRD, Celso David Pulido, fue destituido por el Consejo Político Estatal de su partido, y en su lugar fue nombrado Carlos Munguía.

A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó a Pulido como dirigente perredista en Veracruz, el presidente del consejo perredista, Ramón López López, sostuvo que instancia partidista que encabeza tiene la facultad para remover y nombrar dirigentes.

Lev García, Milenio, 30 de abril.

Truncan diputados reforma en DH

Las Comisiones de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dejaron para el mes de mayo la discusión de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.

Diputados del tricolor mantuvieron sus objeciones a la reforma proveniente del Senado, a pesar de que el miércoles fue aprobada en lo general por todos los grupos parlamentarios.

"Algunos integrantes del PRI piden un análisis más detenido sobre la minuta con proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I del Título Primero y reformas a diversos artículos de la Constitución.

"Y, en su caso, se convoque a un periodo extraordinario de sesiones en ese tema. Con el propósito de que en los primeros días de mayo las comisiones unidas la discutan con amplitud y responsabilidad antes de dictaminar la citada minuta", cita un oficio de los diputados Juventino Castro y Rubén Moreira, presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, respectivamente, dirigido al resto de los legisladores.

Los mexiquenses Emilio Chuayffet y Alfonso Navarrete Prida sostuvieron ante su fracción y con diputados de otras fracciones que había errores de técnica legislativa que debían revisarse con tiempo.

La coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, deslindó a su fracción de la postergación de la reforma.

"El grupo de Acción Nacional reitera estar en total acuerdo con la minuta, no ha planteado ninguna objeción", expuso.

En la aprobación de la reforma constitucional sobre el derecho a la alimentación, el PRD acusó que algunas reformas fueron paradas por un conflicto interno en el PRI, entre el gobernador mexiquense Enrique Peña con el senador Manlio Fabio Beltrones.

Rosendo Marín dijo en tribuna que por observaciones de la bancada mexiquense no se aprobó en sus términos la minuta que provenía del Senado sobre el derecho a la alimentación y que lo mismo sucedió con la reforma en derechos humanos.

"Vemos del PRI mexiquense que se opone a todo aquello que provenga de esa parte del PRI que dirige en el Senado, provocando que por asuntos de sintaxis y de estilo, no se aprobara la minuta del Senado.", criticó.

Claudia Salazar y Carole Simonnet, Reforma, 30 de abril.

Frenan leyes de seguridad

Senadores y diputados dejaron en la congeladora leyes sobre seguridad.

Anoche, el Senado aprobó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, y la turnó a la Cámara de Diputados, cuando en San Lázaro se habían cerrado los trabajos del periodo de sesiones.

El miércoles, el Senado también había aprobado la Ley de Seguridad Nacional, que regula la actividad de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, pero el proyecto fue frenado en la colegisladora, donde tampoco se votó, con el argumento de que era necesario revisarla a fondo y no legislar al vapor.

En días pasados, el Ejecutivo había urgido al Congreso a aprobar la legislación para fortalecer la lucha contra el crimen organizado que ha dejado 22 mil 700 muertos desde 2006, de acuerdo con cifras oficiales.

La Ley de Seguridad Nacional, que fue aprobada por 105 votos a favor y uno en contra, abre la puerta a que los militares sean juzgados por tribunales civiles cuando cometan delitos contra civiles. Además, prohíbe la participación del Ejército en conflictos de origen social, laboral y electoral.

También faculta al Presidente para declarar la afectación a la seguridad interior y, con ello, el despliegue de las Fuerzas Armadas como auxiliares de autoridades civiles.


CONTRA PLAGIOS

La llamada Ley Antisecuestros, que fue aprobada ayer en lo general por 91 votos a favor, establece penas hasta de 90 años de cárcel, la acumulación de sanciones corporales por otros delitos y la cancelación de beneficios de libertad preparatoria.

El nuevo marco legal establece las modalidades del delito de secuestro y sus sanciones; las medidas de protección, atención y asistencia a víctimas; y la distribución de competencias y formas de coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno.

La reforma no incluyó la cadena perpetua propuesta por el Presidente Felipe Calderón ni los 140 años de cárcel acumulados que contemplaba el último documento de trabajo.

De entrada, quien prive de la libertad a otro para obtener un rescate, beneficio u obligar a sus familiares a realizar un acto cualquiera, así como cometer un secuestro exprés, tendrá de 20 a 40 años de prisión, además de pagar 2 mil días de salario mínimo de multa.

La sanción se agravará cuando el secuestro se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; cuando los delincuentes actúen en grupo; haya violencia contra la víctima y ésta sea menor de 18 años, mayor de 60 años de edad, padezca alguna discapacidad o sea mujer en estado de gravidez.

También se contemplan penas hasta por 70 años de prisión si el secuestrador priva de la vida a su víctima.

Además, se crea el "Fondo para la Atención de Víctimas del Secuestro", para apoyar a las víctimas y ofendidos.

Esta bolsa tendrá siete entradas de recursos, entre ellas del presupuesto de la PGR, de los obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales o de aquellos procedentes de la extinción de dominio, relacionados con el plagio y fianzas de secuestradores.

Asimismo, la Ley obliga a las procuradurías estatales a crear y operar unidades especiales para el secuestro, las cuales contarán con ministerios públicos, policías y funcionarios especializados en la materia.

Érika Hernández y Claudia Guerrero, Reforma, 30 de abril.

Piden Teresa y Alberta reparación del daño

Teresa González y Alberta Alcántara pelearán, a través de Andrés Díaz y Leopoldo Maldonado, abogados del Centro Prodh, por reparación de daños luego de pasar casi cuatro años presas.

El miércoles, la Suprema Corte absolvió a ambas indígenas de la acusación del secuestro de seis agentes federales durante un operativo antipiratería. Ese mismo día, fueron puestas en libertad del Cereso femenil de San José el Alto, en Querétaro.

"Tenemos que hacer la reclamación ante la PGR; constatar con base en la sentencia, que obtendremos en copias certificadas, que no se acredita que existe ningún delito; comprobar la lesión que ellas sufrieron, que fue de carácter personal porque les robaron su libertad: no la debieron haber sufrido", aseguró Díaz.

"También tenemos que acreditar el daño moral, que es algo que se hace con un dictamen de psicología", agregó.

La reparación del daño moral y patrimonial, que es todo lo que ellas dejaron de percibir mientras estuvieron encerradas, se traduce en montos económicos estipulados en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Además, tanto las mujeres como el Centro Prodh demandan una disculpa pública de la PGR.

"Pediría que se nos diera una disculpa pública porque ¿quién nos paga los casi cuatro años que estuvimos en la cárcel injustamente?", manifestó Teresa.

Según los abogados, el marco jurídico mexicano no es lo suficientemente amplio para otorgar una reparación integral del daño tal y como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos.

Silvia Garduño, Reforma, 30 de abril.

Quito niega querer frenar la candidatura de Santos

Ecuador negó ayer que pretenda frenar la carrera electoral del ex ministro colombiano de Defensa Juan Manuel Santos, como denunció el candidato presidencial luego de que una corte ecuatoriana ratificara una orden de captura en su contra por asesinato.

El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, “no se ha metido ni se va a meter en esa campaña electoral. Nosotros respetamos las decisiones autónomas del pueblo colombiano y esperamos los resultados de ellos en las elecciones”, dijo el canciller Ricardo Patiño, consultado sobre la denuncia de Santos.

El martes, el candidato oficialista a la presidencia colombiana, uno de los favoritos para los comicios del 30 de mayo, rechazó lo que consideró una “intromisión” de Correa y del mandatario venezolano, Hugo Chávez, en asuntos internos de Colombia.

“Lo que quieren los presidentes Chávez y Correa es detenerme en la carrera a la presidencia. Eso es totalmente inaceptable”, agregó el candidato.

Ambos gobernantes tildan de amenaza y peligro para la región declaraciones del político colombiano, quien dijo estar “orgulloso” de haber autorizado como ministro un bombardeo contra la guerrilla de las FARC en Ecuador en marzo de 2008, que dejó 25 muertos y derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá.

Santos también advirtió que hay que “perseguir a los terroristas allá donde estén”.

Milenio, 30 de abril.

Paras rehusaron unirse en complot contra Chávez

Los paramilitares colombianos rechazaron unirse a un plan de opositores venezolanos para dar un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez entre 2002 y 2003, aseguró el ex jefe de esos escuadrones, Salvatore Mancuso, en una audiencia judicial.

Mancuso, preso en Estados Unidos a donde fue extraditado en 2008, aseveró que un grupo de militares venezolanos lo contactó para intentar un golpe entre 2002 y 2003, y ante su negativa acudieron al posteriormente asesinado jefe paramilitar Carlos Castaño, quien también rechazó participar.

Los militares venezolanos “llegaron y me hicieron la propuesta (de derrocar a Chávez) y les dije “miren, eso me parece la locura más grande del universo’”, refirió Mancuso, quien desde Estados Unidos rinde declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia mediante teleconferencia.

Chávez sufrió un fallido golpe de Estado en abril de 2002.

En mayo de 2004, las autoridades venezolanas detuvieron a un centenar de supuestos paramilitares colombianos en una finca cercana a Caracas. Estos fueron acusados de planificar un golpe de Estado contra el gobierno de Chávez y de querer asesinar al mandatario.

Pero en 2007, los supuestos paramilitares fueron indultados por el propio mandatario venezolano, como gesto de buena voluntad cuando comenzaba una labor de mediador para un canje humanitario entre guerrilleros presos y rehenes de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Milenio, 30 de abril.

Prohíben difundir en QR la encuesta MILENIO-GCE

El Instituto Electoral de Quintana Roo prohibió al Gabinete de Comunicación Estratégica difundir la encuesta que hoy daría a conocer en MILENIO Diario y MILENIO Televisión sobre la preferencia del voto para gobernador, con el argumento de que iría contra el régimen jurídico regulatorio imperante en la materia.

La publicación del sondeo implicaba la inhabilitación de GCE para levantar encuestas durante el proceso electoral y una multa de 100 a mil días de salario mínimo vigente.

“Nos permitimos reiterarles que conforme a lo previsto normativamente en el artículo 146 de la Ley Electoral de Quintana Roo, cualquier clase de encuesta o sondeo de opinión que tenga por objeto conocer la preferencia política-electoral
de la ciudadanía quintanarroense únicamente se podrán realizar a partir del inicio de las campañas políticas”, señaló Juan Enrique Serrano, director jurídico del organismo.

