México perdió una vez más la oportunidad de generar una reforma integral a la ley de medios que ofrezca certeza y garantice el derecho a la libertad de expresión y de prensa, lamentó anoche Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mientras en el Senado, el coordinador de los legisladores panistas, Gustavo Madero, rechazó que el gobierno de Felipe Calderón y su partido hayan presionado a sus correligionarios para frenar la iniciativa.
Sin embargo, el dirigente de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que no prosperó la “maniobra” por la que se pretendía cobrarse “agravios o venganzas” contra algunos concesionarios de medios electrónicos.
Para Brunori, toda normatividad en la materia debe tener entre sus objetivos centrales el respeto al derecho a la libertad de expresión, el acceso de todas las personas a los medios de comunicación sin ninguna restricción, especialmente a las radios indígenas y comunitarias, así como la pluralidad y libre competencia que eviten la concentración del espectro radioeléctrico.
Recordó que los años recientes han sido particularmente violentos para el periodismo en México, y aludió al asesinato y desaparición de comunicadores.
Dijo que el Estado debe asumir su responsabilidad por acción y omisión, investigar los hechos, procesar a los presuntos responsables, juzgarlos y, en su caso, aplicarles las sanciones correspondientes, así como reparar los daños a las víctimas y sus familiares.
A su vez, Madero sostuvo que su bancada está comprometida con el nuevo marco jurídico en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y buscará los consensos para lograr una reforma. El tema fracturó a la bancada blanquiazul, donde 19 de sus 51 integrantes insistían en que se aprobara conjuntamente con el PRD. Los perredistas no estuvieron de acuerdo con desaparecer la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Sin embargo, el dirigente de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que no prosperó la “maniobra” por la que se pretendía cobrarse “agravios o venganzas” contra algunos concesionarios de medios electrónicos.
Para Brunori, toda normatividad en la materia debe tener entre sus objetivos centrales el respeto al derecho a la libertad de expresión, el acceso de todas las personas a los medios de comunicación sin ninguna restricción, especialmente a las radios indígenas y comunitarias, así como la pluralidad y libre competencia que eviten la concentración del espectro radioeléctrico.
Recordó que los años recientes han sido particularmente violentos para el periodismo en México, y aludió al asesinato y desaparición de comunicadores.
Dijo que el Estado debe asumir su responsabilidad por acción y omisión, investigar los hechos, procesar a los presuntos responsables, juzgarlos y, en su caso, aplicarles las sanciones correspondientes, así como reparar los daños a las víctimas y sus familiares.
A su vez, Madero sostuvo que su bancada está comprometida con el nuevo marco jurídico en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, y buscará los consensos para lograr una reforma. El tema fracturó a la bancada blanquiazul, donde 19 de sus 51 integrantes insistían en que se aprobara conjuntamente con el PRD. Los perredistas no estuvieron de acuerdo con desaparecer la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 29 de abril.
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