Teresa González y Alberta Alcántara pelearán, a través de Andrés Díaz y Leopoldo Maldonado, abogados del Centro Prodh, por reparación de daños luego de pasar casi cuatro años presas.
El miércoles, la Suprema Corte absolvió a ambas indígenas de la acusación del secuestro de seis agentes federales durante un operativo antipiratería. Ese mismo día, fueron puestas en libertad del Cereso femenil de San José el Alto, en Querétaro.
"Tenemos que hacer la reclamación ante la PGR; constatar con base en la sentencia, que obtendremos en copias certificadas, que no se acredita que existe ningún delito; comprobar la lesión que ellas sufrieron, que fue de carácter personal porque les robaron su libertad: no la debieron haber sufrido", aseguró Díaz.
"También tenemos que acreditar el daño moral, que es algo que se hace con un dictamen de psicología", agregó.
La reparación del daño moral y patrimonial, que es todo lo que ellas dejaron de percibir mientras estuvieron encerradas, se traduce en montos económicos estipulados en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Además, tanto las mujeres como el Centro Prodh demandan una disculpa pública de la PGR.
"Pediría que se nos diera una disculpa pública porque ¿quién nos paga los casi cuatro años que estuvimos en la cárcel injustamente?", manifestó Teresa.
Según los abogados, el marco jurídico mexicano no es lo suficientemente amplio para otorgar una reparación integral del daño tal y como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos.
El miércoles, la Suprema Corte absolvió a ambas indígenas de la acusación del secuestro de seis agentes federales durante un operativo antipiratería. Ese mismo día, fueron puestas en libertad del Cereso femenil de San José el Alto, en Querétaro.
"Tenemos que hacer la reclamación ante la PGR; constatar con base en la sentencia, que obtendremos en copias certificadas, que no se acredita que existe ningún delito; comprobar la lesión que ellas sufrieron, que fue de carácter personal porque les robaron su libertad: no la debieron haber sufrido", aseguró Díaz.
"También tenemos que acreditar el daño moral, que es algo que se hace con un dictamen de psicología", agregó.
La reparación del daño moral y patrimonial, que es todo lo que ellas dejaron de percibir mientras estuvieron encerradas, se traduce en montos económicos estipulados en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Además, tanto las mujeres como el Centro Prodh demandan una disculpa pública de la PGR.
"Pediría que se nos diera una disculpa pública porque ¿quién nos paga los casi cuatro años que estuvimos en la cárcel injustamente?", manifestó Teresa.
Según los abogados, el marco jurídico mexicano no es lo suficientemente amplio para otorgar una reparación integral del daño tal y como lo establece el derecho internacional de los derechos humanos.
Silvia Garduño, Reforma, 30 de abril.
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