En el oficio número DJ/159/2010 que fue enviado a Federico Berrueto, director general de GCE, el funcionario advirtió que la legislación dispone en su artículo 253 una multa de 100 a mil días de salario mínimo vigente en el estado, a quienes no siendo candidatos infrinjan las disposiciones contenidas en los artículos 99, 123, 137, 145 y 246 de la propia ley.

“Las encuestas o sondeos de opinión podrán realizarse a partir del inicio de las campañas políticas, es decir, el próximo 6 de mayo”, agregó.

La legislación establece la prohibición de publicar o difundir por cualquier medio los resultados de las encuestas durante los ocho días previos al de la jornada electoral y hasta cuatro horas después del cierre oficial de las casillas.

Serrano indicó además que quien solicite u ordene la publicación de cualquier tipo de encuesta deberá presentar solicitud al Consejo General, a partir de su instalación y hasta un mes antes de la jornada electoral.

La solicitud deberá estar acompañada de la copia de la metodología a utilizar y de los resultados que obtuvieron.

Nota metodológica:

• Universo: Adultos de 18 años o más en los distritos electorales del municipio de Mérida, Yucatán, con credencial de elector vigente.

• Técnica de levantamiento: Encuesta en vivienda levantada entre el 25 y el 28 de abril de 2010.

• Tamaño de la muestra y precisión estadística: se levantaron 1,200 casos, distribuidos proporcionalmente entre las secciones electorales de Mérida. El nivel de confianza es de 95% y el margen de error en los resultados es de +/- 2.83.

Milenio, 30 de abril.

Frenan en San Lázaro las reformas estructurales

La Cámara de Diputados frenó los cambios legales en materia de seguridad nacional y derechos humanos aprobados por el Senado, y clausuró finalmente su periodo de sesiones con el aplazamiento indefinido de las reformas fiscal, laboral y política, entre otras, consideradas como prioridad por los propios grupos parlamentarios.

Sin posibilidad de construir acuerdos antes de las elecciones en 15 estados, los coordinadores del PRI, Francisco Rojas; del PAN, Josefina Vázquez, y del PRD, Alejandro Encinas, expresaron su disposición a un periodo extraordinario en mayo, pero sólo para discutir la elevación de los derechos humanos a rango constitucional.

Los diputados Juventino Castro y Rubén Moreira, respectivos presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, se comprometieron por escrito a convocar a la discusión de esa reforma en los primeros días de mayo y, en su caso, solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias.

El resto de los temas pendientes se abordará a partir de septiembre, durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

“Vamos a estudiar más detenidamente el asunto de derechos humanos. Es muy probable que llamemos a un periodo extraordinario para terminar el estudio y dictaminar esta minuta del Senado. Seguridad Nacional también lo tendremos que analizar con mayor cuidado”, indicó Rojas.

El líder parlamentario del PRI dijo que las fracciones legislativas no alcanzaron a reunir los consensos suficientes, “ya sea por falta de tiempo o porque hay cuestiones de deficiencias jurídicas”.

La coordinadora panista, Josefina Vázquez, aseguró que su fracción está a favor de las reformas constitucionales para el reconocimiento pleno de los derechos humanos, pero en materia de seguridad nacional decidió dar más tiempo al análisis para fortalecer la actuación de las fuerzas armadas y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

Refrendó la disposición de su bancada a discutir en un periodo extraordinario la minuta senatorial para incorporar los derechos humanos al título primero de
la Constitución.

Alejandro Encinas, líder de los diputados del PRD, secundó la intención de resolver el proyecto en materia de derechos humanos, pero indicó: “Lamentamos profundamente que no salga este dictamen en sus términos. Si esto hace la posibilidad de un periodo extraordinario, por supuesto que estaríamos de acuerdo”.

El legislador priista Emilio Chuayffet detalló que la minuta sobre derechos humanos contiene deficiencias de técnica jurídica, como la de otorgarle a una sola persona, el presidente de la CNDH, la facultad de investigar violaciones graves, cuando esa atribución corresponde hoy a la Suprema Corte.

- Claves

Proyecto senatorial

• La minuta del Senado en derechos humanos acota las facultades del Ejecutivo federal para suspender las garantías.

• El proyecto modifica el artículo 1 de la Constitución para establecer la obligación del Estado de “reconocer, proteger, promover y garantizar” la vigencia de esos derechos.

México • Fernando Damián e Israel Navarro, Milenio, 30 de abril.

Las otomíes liberadas demandan disculpa pública e indemnización

Las otomíes Teresa González y Alberta Alcántara, que fueron liberadas después de permanecer casi cuatro años acusadas falsamente de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, afirmaron tener miedo a represalias. Y lo único que solicitan es una disculpa pública en la que las autoridades reconozcan su error.

Pero sus abogados anunciaron que solicitarán la reparación del daño, que de acuerdo con la legislación de Querétaro podría ser el pago de 20 mil salarios mínimos por los mil 400 días que estuvieron en prisión.

A su vez, Gabriel Alcántara, esposo de Teresa, señaló: “Me gustaría que sí sancionaran a personas como el juez, porque hay mucha gente inocente que está encarcelada por delitos fabricados gracias a ellos. Muchas personas viven en prisión, pero gracias a la Corte vimos que todavía hay gente que en realidad hace su trabajo”.

En conferencia de prensa, Teresa comentó que la justicia existe pero “muy poco. Ojalá y nuestro caso sirva no nada más para que nosotras hayamos salido libres, sino para que muchas de nuestras compañeras que están, no nada más en el Cereso femenil de San José El Alto, sino en todos los demás Ceresos donde tanto hombres como mujeres se encuentran injustamente ahí por un delito que no cometieron… hay mucha gente inocente, y la mayoría es pobre, humilde, que no tenemos dinero para pagar”.

A las autoridades les envió un mensaje: “no hay cómo pagar todo el daño, el tiempo perdido que nos hicieron, el estar lejos de la familia.

“Sí tenemos miedo, pues sí, porque cuando estábamos todavía en el Cerezo pensábamos que estábamos haciendo lo posible por salir libres, pero por nuestra mente pasaba que tal si le iban a hacer algo a nuestra familia. Fue al principio que no quisimos unirnos con doña Jacinta, por lo mismo, de que dijimos que tal si al rato le hacen algo peor a nuestra familia, si a nosotras nos metieron a la cárcel, que más le pueden hacer a mi familia, algo malo.

“Pero al ver que doña Jacinta luchó por su libertad, fue más el valor de decir también nosotras vamos a luchar por nuestra libertad. Que ojalá y todo esté en manos de Dios. Que ellos no hagan nada contra nuestra familia, y ahora que estamos libres pues sí tenemos miedo de que ellos quieran vengarse otra vez de nosotras por haberlos sacado a la luz pública, pero si no los sacábamos a la luz pública siempre iba seguir pasando lo mismo, no nada más con nosotros sino con toda esa gente que es gente humilde como nosotras”.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien llevó la defensoría de las indígenas, afirmó que con esta decisión se dio fin a un episodio trágico y lamentable, aunque persisten situaciones similares en el país. “Constituye un acto de justicia que deseamos que abra el camino para poner límites a la actuación arbitraria de autoridades ante ciudadanos, sobre todo quienes por esta situación de desigualdad y dominación, son vulnerados por criterios de género, pertenencia étnica y condición socioeconómica.

- Claves

Dos delitos

• Alberta Alcántara dijo que la “forma de reparar el daño es un perdón público, si no pudieran reparar el daño económicamente, la verdad pediría un disculpa pública”.

• “Sí tengo miedo porque me detuvieron con engaños también, y cuando estaba en la PGR me dijeron que ninguna india se había atrevido a levantar la voz y por eso me pusieron dos delitos. Aparte de secuestro me pusieron posesión de cocaína... y ya sabían donde vivía mi familia”

México • Eugenia Jiménez, Milenio, 30 de abril.

La justicia llegó tarde, dice Rubén Moreira

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró “un triunfo de la justicia mexicana” la liberación de las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, aunque reconoció que ésta “llegó tarde”.

“Es un triunfo de la justicia y en ella coadyuvaron muchísimas instancias de la sociedad civil, el gobernador de Querétaro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde hace varios años había manifestado que en ese procedimiento hubo graves violaciones a las garantías individuales”, afirmó el legislador.

Moreira subrayó por ello la importancia de aprobar el proyecto de reformas que elevan a rango constitucional el pleno reconocimiento y protección de los derechos humanos, la cual se encuentra a discusión en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

“Si la CNDH en aquel entonces hubiera tenido fuerza o dientes, como se dice coloquialmente, pues tal vez Alberta y Teresa, en este caso, hubieran obtenido su libertad hace mucho tiempo”, enfatizó.

Instó, además, a darle un seguimiento muy especial al caso de las indígenas queretanas, para brindar de responsabilidades a quienes se dijeron secuestrados, pasando por ministerios públicos e incluso jueces.

Por separado, el también priista Emilio Chuayffet aseguró que no basta con el “usted disculpe” ni con pedir perdón, sino que tiene que haber algún tipo de indemnización para las acusadas injustamente se secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación.

“No basta con un perdón. En países avanzados se indemniza a la persona por este tipo de equivocaciones y aquí todavía no tenemos instrumentos legales para hacerlo”, dijo.

México • Israel Navarro y Fernando Damián, Milenio, 30 de abril.

La Pastoral Laboral rechaza reforma a la LFT que perjudique al sector

En un pronunciamiento relativo al primero de mayo, el equipo nacional de Pastoral Laboral subrayó que se debe cambiar el modelo económico por uno que realmente promueva la justicia y equidad, e hizo un llamado a rechazar cualquier reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que vaya en contra de la dignificación de los trabajadores y en pro de “intereses particulares”.

En el documento se precisa que fue en una reunión de integrantes de dicha pastoral, realizada los días 17 y 18 de abril pasados, en donde se acordó emitir el posicionamiento. En éste advierten que “miramos críticamente lo que acontece en el país y, en particular, lo que duele a los trabajadores y trabajadoras” y añaden que es evidente que “el modelo económico imperante desde los años 80 del siglo pasado ha fracasado en promover un desarrollo del que se sigan mejores condiciones de vida para todos y todas, tal como era el pensamiento de Paulo VI al hablar del tema”.

