La defensa de las indígenas queretanas, Alberta Alcántara y Teresa González, celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anunció que en breve promoverán un juicio para pedir la reparación del daño que se les causó por haber permanecido casi cuatro años en una prisión de Querétaro de manera injusta.
Al salir de la sala de sesiones de la Corte, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien asumió la defensa legal de las dos indígenas, dijo que en su opinión tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el juez Rodolfo Pedraza deben responder por este caso, pues ambos tienen responsabilidades.
La PGR, aseguró, porque en ningún momento se registró el secuestro por el que acusó a Alberta, Teresa y a Jacinta Francisco Marciel —quien salió en libertad desde el año pasado luego de que la Procuraduría estimara que en su caso había una “duda razonable”— y el juez porque no ponderó adecuadamente todos los elementos probatorios del caso.
La decisión de la Corte, aseguró Arriaga, confirma de manera fehaciente las graves deficiencias que hay en el sistema de justicia del país.
Por eso, agregó, es necesario concretar una profunda reforma a los cuerpos policiacos y a la Procuraduría General de la República, que no sólo promueve acusaciones sin fundamento, sino que además se ensaña, porque en el caso de Alberta y Teresa pidió la pena máxima.
Al salir de la sala de sesiones de la Corte, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien asumió la defensa legal de las dos indígenas, dijo que en su opinión tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como el juez Rodolfo Pedraza deben responder por este caso, pues ambos tienen responsabilidades.
La PGR, aseguró, porque en ningún momento se registró el secuestro por el que acusó a Alberta, Teresa y a Jacinta Francisco Marciel —quien salió en libertad desde el año pasado luego de que la Procuraduría estimara que en su caso había una “duda razonable”— y el juez porque no ponderó adecuadamente todos los elementos probatorios del caso.
La decisión de la Corte, aseguró Arriaga, confirma de manera fehaciente las graves deficiencias que hay en el sistema de justicia del país.
Por eso, agregó, es necesario concretar una profunda reforma a los cuerpos policiacos y a la Procuraduría General de la República, que no sólo promueve acusaciones sin fundamento, sino que además se ensaña, porque en el caso de Alberta y Teresa pidió la pena máxima.
Carlos Avilés, El Universal, 29 de abril.
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