Apuntan que “la política económica ha sido incapaz de impulsar el crecimiento económico y el respeto y garantía de nuestros derechos humanos laborales”, y que los resultados de esas circunstancias los padecen los más pobres, sobrecargados año con año con nuevas cargas y crisis sobrepuestas”.

En el escrito resaltan que “los frutos podridos son cada vez más alarmantes: polarización social, exclusión de los más indefensos e inestabilidad laboral, ahora todo ello agravado por un incremento de la violencia” y consideran que en las recientes administraciones hay una menor capacidad para asegurar el bienestar de la nación”, pero sí “se han obcecado en las reformas estructurales, sin que muestre oficio para sacar al país de la recesión, el estancamiento y, sobre todo, del empobrecimiento generalizado”.

Por lo anterior, la pastoral considera que el país “requiere urgentemente marchar hacia otro modelo económico de desarrollo y un nuevo proyecto de nación, que promueva la equidad y el bienestar de las mayorías”.

Añade que en las crisis “bajo ninguna condición se debe permitir descansar el ajuste macroeconómico en aún menores salarios para los trabajadores.

Carolina Gómez Mena, La Jornada, 30 de abril.

Aguascalientes: se registra Carlos Lozano

Aguascalientes, Ags. El candidato de la coalición Aliados por tu Bienestar (PRI-Partido Verde Ecologista-Partido Nueva Alianza), el priísta Carlos Lozano de la Torre, se registró este jueves ante el Instituto Estatal Electoral. Aseguró que confía en las instituciones judiciales del estado y del país, en alusión al juicio penal que enfrenta su rival, el panista Martín Orozco Sandoval, quien tiene suspendidos sus derechos políticos, acusado de tráfico de influencias y uso indebido del ejercicio público en la adqjuisición de un terreno de mil 200 metros cuando era alcalde de esta capital, en octubre de 2007.

Claudio Bañuelos corresponsal, La Jornada, 30 de abril.

“Broma pesada y prepotente”, la declaración del embajador de EU en México: Cubadebate

La Habana, 29 de abril. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, de que el conflicto político con Cuba se resolverá en 50 años porque el cambio climático hará desaparecer la isla, fueron calificadas este jueves por el portal oficialista Cubadebate como una “broma pesada y prepotente”.

El diplomático estadunidense, nacido en Cuba y experto en estado fallidos, dijo también el miércoles en una universidad privada de la ciudad de México, que “a lo mejor Fidel Castro puede vivir otros 50 años y tiene poderes que ni le conocemos hasta ahora”.

Cubadebate consideró que “probablemente por su pensamiento vagó la idea de asesinar al líder de la revolución cubana y desaparecer la incómoda soberanía de la isla, que han sido obsesiones compartidas por todas las administraciones estadunidenses desde 1959 hasta la fecha.

“Si Cuba desaparece, igual destino correrían todas las islas del Caribe. ¿Es lo que desean también el señor Pascual y su risueño auditorio?”, refirió el portal.

Además escribió que “como Estados Unidos promueve la idea de México como un ‘Estado fallido’, reforzada por la ola de violencia de los narcotraficantes y el delirio antinmigrante en Estados Unidos, eligió para el cargo de embajador a un señor cuya trayectoria se pinta sola para la tarea.

“Este cubano nacido en La Habana en 1959 es una autoridad sobre los estados fallidos y ha trabajado para la fachada de la CIA, la USAID, en Mozambique, Sudáfrica, Sudán y otros lugares donde se intentó imponer gobiernos serviles a Estados Unidos”, añadió el portal.

En varios de sus artículos conocidos como “Reflexiones”, Castro se ha referido en los últimos meses al cambio climático como la mayor amenaza que afronta la especie humana para su supervivencia.

Expertos cubanos temen que algunas localidades costeras queden sumergidas bajo el mar debido a la elevación de las aguas provocada por el cambio climático. También prevén repercusiones para su agricultura, por el aumento en la temperatura y la probable escasez de agua de riego.

La Jornada, 30 de abril.

Chávez y Morales consolidan hoy un plan bilateral de cinco años

Barinas, 29 de abril. Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales recorrieron hoy centros ganaderos, “socialistas” en los llanos del estado venezolano de Barinas, como parte de un encuentro en que buscarán afinar los detalles de un plan económico quinquenal conjunto que suscribirán este viernes.

“Algún día toda Venezuela será territorio socialista. Economía socialista, sociedad socialista y cuando digo socialista quiero decir cristianista: Cristo fue el primer socialista de nuestra era”, dijo Chávez, quien llegó al volante de un vehículo descapotable, con Morales de copiloto, en esta visita de dos días del boliviano.

“Cuando vengo a Venezuela me siento como en casa, como en mi tierra. Tenemos una misma historia. Si nuestros antepasados enfrentaron a los imperios, nosotros enfrentamos al imperio estadounidense”, señaló por su parte el mandatario boliviano, tras haber sido recibido por la mañana por Chávez en el aeropuerto de Barinas, la tierra natal del mandatario anfitrión.

Chávez y Morales recorrieron los centros de producción ganadera Florentino y la Fundación Araguaney, que forman parte de los proyectos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), y ante los cuales Morales se dijo “impresionado”. Se trata de haciendas expropiadas por el gobierno chavista.

Luego de rendirle honores militares a Evo Morales, el presidente venezolano dijo que “desde Barinas le damos la bienvenida con el corazón a quien admiramos tanto, continuador de la obra de Bolívar, presidente de Bolivia y líder de los pueblos de nuestra América”. Dijo que esta era una visita “muy importante” con la que inauguraban un nuevo sistema de encuentros presidenciales trimestrales.

En respuesta, Morales se refirió a su par venezolano como el “compañero Chávez”, resaltó su “generosidad” y destacó que entre Bolivia y Venezuela “hay siempre una enorme hermandad”. Dijo estar contento en estas tierras y que el objetivo es pactar una serie de acuerdos para los próximos cinco años (2010-2015) en las áreas energética, comercial y agropecuaria, fundamentalmente.

“Llegó la hora de cerrar las venas abiertas de América Latina. Nos toca cerrarlas. Ha habido imperios que dominaron América Latina, sólo querían esta tierra para saquear recursos naturales y saquear a su pueblo”, aseguró Morales, en alusión al libro del uruguayo Eduardo Galeano que Chávez le regaló al presidente estadunidense Barack Obama durante su primera visita a la región.

Morales fustigó a las oligarquías y los terratenientes y dijo que si ahora el pueblo tiene el poder político, a los gobernantes corresponde “crear el poder económico”. Afirmó que los procesos de transformación “profunda” en América Latina “continuarán porque es decisión de nuestros pueblos”.

Esta visita es la tercera en un mes que Morales realiza a Venezuela. La primera la efectuó el día 2 para encontrarse brevemente con el primer ministro ruso, Vladimir Putin, en Caracas; y la segunda para participar el 19 de abril en la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. A su vez, Chávez estuvo la semana pasada en Cochabamba en la cumbre de los pueblos sobre el cambio climático.

El presidente Chávez, quien la víspera estuvo en Brasil donde se reunió con su homólogo Luiz Inacio Lula da Silva, insistió en que “hay que pulverizar el capitalismo y crear aquí el reino de Cristo, de Bolívar, de la justicia, de la patria india nuestra, de la patria negra”.

El gobernante venezolano señaló que en la región llanera se está construyendo un ferrocarril y que su “sueño” es unir el sur con una vía de tren. “Yo sueño con el ferrocarril del sur, que una estos llanos venezolanos con los de La Paz, de Cochabamba. Evo viene con 500 años a cuestas de lucha del pueblo aymara, la lucha de esos pueblos y la patria de Simón Bolívar”, expresó.

En los últimos años, Venezuela se ha convertido en uno de los principales colaboradores de Bolivia en la venta de diesel, compra de textiles bolivianos y apoyo a programas sociales del gobierno de Morales.

Por otra parte, el ministro de Interior y Justicia, Tareck Aissami, informó que un hombre de 29 años fue detenido hoy en la ciudad de El Vigía, estado de Mérida, acusado de ser el presunto responsable de los mensajes de texto dirigido a grupos paramilitares colombianos, en los cuales se instaba a asesinar al presidente Chávez.

La Jornada, 30 de abril.

En México hay muchas Teresas y Albertas presas: Sánchez Cordero

La ministra Olga Sánchez Cordero está convencida de que aunque Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan ya están libres después de casi cuatro años de permanecer en prisión siendo inocentes, aún hay cientos de indígenas injustamente recluidas en algún penal mexicano. Sostuvo que el país enfrenta “severos problemas” en su sistema de procuración e impartición de justicia.

“Tenemos esta gran preocupación: queremos, y es nuestro propósito –mediante la defensoría pública, un órgano desconcentrado del Poder Judicial de la Federación (PJF)–, empezar a revisar los expedientes de varias indígenas presas, sobre todo en el sureste mexicano. La mayoría están acusadas de delitos contra la salud”, asegura a este diario una de las dos mujeres que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se le ve cansada, pero alegre. “Ando muy solicitada este día; todos los medios (de comunicación) han querido hablar conmigo, me han felicitado”, explica antes de iniciar la entrevista, efectuada ayer en sus oficinas del máximo tribunal, dos horas antes de que el consejo directivo nacional de la institución denominada Día del Abogado le brindara un homenaje público en reconocimiento a su incuestionable humanismo y sensibilidad de género.

Un día antes, cuatro de sus compañeros avalaron el proyecto de resolución que Sánchez Córdero y su equipo de secretarios elaboraron en sólo cinco semanas. Un récord, sobre todo si se toma en cuenta que en la mayoría de los casos los ministros utilizan el triple de tiempo para elaborar un dictamen.

Durante la charla señala: “Voy a serte franca. El tema de fondo no es si la Corte va o no a revisar los expedientes de estas mujeres indígenas que tenemos detectadas que están siendo procesadas o condenadas ya en el sureste de México, por delitos contra la salud.

“El tema es más profundo: ¿Cuántas Teresas y cuántas Albertas?, o ¿cuántos Teresos y cuántos Albertos existen en este momento en alguna cárcel del país, bajo la misma situación que enfrentaban las dos mujeres que este miércoles fueron liberadas por la Suprema Corte? Yo te diría: ¡muchas!, ¡muchos!”

Al solicitarle una recomendación para jueces y magistrados que analizan y resuelven casos similares al de Teresa y Alberta, responde: “Por conducto de La Jornada quiero hacer llegar el siguiente mensaje: privilegien la presunción de inocencia y no la presunción de culpabilidad, como están acostumbrados a hacer. Revisen los estándares equilibrados para la valoración de las pruebas que se aporten en un proceso. Pero, sobre todo, antes de sentenciar a un imputado no pierdan la perspectiva humana y, aunque sean varones, fortalezcan su sensibilidad para que resuelvan con equidad de género.”

Al referirse al caso de las queretanas Alberta y Teresa, Sánchez Cordero admitió que el juez Rodolfo Pedraza Longi, quien las sentenció a 21 años de cárcel por el presunto secuestro de seis agentes federales, le dio más credibilidad a los dichos de las supuestas víctimas que a las declaraciones de las imputadas, quienes siempre rechazaron haber plagiado a los policías.

Expuso: “francamente nuestros juzgadores tienen en mente una presunción de culpabilidad antes que la presunción de inocencia, porque es una cultura anquilosada eso de que el acusado tiene que demostrar su inocencia, mas nunca se obliga con firmeza (a los fiscales) a que demuestren la culpabilidad de un imputado”.

La ministra también recomendó a los juzgadores que no den más credibilidad a los testimonios rendidos por las supuestas víctimas de un delito –mucho menos a los testigos oculares o protegidos– que a las declaraciones de los indiciados.

Acerca del juez que sentenció en primera instancia a Teresa y Alberta, sostuvo que éste no es merecedor de ninguna sanción porque actuó dentro del margen de su competencia e independencia como juzgador, como señala la ley orgánica del PJF.

–¿Cuál será el castigo para el señor juez?

–Pues, simplemente, revocamos su sentencia, le enmendamos la plana y hasta ahí. Él, como todos los jueces, tiene independencia y autonomía.

Alfredo Méndez, La Jornada, 30 de abril.

Exigen disculpa pública las ñañús presas casi cuatro años

Ahora que estamos libres “sí tenemos miedo de que ellos quieran vengarse otra vez de nosotras por haberlos sacado a la luz pública, pero si no los sacábamos siempre iba a seguir pasando lo mismo”, afirmó ayer Teresa González Cornelio al narrar, junto con Alberta Alcántara Juan, lo que vivieron durante tres años y ocho meses de reclusión acusadas de haber secuestrado a seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las ñañús de la comunidad Santiago Mexquititlán, Querétaro, exigieron a sus acusadores –incluido el juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien las condenó a 21 años de cárcel como presuntas responsables de secuestro– una disculpa pública.

También demandaron justicia para todos aquellos que están injustamente presos por delitos que no cometieron. “Hay mucha gente inocente, la mayoría, que somos pobres, humildes, y no tenemos dinero para pagar lo que estamos pagando por presuntos delitos o a veces ni siquiera es cierto”, dijo Teresa.

Sus abogados, parte del Centro Pro, informaron que preparan una estrategia para lograr la reparación de daño, concientes de que los mecanismos judiciales en México son “insuficientes e ineficientes”.

Leopoldo Maldonado y Andrés Díaz explicaron que presentarán una demanda contra la Procuraduría General de la República, con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, “suponiendo, y también estando en la sapiencia, de que la reparación (del daño) se acota a lo económico, pero tiene que haber un perdón público, medidas de no repetición, etcétera”. Tienen un año para interponer la acción.

La ley indica los montos específicos que pueden solicitar, de acuerdo con el salario que dejó de percibir un trabajador, “y si no fuera determinable este monto en nómina, son 20 mil cuotas de salario mínimo, multiplicado por los días que permanecieron en prisión; mil 400 días aproximadamente”, especificó Díaz.

Otra medida de reparación de daños, indicó su colega, sería sancionar administrativa o penalmente a las autoridades que participaron en la fabricación del delito contra las indígenas. “En concreto: policías federales de investigación y agentes del Ministerio Público; en el campo del Consejo de la Judicatura, sanciones administrativas para el juez de la causa.”

Las indígenas mostraron ayer, ante decenas de medios de comunicación, su alegría porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, un día antes, su inmediata liberación al no acreditarse los delitos que les imputaron.

Alberta dijo que también tiene miedo, como Teresa, porque “a la hora de arrestarme me detuvieron con engaños”, pero exigió que sus acusadores emitan una disculpa pública.

Su hermano Gabriel –esposo de Teresa, presente en la conferencia de prensa con su pequeña hija, nacida en prisión– señaló que le gustaría que se sancionara a “personas como el juez, porque gracias a él hay mucha gente inocente que está encarcelada por delitos fabricados”.

Luis Arriaga, director del Centro Pro, y Alberto Herrera Aragón, director de Amnistía Internacional, sección México, denunciaron que el caso de las indígenas demuestra “irregularidades estructurales en el sistema de procuración e impartición de justicia en el país”. Un aparato, coincidieron, con una enorme ineficacia y visibles deficiencias.

Por otra parte, mediante un comunicado, la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al Estado mexicano para que investigue la responsabilidad de los funcionarios que “habrían obrado fuera del marco legal con el fin de privar de la libertad injustamente a Alberta y Teresa, vulnerándose otros de sus derechos humanos”.

Alma Muñoz, La Jornada, 30 de abril.

Se votará en mayo la reforma sobre derechos humanos, dice Chuayffet

La minuta de reforma en materia de derechos humanos, enviada por el Senado de la República a la Cámara de Diputados, será votada en San Lázaro en el transcurso del mes de mayo, informó Emilio Chuayffet Chemor.

El legislador priísta dijo que si bien se trata de una reforma que contiene principios de avanzada que deben ser mandato constitucional, se desprende que existen algunas cuestiones que pueden ser mejoradas desde el punto de vista de redacción y de concepto.

–¿Cuáles serían los elementos factibles para formar parte de una gran reforma constitucional?

–Mejor refiero los que se pueden mejorar, porque son mínimos. En el artículo 33 se manifiesta que los extranjeros podrán ser expulsados del país, previa audiencia; eso es una gran reforma. Antes no existía la audiencia previa y suficiente en favor de los extranjeros.

Sin embargo, agrega, “la ley establecerá el lugar y los plazos de la detención”.

–¿De la detención de quién? ¿Del extranjero? ¿Se le detiene y luego se le da audiencia? –se le preguntó.

–Sería un elemento para darle claridad, y en beneficio de ese gran paso que es darle garantía previa y suficiente al extranjero, que de otra manera se veía reducido a una facultad que operaba discrecionalmente (y) rayaba en la arbitrariedad.

–En el artículo 29 se manifiesta la libertad de conciencia –se le recordó.

–La libertad de pensamiento y de culto están en la Constitución; la libertad religiosa es parte de la discusión del Estado laico, que tenemos pendiente y que es imprescindible abordar. Entonces, si aprobamos esta minuta reconocemos la libertad religiosa sin haberla desarrollado constitucionalmente antes, es decir, sin estar en la Constitución ya estamos previendo que es una excepción en los casos de emergencia.

–¿Y se puede suspender, por ejemplo, esta libertad?

–Claro que no, ése es el tema de fondo y eso no lo discutimos nadie; lo que discutimos es que se enliste lo que no está todavía.

–¿Ésos serán los artículos susceptibles de ser mejorados?

–Yo hubiera preferido, es un asunto de orden personal, que el artículo 29 dijera: “en caso de emergencia, de suspensión de garantías, sólo pueden suspenderse estas cinco”, que son las menos. Porque es más fácil de comprender la de tránsito, esta otra, pero no el de la prohibición de la tortura ni al derecho al nombre, ¡ésas no!

–¿Se aprobará en un periodo extraordinario?

–Sí, y yo creo que debe ser en el mes de mayo; tenemos que hacerlo porque es una deuda pendiente con los mexicanos, pero empecinados en que es así o nada, pues no; así no se legisla, y menos en materia constitucional.

–¿Se trata de una pugna entre priístas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República?

–Yo no explico chismes, yo me atengo a mi trabajo, y ello me dice que la minuta es mejorable y que no se vale andar diciendo “éste es un plazo, el universo se cae si no se aprueba”, para andar eliminando un derecho humano de los legisladores que es el derecho a discernir, la libertad de pensamiento y contribuir a la mejora de una minuta.

ROberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 30 de abril.

Congelan en la Cámara de Diputados la minuta de Ley de Seguridad Nacional

La minuta de Ley de Seguridad Nacional fue detenida en la Cámara de Diputados, porque requiere ser analizada a fondo “para no incurrir en actos de inconstitucionalidad”, sostuvo el presidente de la Comisión de Defensa, Ardelio Vargas Fosado. Ni la Comisión de Seguridad Pública ni la de Defensa Nacional sesionaron para revisar, analizar y en su caso adicionar la minuta enviada por el Senado.

El criterio que prevaleció en ambos órganos legislativos se circunscribió al tiempo que llevó a la cámara de origen su elaboración –aproximadamente un año– y el escaso periodo que llevaría a los diputados –menos de cuatro días– la dictaminación.

La minuta será analizada en ambas comisiones durante las próximas semanas con objeto de ser dictaminada para subirse al pleno, como se prevé, en un periodo extraordinario de sesiones a realizarse posiblemente en mayo.

También el pleno camaral aprobó con 388 votos en favor, 18 en contra y una abstención el dictamen que expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ésta pretende generar la planeación, formulación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y también los municipios.

Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, expuso que el dictamen cobra relevancia por el momento que vive el país en el ámbito de la inseguridad, la violencia y la delincuencia.

Señaló que para el cumplimiento de sus funciones, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana podrá convocar a dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, investigadores, académicos, especialistas en el tema, así como otros actores coadyuvantes en le prevención social de la violencia y la delincuencia, a fin de garantizar que las políticas publicas que se diseñen e implementen, efectivamente cumplan con el propósito de la ley.

Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 30 de abril.

Expertos urgen migrar a tv digital

La fecha que el gobierno mexicano estableció como posible para el llamado apagón analógico, en 2021, es insostenible debido a que son muchos años para transitar de la televisión convencional a la digital, y el país se rezagaría en la adopción de esa tecnología, coinciden expertos internacionales.

José Pascual Rodríguez, consejero de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), órgano regulador de España, consideró que esta fecha tendrá que adelantarse, en beneficio de su población.

“Llevar al apagón analógico hasta 2021 es insostenible”, dijo el funcionario español, en un panel sobre la “Transición a la Televisión Digital” (TDT), durante los trabajos de la Expo Canitec 2010 Reunión de líderes en telecomunicaciones que se realizan en esta ciudad del norte del país.

Explicó que en España, el apagón analógico sucedió este 3 de abril, luego de entrar en vigor el decreto para la transición a la televisión digital en 2005.

Gobierno debe interesarse más

Veena Rawat, presidenta del Communications Research Center (CRC) de Canadá, coincidió con José Pascual Rodríguez. Manifestó que debe haber interés del gobierno federal en atender el interés público para la transición a la televisión digital y el dividendo digital, que consiste en liberar frecuencias que se ocupaban para transmisiones de televisión, al uso de tecnologías para los servicios de telecomunicaciones.

Gonzalo Martínez Pous, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dijo que sería bueno que diversas instancias gubernamentales se coordinen para adelantar el apagón analógico en México.

De acuerdo con la Política de Transición a la Televisión Digital Terrestre, publicada en julio de 2004, será hasta el 1 de enero de 2021 cuando se dé el apagón analógico, es decir, que todas las emisiones y recepción de las señales de tv abierta sean digitales.

El funcionario de la Cofetel explicó que dichos procesos hacia la digitalización de la señal de televisión no depende del órgano regulador, sino de decisiones que se deben tomar conjuntamente con las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Gobernación, para fomentar la utilización de esta tecnología.

La transición a la televisión digital está relacionada con el poder adquisitivo de la población, pues en la medida en que la gente cuente con los recursos para adquirir un decodificador o un televisor para esta tecnología, el proceso de migración se acelerará, sostuvo Martínez Pous.

“No creo que dependa de una decisión administrativa el hecho de adelantar la fecha, sino de las condiciones, y si el gobierno las crea para que eso se dé anticipadamente qué mejor”, dijo.

Comentó que una de las medidas que podrían instrumentarse sería fomentar que sólo se vendan televisores digitales, y otra posibilidad sería el subsidio a los decodificadores de tv.

Respecto a la previsión de una partida presupuestal para la transición, explicó que se ha considerado, pero es un asunto que es parte del análisis que se sigue en el gobierno federal para resolver este asunto. “Espero que las autoridades tomemos medidas en el sentido de que podamos adelantar el apagón analógico”, dijo.

Angelina Mejía Guerrero, EL Universal, 30 de abril.

PAN-Hidalgo reconoce desventaja

HIDALGO. El dirigente estatal del PAN en Hidalgo, Gonzalo Trejo Amador, aceptó que la candidata de la alianza Hidalgo nos Une, Xóchitl Gálvez, se encuentra por debajo de las preferencias electorales en al menos 10 puntos, porcentaje que dijo buscarán revertir durante la campaña.
Estudios presentados el Gabinete de Comunicación Estratégica, ubican a la alianza del PRI con 41.5% en las preferencias electorales, mientras que a Hidalgo nos Une con 17.9%. El líder panista explicó que era un resultado esperado por los partidos aliancistas, debido a que hubo trabajo previo del candidato priísta.

En tanto que Mariano Torres, integrante de la Coordinadora estatal del PT, dijo que “puede sonar incongruente porque seguimos en los trabajos de Hidalgo nos Une, pero también estamos en pláticas con el senador Francisco Xavier Berganza para postularlo como candidato, esto por órdenes de la dirigencia nacional”.

Dinorah Mota corresponsal, El Universal, 30 de abril.

Chávez dice que su ingreso a Twitter ha sido una explosión

VENEZUELA. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo ayer que su recién creada cuenta de twitter, @chavezcandanga, ha sido una “explosión” por las numerosas respuestas que recibe desde que envió su primer mensaje. Durante una visita a su región natal de Barinas, en el occidente de Venezuela, con su par boliviano, Evo Morales, el mandatario dijo que por cada mensaje enviado, dos hasta el momento, ha recibido 100 mil respuestas.
“Ahí está sonando (el móvil), está caliente”, dijo, e invitó “a todos los revolucionarios” , entre ellos Evo y el líder cubano Fidel Castro, a usar Twitter “para la batalla ideológica”.

El Universal, 30 de abril.

Cuba responde a embajador Pascual

LA HABANA (DPA).— El portal oficialista Cubadebate calificó ayer de “broma pesada y prepotentes” las declaraciones que hiciera el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quien consideró que el conflicto político con Cuba se resolverá en 50 años, porque el cambio climático hará desaparecer la isla.
“No nos tenemos que preocupar mucho en Estados Unidos sobre Cuba, porque el medio ambiente va a eliminar el problema para nosotros”, dijo el diplomático Carlos Pascual, un estadounidense de origen cubano, al hablar en la víspera en un foro ecológico celebrado en una universidad privada en ciudad de México. “Aunque a lo mejor Fidel Castro puede vivir otros 50 años y tiene unos poderes que ni le conocemos hasta ahora”, estimó.

Ante los asistentes al foro Expo Negocios Verdes, el diplomático se refirió a áreas como Florida y Cuba al hablar sobre los efectos que podría tener en el mundo el calentamiento global y el aumento en los niveles del mar. Pascual, un diplomático de carrera con larga trayectoria, nació en Cuba y emigró a Estados Unidos con sus padres siendo niño.

Critican idea criminal

Al citar sus declaraciones sobre Castro, Cubadebate consideró que “probablemente por su pensamiento vagó la idea de asesinar al líder de la Revolución cubana y desaparecer la incómoda soberanía de la isla, que han sido obsesiones compartidas por todas las administraciones norteamericanas desde 1959 hasta la fecha”.

El portal, en el que Fidel suele publicar sus columnas de opinión, en las que recientemente se ha referido al calentamiento del planeta como la mayor amenaza, estimó también que “si Cuba desaparece, igual destino correrían todas las islas del Caribe” y se preguntó: “¿Es lo que desean también el señor Pascual y su risueño auditorio?”.

Denunció que “como Estados Unidos promueve la idea de México como un ‘Estado fallido’, reforzada por la ola de violencia de los narcotraficantes y el delirio antiinmigrante en Estados Unidos, eligió para el cargo de embajador a un señor cuya trayectoria se pinta sola para la tarea”.

“Este cubano nacido en La Habana en 1959 es una autoridad sobre los Estados fallidos y ha trabajado para la fachada de la CIA, la USAID, en Mozambique, Sudáfrica, Sudán y otros lugares donde se intentó imponer gobiernos serviles a los Estados Unidos”, añadió.

El Universal, 30 de abril.

Es remoto resarcir daño porque no hay ley al respecto: ministra Olga Sánchez

Para el Poder Judicial de la Federación quedó una tarea pendiente después de la resolución del caso Jacinta, Alberta y Teresa:

“Trabajar con los jueces sobre la presunción de inocencia y no de culpabilidad, y también sobre perspectiva de género: que tengan sensibilidad para con la equidad de género, porque hablamos de mujeres e indígenas”…

La voz es de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien elaboró el proyecto en la Suprema Corte de Justicia que derivó en la liberación, el miércoles, de Alberta y Teresa, quienes pasaron tres años y ocho meses en la cárcel acusadas de secuestrar a seis AFI´s, delitos que según la Primera Sala del Alto Tribunal, no se pudieron probar.

Sin embargo, Sánchez Cordero esbozó que no habrá sanción para el juez cuarto de distrito en Querétaro: Rodolfo Pedraza, quien impuso sentencias máximas, pese a que “su apreciación y valoración de los hechos no fue la correcta”, y pese a que “sólo tomó en cuenta a la parte acusatoria y no consideró las declaraciones de los testigos de descargo y de las imputadas”.

Según la ministra, “el juez actuó conforme a su independencia y autonomía, valoró las pruebas de una forma distinta a la Sala… ¿Cuál será la sanción? Simplemente le revocamos su sentencia y le enmendamos la plana, pero sigue siendo juez”. Calificó de “remota” la posibilidad de resarcir el daño a las indígenas, porque en nuestro país no hay leyes que la contemplen desde el punto de vista jurisdiccional. Aunque señaló que hay una ley de reparación por parte del Estado, aprobada para igualar estándares internacionales, ésta sólo se limita a cuestiones administrativas.

Respaldó la reforma constitucional —ya en tránsito— que contempla el reemplazo del sistema acusatorio y oral por el inquisitorio, porque tiene entre sus premisas fundamentales la presunción de inocencia.

Argumentó que la Corte no tenía por qué analizar otros delitos relacionados con el caso, como el de piratería, usado por los AFI´s para justificar aquel operativo de marzo de 2006 en el tianguis de la comunidad queretana de Santiago Mezquitán, del cual se derivó el enfrentamiento entre vendedores y agentes y después el supuesto plagio.

“No tenemos por qué meternos en delitos que no están en la causa penal, porque no se consignó ni se hizo averiguación en cuanto a esta mercancía, no tenemos por qué pronunciarnos si eran piratas o no”.

Respecto al contenido de su proyecto, señaló que cada AFI y cada testigo de cargo “narraron los hechos de forma distinta” y que el juez Pedraza “no valoró los careos”.

“Dicen (los agentes) que el pueblo les pidió dinero para resarcir los daños a las mercancías, pero ni siquiera está demostrado en los autos, y en su caso no fueron directamente las mujeres, sino un cerco de la propia población. Tampoco está probado que a los policías se les hubiera dado el dinero para quedar libres, sólo son narraciones”.

Y en torno a la acusación de posesión de cocaína contra Alberta, refirió: “Señalan que se encontró en un puesto dos sobres de cocaína, sí se hallaron, pero no en el radio de disponibilidad o posesión de ella, ni siquiera se acreditó que fuera su puesto”.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 30 de abril.

El fuero de guerra no es impunidad para el Ejército: Federico Ponce

“El fuero de guerra no puede desaparecer; debe permanecer porque es una garantía para la sociedad; no es impunidad para el Ejército. Se equivocan quienes dicen que la milicia protege a los suyos y los cobija en la impunidad, no es cierto”, así lo afirmó el abogado Federico Ponce Rojas en la conferencia magistral que dictó en el aula San Ignacio de Loyola de la Universidad Iberoamericana ante estudiantes y maestros de Derecho y otras disciplinas, también ante el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Manuel Reguera.

Afirmó que los tribunales militares mexicanos cumplen cabalmente con los estándares internacionales sobre jurisdicción y control democrático constitucional de las fuerzas armadas; la justicia militar, señaló, es independiente e imparcial, por lo que negó rotundamente que los tribunales puedan ser considerados especiales y que el código de justicia militar sea de carácter privativo.

Abundó en el hecho de que estos tribunales sí son especializados como lo pueden ser los agrarios, laborales, fiscales y contenciosos administrativos, entre otros, y su función se encuentra regulada en los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna.

El doctor Ponce Rojas reconoció que son las fuerzas militares las primeras en aceptar sus errores, pero que sobre todo los corrige y cuando en algunos casos la justicia civil absuelve a los soldados, la justicia militar los castiga porque es más severa que la civil.

Al comentar sobre la actuación de los gobiernos federal y del Distrito Federal, afirmó ver al procurador Miguel Ángel Mancera entregado de manera absoluta al combate de la delincuencia en la capital del país.

Concluyó que todas las autoridades y los actores sociales deben unirse en un solo esfuerzo para combatir la delincuencia organizada, la violencia y restituir la paz y la convivencia social armónica en el Estado mexicano.

La Crónica, 30 de abril.

Exigen una disculpa pública las indígenas liberadas por orden de la Corte; el juez que las sentenció no será sancionado

En medio de aplausos fueron recibidas en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, luego de haber permanecido por casi cuatro años en el penal de San José el Alto, acusadas falsamente de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, el 26 de marzo de 2006.

Pero eso quedó atrás. Hoy no hay rencores contra las autoridades, que las separaron de sus familias por más de 1,400 días.

Alberta y Teresa solo exigen una cosa: Que se les ofrezca una disculpa pública.

Porque dentro de lo malo, siempre hay algo rescatable. Su nombre: Jazmín, quien se llevó toda la atención durante la conferencia de prensa. Y es que, precisamente hoy es su día. Día del Niño.

Jazmín cumplió un año de edad el 14 de febrero pasado, y fue precisamente en la cárcel junto a su madre Teresa González donde la pasó recluida sin ningún delito que haya cometido…pero ahí nació.

“Por fin voy a poder formar bien una familia que yo tanto deseaba y qué bueno que me dejaron en libertad. Le doy gracias a Dios que soy libre, dijo Teresa, quien lucía ropa típica —que ella teje—, del poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco.

Estas faltas a un proceso de justicia limpio son el inicio, pues Luis Arriaga Valenzuela, del Centro Prodh, asegura que en las cárceles existen alrededor de ocho mil indígenas, de los cuales al 89 por ciento se les violan sus derechos fundamentales como lo es tener un traductor.

“Con la resolución de la Suprema Corte se dio fin a un episodio trágico y lamentable, aunque persisten situaciones similares en el país. Esperamos que este caso abra el camino para poner límites a la actuación arbitraria de las autoridades ante los ciudadanos sobre todo a los más vulnerables”, enfatizó Arriaga Valenzuela.

Aquel 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, las mujeres se opusieron a que los AFI´s decomisaran su mercancía, el único sustento para sobrevivir, lo que culminó en la detención de tres mujeres el 3 de agosto de ese mismo año. Ni siquiera —dicen— llegaron uniformados.

Pero eso quedó atrás. Hoy Jazmín es el nuevo motor que las impulsa para salir adelante. Aunque el temor de ellas a alguna represalia es notorio. “Tenemos miedo”, exclama Teresa.

Dennis A. García, La Crónica, 30 de abril.

Demandan a ley antiinmigrante; detienen en redada a 105 migrantes

La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (Conlamic) presentó una demanda en contra de la ley SB1070 de Arizona, primera referida a la polémica norma, al tiempo que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos interceptó y detuvo a 105 inmigrantes indocumentados cuando caminaban por un área desértica del sur de Arizona.

La Patrulla Fronteriza Indicó que los agentes, que operaban un sistema de vigilancia móvil que permite detectar personas a distancias de hasta 10 kilómetros, vio la noche del miércoles a los indocumentados cuando divididos en tres grupos caminaban rumbo al norte, tras haber cruzado la frontera desde México.

Los agentes, con ayuda desde un helicóptero, pasaron varias horas persiguiendo y al final deteniendo a los inmigrantes, quienes fueron luego trasladados a la estación de la Patrulla Fronteriza en Tucson para su procesamiento y retorno o deportación.

Por lo que se refiere a la demanda contra la ley, el reverendo Miguel Rivera, presidente de la Conlamic expresó que “estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la aplicación”.

La petición —añadió— se debe a que “consideramos que (la ley) viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados”.

La coalición, organización con base en Washington, representa a más de 30 mil iglesias de Estados Unidos, de las cuales un poco más de 300 se encuentran en Arizona, en ciudades como Phoenix, Tucson y Yuma.

“Decidimos actuar inmediatamente en contra de esta ley, representando a toda la comunidad de fe”, dijo Rivera, quien subrayó que el 38 por ciento de los feligreses de la coalición son precisamente inmigrantes indocumentados.

“Esta es una ley estatal no sólo antiinmigrante, sino también en contra de todos los latinos en Estados Unidos”, afirmó el reverendo.

La presentación de la primera demanda en contra de la controvertida ley estatal coincidió con el anuncio formulado el miércoles por el alguacil del condado Maricopa (Arizona) , Joe Arpaio, famoso por su mano dura contra la inmigración ilegal, en el sentido de que ayer jueves iniciaría —cosa que ocurrió efectivamente— un nuevo operativo en contra del crimen y la inmigración indocumentada.

MARICOPA, REDADA 15. Los 105 detenidos ayer forman el segundo grupo numeroso de indocumentados detenido en el sur de Arizona en los últimos días, luego del arresto de 67 inmigrantes ilegales el pasado 22 de abril.

Mientras tanto, el alguacil de Maricopa, Arpaio, dijo que la nueva redada (ayer jueves) sería contra inmigrantes ilegales y delincuentes, y se abstuvo de informar en cuáles zonas del condado a su cargo llevaría a cabo la búsqueda de indocumentados.

No obstante, explicó que se concentraría en zonas de alta criminalidad, en busca de contrabandistas de inmigrantes y las casas que se utilizan para ocultar a los indocumentados.

En el caso de Maricopa, la de ayer fue la decimoquinta redada que realiza el temido ‘’sheriff’’ desde principios de 2008.

Sus detractores acusan a los agentes de Arpaio de detener a cualquier persona con aspecto hispano.

“El alguacil Arpaio es el cáncer, la mina, el centro de toda la problemática en Arizona” , afirmó Rivera.

El presidente de Conlamic dijo que se debe de seguir presionando al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que frene las operaciones de Arpaio en Arizona.

CUNDE EJEMPLO.

El alcalde de la localidad californiana de Costa Mesa, Allan Mansoor, se ha propuesto endurecer las políticas municipales contra la inmigración ilegal para que su ciudad no sea un “santuario”, informó hoy el diario Los Ángeles Times.

El edil señaló que existen “vacíos jurídicos” en las leyes locales, estatales y federales que permiten a los inmigrantes permanecer en el país incluso después de haber sido contactados por la policía.

“Costa Mesa no es una ciudad santuario y, de hecho, es una ciudad regida por la ley cuando se trata de inmigración”, dijo Mansoor, quien anunció la puesta en marcha de unas sesiones municipales para estudiar cómo afrontar la presencia de personas en situación irregular en la zona.

Entre las cuestiones a tratar que planteó el alcalde destacaron si es lícito que las fuerzas del orden acepten un documento de identificación emitido por el consulado mexicano, o si es necesaria una formación especial para que los agentes traten con asuntos migratorios e interroguen a sospechosos.

Asimismo Mansoor planteó la posibilidad de que el ayuntamiento exija a las empresas de la ciudad que verifiquen el estado legal de sus trabajadores, si bien no anunció medidas específicas.

Mansoor negó que su propuesta tuviese algo que ver con la nueva regulación de Arizona o con su campaña para ocupar un puesto vacante en el Legislativo de California.

La Crónica, 30 de abril.

Piden silencio a Chávez y Correa

BOGOTÁ.- Las recientes declaraciones de los Presidentes de Venezuela y Ecuador, Hugo Chávez y Rafael Correa, respectivamente, sobre la campaña colombiana han provocado que los principales candidatos pidieran a estos Mandatarios no comentar sobre los próximos comicios presidenciales.

"La intromisión, por supuesto que la rechazamos. Lo que quieren los Presidentes Chávez y Correa es detenerme en la carrera a la presidencia", dijo el abanderado oficialista Juan Manuel Santos en el tercer debate entre candidatos celebrado la noche del martes. La mayoría de sus rivales respaldó el comentario.

En tanto, el candidato del Polo Democrático y ex jefe de la desmovilizada guerrilla M-19, Gustavo Petro, exigió ayer a Chávez que respete a la izquierda colombiana, a la que llamó "cobardona".

Reforma, 29 de abril.

Lanzan a Mockus las redes sociales

BOGOTÁ.- El candidato del Partido Verde y ex Alcalde de Bogotá Antanas Mockus, quien se ha convertido en un fenómeno en la campaña electoral por la presidencia de Colombia, es quien más provecho ha sacado a redes sociales como Facebook y Twitter para ganar adeptos.

Al cierre de esta edición, los 471 mil 760 seguidores de su cuenta oficial en Facebook dejaban muy atrás a los 81 mil 400 de Juan Manuel Santos, ex Ministro de Defensa y delfín político del Presidente Álvaro Uribe.

Y en Twitter no es diferente. Mockus acumulaba 21 mil 812 seguidores, mientras que la cuenta oficial de la campaña de Santos, UneteaSantos, tenía apenas mil 652 seguidores.

Incluso sumando tres direcciones más, las cuales no son oficiales, Santos apenas rebasa los 5 mil seguidores.

El propio Mockus atribuye buena parte de su repunte en las encuestas a la movilización ciudadana con ayuda del cambio tecnológico.

"La gente en los computadores se autoorganiza con entusiasmo y de una manera impresionantemente eficaz", dijo el candidato a REFORMA.

Algunos expertos han advertido que este apoyo en las redes virtuales no necesariamente se traducirá en votos reales en las urnas, pero las encuestas más recientes en Colombia parecen evidenciar lo contrario.

Los dos más recientes sondeos de intención de voto colocan a Mockus a escasos puntos detrás de Santos, quien va a la cabeza rumbo a la primera vuelta de los comicios del 30 de mayo.

Pero, de cara a una segunda vuelta, a realizarse el 20 de junio, ambos sondeos prevén que Mockus derrotaría a Santos.

A la par de una campaña en público igualmente intensa, es Mockus quien más personas ha convocado en las redes virtuales en Colombia, donde hay unos 20 millones de usuarios de internet.

Para la ex concejal y recién electa congresista del Partido Verde Gilma Jiménez, el apoyo a Mockus en internet es apenas una expresión de la movilización real detrás del candidato.

"La gente viene a comprar la camiseta de Mockus, estos afiches (carteles) son hechos por la gente", dijo Jiménez a la televisión local.

"Hay una movilización ciudadana muy fuerte. Facebook y Radio Bemba en frecuencia lengüilarga, es decir, la gente divulgando la propuesta y al candidato", opinó el ex Alcalde bogotano Luis Eduardo Garzón, otro jefe de campaña de Mockus.

El repunte del candidato verde ha sido comparado en Colombia con el fenómeno en que también se convirtió el hoy Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuya campaña potenció el uso electoral de las redes sociales.




Mano a mano

Según una encuesta de Invamer Gallup divulgada ayer, Juan Manuel Santos y Antanas Mockus registran un empate técnico en Colombia.

34.2% Juan Manuel
Santos
(Partido de la U)



31.6%
Antanas
Mockus
(Partido Verde)



3.3
Puntos
porcentuales
Margen de error

Octavio Pineda corresponsal, Reforma, 29 de abril.

'Afilia' Amalia a Pepe Aguilar

ZACATECAS, Zac.- El cantante zacatecano Pepe Aguilar promueve obras y programas del Gobierno de Amalia García en dos spots.

"Qué tal paisanos, soy Pepe Aguilar, y esta vez quiero decirles lo orgulloso que me siento de ser zacatecano. Un estado que adoro, un estado que quiero con toda mi alma.

"Desde que era muy chiquillo jamás había visto un Zacatecas tan hermoso. Lo que ahora tenemos en Zacatecas los zacatecanos es mucho orgullo por nuestra tierra.

"Zacatecas tiene otra cara una muy bonita conócela. Por eso hay que seguirle por ahí", dice Aguilar mientras al fondo aparecen imágenes de obras como la remodelación de la Plazuela Miguel Auza, el Palacio de Convenciones y aspectos de Ciudad Gobierno.

En el segundo spot, el cantante destaca logros del Gobierno perredista en educación. "Por eso hay que seguirle por ahí", insiste.

Los dos mensajes cierran con la leyenda: "Zacatecas nos une".

Amalia García defendió los promocionales del cantante y aseguró que fueron aprobados por las autoridades electorales.

"A mí me complace mucho que un zacatecano tan querido, que tiene presencia nacional e internacional, se sienta tan orgulloso del trabajo que se está haciendo en su propia tierra.

"Tengo entendido que los spots los aprobó el Instituto Federal Electoral, que son del PRD y los partidos, y de acuerdo con la ley pueden publicitar la obra de sus gobiernos", argumentó la Gobernadora perredista.

En tanto, Antonio Mejía, candidato del sol azteca y de Convergencia a la Gubernatura, sostuvo que los spots de Aguilar no tienen tintes electorales.

Gerardo Romo corresponsal, Reforma, 29 de abril.

Va ley de medios... en septiembre

Los senadores acordaron dejar el dictamen sobre ley de medios para después de las elecciones del 4 de julio.

Los coordinadores del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Carlos Navarrete, dijeron ayer que abrirán un periodo de cuatro meses para las consultas con empresarios del sector, con el fin de discutir un proyecto en septiembre.

"Es un tema que no está cancelado pero sí pospuesto, para que en septiembre tengamos condiciones para arribar a una reforma de medios de comunicación", consideró Navarrete.

"No hay que confundir las formas con el fondo.

"Es darle un proceso abierto de discusión en las comisiones, donde se reciban todas las opiniones de los especialistas, actores, para ir afianzando cada uno de los puntos", añadió Madero.

Érika Hernández y Claudia Guerrero, Reforma, 29 de abril.

Castiga Senado traición militar

El Senado aprobó ayer una reforma al Código de Justicia Militar para castigar con una pena de entre 30 y 60 años de prisión a los elementos de las fuerzas armadas que cometan traición, por incorporarse a la delincuencia organizada.

El dictamen fue aprobado por 63 votos a favor de los senadores del PAN y PRI, frente a 20 en contra de los legisladores del PRD, PT y Convergencia.

Las modificaciones, que fueron turnadas a la Cámara de Diputados, contemplan una sanción de entre 15 y 60 años de cárcel, más la baja de la corporación, al militar que utilice la fuerza, embarcación, aeronave, o cualquier otro bien o recurso humano que tenga bajo su cargo o mando a favor de cualquier miembro de la delincuencia organizada.

El castigo aplicará también al soldado que proporcione protección o facilidades, adiestramiento, capacitación o conocimientos militares a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, en la plaza o cargo que le fue asignado.

La pena de cárcel procederá cuando un militar induzca al personal que tenga bajo su mando, o a las tropas, para que presten algún servicio a cualquier miembro de organizaciones criminales.

La reforma castiga el reclutamiento de personal militar con fines ilícitos.

En el dictamen, los senadores decidieron avalar la propuesta enviada por el Presidente Felipe Calderón para sancionar a los elementos de las fuerzas armadas que incumplan sus obligaciones para actuar contra la delincuencia u obstaculicen las acciones militares -o de cualquier otra autoridad- en contra de los criminales.

"Se sancionará con pena de prisión de quince a sesenta años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que no ejecute una orden del servicio o la modifique de propia autoridad, en ambos casos, para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

"Y a quien falsifique o altere un documento o instrumento que contenga información relativa a las operaciones de las Fuerzas Armadas o autoridad competente en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o a sabiendas de que se trata de documentos o instrumentos falsificados o alterados, haga uso de ellos", señala el dictamen.

Con la reforma se pretende penalizar a quien proporcione a sus superiores información diferente u omita datos sobre las acciones de combate al crimen y sus resultados.

Los legisladores federales buscan que se castigue a quien conduzca o guíe las actividades de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa y proteja, ponga en libertad o facilite la fuga de los delincuentes.

Durante el debate, los senadores del PRD, Tomás Torres, y de Convergencia, Eugenio Govea, cuestionaron la proporcionalidad de la pena, tras recordar que la traición a las fuerzas armadas será sancionada como si fuera un delito más grave que el propio homicidio calificado.

"Los militares serán sancionados con pena corporal más enérgica todavía que los narcotraficantes, me parece que no puede ser concebible, no hay una relación, no hay proporcionalidad", reclamó Govea.

La reforma que adiciona el Libro Segundo del Código de Justicia Militar fue propuesta desde el 23 de abril de 2009 por el Presidente Felipe Calderón.

Tras un año de permanecer congelada en las comisiones de Defensa Nacional y Estudios Legislativos, los senadores decidieron dictaminarla como resultado de los cabildeos del General Secretario, Guillermo Galván Galván, quien pidió a los coordinadores parlamentarios endurecer los castigos contra los militares desertores.

Claudia Guerrero y Érika Hernández, Reforma, 29 de abril.

Ruega Castro a Dios que minuta no pase

Juan de Dios Castro, subprocurador de derechos humanos de la PGR, rogó a Dios para que que la minuta de reforma a la Ley de Derechos Humanos que aprobó el Senado sea rechazada por los diputados, con el argumento de que presenta problemas de origen.

"Ruego a Dios que la Cámara de Diputados no apruebe esta minuta del Senado en los términos en que viene aprobada por la Cámara de Senadores. Espero no escandalizar a nadie", lanzó durante su intervención en el Seminario sobre la reforma constitucional para fortalecer la defensa de los derechos humanos en México.

Argumentó que la reforma hace improcedente el amparo contra la violación de la parte de los derechos humanos que no sean garantías individuales.

"Hay derechos humanos que no están contenidos en el título de la Constitución, por lo que no entran en la protección. Cuando se apruebe la reforma del Senado en materia de amparo, entonces se estará de acuerdo, no antes", afirmó.

Criticó la reforma porque otorga a la CNDH, en lugar de la Suprema Corte de Justicia, la facultad de investigar las violaciones a las garantías individuales, pero nada asegura que se vaya a cumplir a cabalidad el mandato.

"Es una verdadera monstruosidad. Me parece que estoy viviendo el siglo XIX. Lo que pasa es que no tenemos democracia en los estados, los gobernadores manejan a los Congresos, manejan a sus ministerios público y procuradores. Lo que pasa es que una declaratoria de la Corte en un Estado haría que el Ministerio Público al conocer iniciara una averiguación previa, ese es el problema", expuso.

Por la mañana, el Ombudsman Raúl Plascencia celebró las modificaciones aprobadas en el Senado en materia de libertades humanas.

Destacó el hecho de dar facultad a la CNDH y a los órganos estatales, de conocer sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en materia laboral, además de investigar hechos que constituyan violaciones a éstos.

Celebró, además, que se proponga el hecho de que funcionarios públicos comparezcan ante el Congreso de la Unión en caso de rechazar o no aceptar una recomendación.

Adriana Alatorre y Ariadna García, Reforma, 29 de abril.

Estanca la ley de DH objeción de Chuayffet

La reforma para elevar a rango constitucional y ampliar la protección de los derechos humanos en México fue atorada ayer por objeciones de diputados del PRI, principalmente de los mexiquenses Emilio Chuayffet y Alfonso Navarrete Prida, así como del queretano Reginaldo Rivera.

El dictamen proveniente del Senado fue avalado en lo general y por unanimidad en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos.

Sin embargo, para la votación en lo particular los legisladores priistas empezaron a promover la reserva de varios artículos.

Navarrete Prida y Rivera se reservaron los artículos 97 y 102 referentes a las facultades de la Corte, mientras que Chuayffet objetó el artículo 29 referente a la facultad del Presidente de restringir o suspender el ejercicio de derechos y garantías en caso de invasión.

Chuayffet, coordinador de los diputados del Edomex y operador de Enrique Peña Nieto en la Cámara, argumentó problemas de técnica legislativa y advirtió que la prisa no era buena consejera para hacer reformas legales.

Las reservas provocaron la duda sobre las consecuencias legales de modificar una reforma que había sido revisada en el Senado y que tenía como origen la propia Cámara de Diputados.

Chuayffet aseguró que la minuta podía ser reformada y devuelta al Senado.

La también priista Diva Hadamira Gastélum interrumpió la discusión para solicitar la opinión del Secretario de Servicios Parlamentarios, Emilio Suárez, a fin de que precisara qué sucedía si modificaban la minuta.

Suárez expuso que el Senado podría no aceptar cambios porque ha "interpretado" que sólo se puede aceptar o rechazar el documento, y advirtió el riesgo de una controversia entre Cámaras.

Navarrete Prida dijo que la reforma era "buena en lo general", pidió seguir con el procedimiento de las reservas y solicitó que si un artículo era modificado, se mandara esa "observación" al Senado.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira, aprovechó el llamado a la votación de dictámenes en el pleno para declarar un receso en las comisiones unidas, pero ya no se volvieron a reunir y se citó a los legisladores para este jueves.

Fuentes del PRI en ambas comisiones reconocieron que no hay acuerdo interno, y que los mexiquenses estaban en desacuerdo con avalar reformas provenientes del Senado.



Otro atorón

Previamente, Chuayffet ya había detenido otra reforma constitucional proveniente del Senado, pues desde el martes se opuso a la redacción sobre el derecho a la alimentación.

En lugar de aceptar la reforma del Senado, propuso modificaciones al texto.

Para salvar la reforma, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales acordaron ayer rechazar la reforma del Senado, pero en lugar de votar el tema en el pleno presentarán la iniciativa de Chuayffet para comenzar un nuevo proceso legislativo.




Sin acuerdos

Entre los artículos constitucionales que han sido objetados están:

Artículo 29

En caso de invasión o perturbación grave de la paz pública, el Presidente -con la aprobación del Congreso- podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a la situación.



Artículo 97

La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.



Artículo 102

Entre otros temas, la CNDH puede pedir que el Congreso cite a funcionarios que se niegan a aceptar recomendaciones. También le da facultades de "autoridad investigadora" en hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.

Claudia Salazar, Carole Simonnet y Armando Estrop, Reforma, 29 de abril.

Critica AI que México aplica su 'Ley Arizona'

Para Amnistía Internacional México violenta los derechos humanos de los migrantes, aunque no tenga una ley como la que se acaba de aprobar en Arizona.

"En México no existe la ley como tal de Arizona, pero sí existe un abuso de poderes por parte de policías que resultan en detenciones arbitrarias contra migrantes, extorsión o que son entregados a bandas de delincuentes.

"Y cuando existe en la práctica eso, a pesar de que no esté sustentado en la ley, y el Estado no tome las medidas para evitar, cuando no sanciona a los responsables, entonces sí es de preocupación muy grave", dijo Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional.

Entrevistado al concluir la presentación del informe "Víctimas Invisibles: migrantes en movimiento en México", dijo que AI respalda la petición del gobierno mexicano en contra de la ley antiinmigrante de Arizona, pero hace un llamado a que realice las mismas acciones de respeto al derecho de los migrantes en el País.

"Tiene todo el derecho y debe hacerlo (rechazar la ley de Arizona), apoyamos los esfuerzos que están haciendo para la reforma de esa ley y garanticen que no hay discriminación contra migrantes en Estados Unidos.

"Para nosotros lo fundamental es que la energía y los esfuerzos que usen a ese nivel internacional se traduzcan en una actuación contundente a nivel nacional y eso es lo que no hemos visto actualmente", sostuvo Knox.

El especialista en derechos humanos manifestó su preocupación respecto a la Ley Antiinmigrante de Arizona y reiteró el llamado que el organismo hizo a las autoridades de ese estado para anularla.

"Vemos que la ley va a hacer un instrumento que incentiva la discriminación y resulta en la detención arbitraria de las personas y puede conducir a otros abusos de poder por parte de funcionarios. Cabe destacar que las propias policías de Arizona no quieren esa ley porque les va a poner en una situación muy difícil. Esperamos que se de la anulación y se garantice la no discriminación y la no violación de los derechos humanos de los migrantes", agregó.

AI lamentó las leyes y normas mexicanas para la atención a los menores de edad migrantes, uno de los grupos más vulnerables, no se traducen en la realidad que viven cuando cruzan el territorio nacional.

Daniela Rea, Reforma, 29 de abril.

Ratifican al juez que dictó sentencia

La condena de 21 años contra Alberta Alcántara y Teresa González, revocada ayer por la Suprema Corte, fue dictada por un juez federal con nueve años de experiencia, que ya fue ratificado en su cargo y es inamovible a menos que cometa alguna falta grave.

Rodolfo Pedraza Longi, juez cuarto de distrito en Querétaro, nació en el DF, estudió en la Universidad Autónoma de Puebla a finales de la década de los 70, y tiene una larga carrera en el Poder Judicial de la Federación, donde se inició como actuario en un juzgado federal poblano.

El currículum del juez apunta a una preferencia por el derecho civil, no por el penal. Pero Pedraza Longi es juez mixto, una figura común en estados, donde la carga de trabajo no ha crecido lo suficiente como para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca juzgados especializados.

Eso quiere decir que Pedraza tiene que llevar todo tipo de asuntos, y en todas las materias: amparos contra autoridades penales, laborales y administrativas, y contra decisiones de jueces civiles o familiares; juicios y concursos mercantiles; y procesos penales por delitos federales, entre otros.

Pedraza, quien fue ratificado como juez por el CJF en enero de 2007, condenó a Alcántara y González no una, sino dos veces.

La primera sentencia, dictada en enero de 2009, fue revocada en apelación por el magistrado Hanz Eduardo López Muñoz del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, quien tres meses después ordenó reponer el procedimiento contra ambas indígenas.

Tras desahogar nuevas pruebas y careos entre los agentes de la AFI supuestamente secuestrados y las acusadas, Pedraza las volvió a declarar culpables en febrero de 2010, basado exclusivamente en el dicho de los policías.

Víctor Fuentes, Reforma, 29 de abril.

'Al fin se hizo justicia'

QUERÉTARO.- "Estamos contentas, porque al fin se hizo justicia", fue la única frase que pronunciaron Alberta Alcántara y Teresa González, tras abandonar ayer el penal femenil de San José el Alto.

A bordo de una camioneta de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que las representó jurídicamente, Teresa carga en los brazos a su hija Jazmín de un año dos meses de edad; mientras Alberta, su cuñada, revisa las poca pertenencias que guardó en una bolsa de plástico trasparente.

"Están muy contentas, no caben de alegría de poder gozar su libertad, manifestaron que 'qué bueno que ya regresan con su familia y poder seguir una vida normal'", comentó el subsecretario de Gobierno de Querétaro Alfonso Jiménez Campos.

La notificación de la Corte que permitió la excarcelación de Alcántara y González llegó vía telegrama al penal a las 17:00 horas, su salida se dio una hora después entre el tumulto generado por custodios, medios de comunicación y un grupo de activistas.

Según Gabriel Alcántara Juan, esposo de Teresa González, no han definido como familia el futuro que les depara, sólo tienen claro que su pesadilla terminó.

"Nos da mucho gusto que la Corte sí haga justicia, no como el juez cuarto de Distrito, que había un montón de irregularidades en el expediente. Mi hermana y mi esposa estaban viviendo una injusticia", soltó.

En entrevista, el abogado Andrés Díaz adelantó que una vez que la inocencia de las dos mujeres ha quedado plenamente demostrada, buscarán que les sea reparado el daño que les causaron todos estos años en prisión.

Antonio Baranda y Fernando Paniagua, Reforma, 29 de abril.

Libera Corte a otomíes;... ¿y el usted disculpe?

La decisión de la Suprema Corte de absolver a las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas desde 2006 por el supuesto secuestro de seis agentes de la AFI, evidencia las graves deficiencias en la procuración de justicia, advirtieron expertos.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, manifestó que la Corte avaló los señalamientos que durante años venía haciendo la defensa, primero con Jacinta, y recientemente con Teresa y Alberta.

"Nosotros llevamos casos paradigmáticos que intentan demostrar las graves deficiencias estructurales del sistema de administración de justicia, del sistema de seguridad.

"Teresa y Alberta fueron discriminadas por ser indígenas otomíes. El Estado las juzgó en una sola lengua y en un sistema que no era el suyo. Hubo una discriminación en razón del género y en razón de la condición económica de las mujeres. Es un sistema de justicia que va en contra de los más pobres", dijo.

Ayer, la Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad y sin debate que no se acreditó ni siquiera que hubo un secuestro, pues los agentes incurrieron en múltiples contradicciones y no hay evidencia adicional sobre la participación de las acusadas.

Ambas mujeres fueron liberadas ayer por la tarde del Cereso Femenil de San José El Alto en Querétaro, al ser revocada la condena de 21 años de cárcel impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi.

"Advertimos desde un principio que este asunto era de excepcional trascendencia, de entrada parecía un asunto que olía a injusticia", dijo el ministro Arturo Zaldívar, "y hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada".

"Si es verdad que un solo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables lo es más", agregó.

Gloria Ramírez, directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que la sentencia de la Corte pone de manifiesto las irregularidades de un aparato de justicia que está dirigido al poder y que excluye a los pueblos indígenas.

Afirmó que es indispensable garantizar la reparación del daño y sobre todo, sancionar a los responsables de las irregularidades del proceso que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos de Teresa y Alberta.

En tanto, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que es importante seguir insistiendo en que el juez y los agentes del MP que llevaron el caso deben ser investigados y sancionados.

Explicó que la Corte puede compulsar copias al Consejo de la Judicatura y a la Contraloría Interna de la PGR para que de inmediato se inicie una investigación a los ministerios públicos, a los policías judiciales que participaron y al juez que avaló y mantuvo detenidas injustamente a estas mujeres.

"Si no, no se puede completar la reivindicación de los derechos humanos", consideró el especialista.




Los verdaderos culpables...


En 2006, cuando las indígenas otomíes fueron acusadas, estos funcionarios incurrieron en omisiones y anomalías.


Francisco Javier Campuzano López.


· Subdelegado de Procedimientos Penales "A" de la PGR en Querétaro, fue quien armó y avaló la acusación. Actualmente ocupa el mismo cargo.



Álvaro de la Cueva Angulo.


· Delegado de PGR en Querétaro en el momento en que se dan los hechos, era el jefe del MP que integró la averiguación. Posteriormente fungió como delegado de la PGR en Michoacán, y ahora es Procurador fiscal en Baja California Sur.



Rodolfo Pedraza Longi.

· Juez cuarto de distrito en Querétaro, quien dictó la condena de 21 años contra las otomíes. Tiene nueve años de experiencia, y recientemente ratificado en su cargo.

Silvia Garduño y Víctor Fuentes, Reforma, 29 de abril.