El paso de migrantes centroamericanos por México que se dirigen a Estados Unidos se ha convertido en uno de los viajes más peligrosos del mundo.
Amnistía Internacional (AI) documentó que sufren discriminación, xenofobia, abusos de funcionarios públicos, ataques de traficantes de personas y secuestros, sin que el Estado mexicano adopte medidas para evitar esas agresiones.
En su informe más reciente: Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, AI señala que en pocos casos queda constancia oficial de las agresiones contra los migrantes, y “prácticamente ninguno” de quienes los atacan “llega a ser enjuiciado”.
De acuerdo con el organismo internacional, en su paso por México todos los migrantes indocumentados corren peligro de sufrir abusos, “pero mujeres, niños y niñas –principalmente los que no van acompañados– son especialmente vulnerables. Corren grave peligro de ser objeto de trata y de sufrir agresiones sexuales de delincuentes, otros migrantes y funcionarios corruptos”.
Con base en cálculos de organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia, hasta seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes “sufren violencia sexual durante el viaje”.
Ayer, al presentar el informe en el Distrito Federal, Rupert Knox, investigador sobre México de AI, dijo que si bien el país no tiene una ley antinmigrante como la recién aprobada en Arizona, Estados Unidos, los abusos contra migrantes centroamericanos representan un grave problema.
“No hay una ley discriminatoria en el país, pero en la práctica existe para muchos migrantes la actuación arbitraria de policías municipales y estatales, que no son sancionados, y eso es un problema muy grave. Exigimos que se analicen los dos lados de la moneda con mucha seriedad”, sostuvo.
Insistió en que “hay abuso de poder de policías en las detenciones arbitrarias contra migrantes, que pueden resultar en una extorsión o en que esas personas sean entregadas a bandas de delincuentes”.
Afirmó que el Estado no adopta medidas para “evitar esos abusos, y cuando no sanciona a los responsables entonces sí hay una preocupación muy grave; por esa razón estamos publicando este informe, cuestionando a las autoridades para que asuman este asunto de manera muy seria”.
En el documento se denuncia que en México a los migrantes indocumentados “se les niega el acceso efectivo al sistema de justicia”, lo cual los ubica en “mayor peligro de sufrir abusos.
“Excluidos de la sociedad y sin la protección efectiva de la ley, se ven condenados a una vida marginal, vulnerables a la explotación de bandas delictivas y a los funcionarios corruptos, e ignorados en gran medida por las autoridades que deberían protegerlos de los abusos contra los derechos humanos.”
Estados peligrosos
AI considera para su análisis el informe especial que en 2009 publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para documentar la “alarmante cantidad de secuestros de migrantes por bandas delictivas, y los abusos relacionados con ellos”, especialmente en los estados que incluyen las rutas de los trenes de carga utilizados por los centroamericanos para su traslado, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Advierte que aunque el gobierno mexicano promueva activamente el respeto a los derechos de esas personas, haya ratificado prácticamente los principales tratados de derechos humanos y reconocido que los centroamericanos que utilizan su territorio como paso para llegar a Estados Unidos deben gozar de esas garantías, las investigaciones del organismo indican que los abusos siguen.
Los migrantes indocumentados siguen “teniendo baja prioridad para muchas autoridades estatales y federales, especialmente si no hay indicios claros de la implicación directa de funcionarios. No obstante, en muchos casos, que a primera vista parecen obra exclusiva de bandas delictivas, existen indicios de que hay funcionarios implicados en cierto grado, ya sea directamente o mediante su complicidad o aquiescencia”.
El informe de AI se centra en “la falta de medidas del Estado (mexicano) para garantizar la prevención, detección, investigación, sanción y reparación efectiva de esos abusos; una falta de medidas que da lugar a un clima de desatención e impunidad”.
El informe contiene 26 recomendaciones dirigidas a autoridades federales y estatales en busca de respeto y protección para los derechos de los migrantes centroamericanos en situación irregular en México.
Amnistía Internacional (AI) documentó que sufren discriminación, xenofobia, abusos de funcionarios públicos, ataques de traficantes de personas y secuestros, sin que el Estado mexicano adopte medidas para evitar esas agresiones.
En su informe más reciente: Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, AI señala que en pocos casos queda constancia oficial de las agresiones contra los migrantes, y “prácticamente ninguno” de quienes los atacan “llega a ser enjuiciado”.
De acuerdo con el organismo internacional, en su paso por México todos los migrantes indocumentados corren peligro de sufrir abusos, “pero mujeres, niños y niñas –principalmente los que no van acompañados– son especialmente vulnerables. Corren grave peligro de ser objeto de trata y de sufrir agresiones sexuales de delincuentes, otros migrantes y funcionarios corruptos”.
Con base en cálculos de organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia, hasta seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes “sufren violencia sexual durante el viaje”.
Ayer, al presentar el informe en el Distrito Federal, Rupert Knox, investigador sobre México de AI, dijo que si bien el país no tiene una ley antinmigrante como la recién aprobada en Arizona, Estados Unidos, los abusos contra migrantes centroamericanos representan un grave problema.
“No hay una ley discriminatoria en el país, pero en la práctica existe para muchos migrantes la actuación arbitraria de policías municipales y estatales, que no son sancionados, y eso es un problema muy grave. Exigimos que se analicen los dos lados de la moneda con mucha seriedad”, sostuvo.
Insistió en que “hay abuso de poder de policías en las detenciones arbitrarias contra migrantes, que pueden resultar en una extorsión o en que esas personas sean entregadas a bandas de delincuentes”.
Afirmó que el Estado no adopta medidas para “evitar esos abusos, y cuando no sanciona a los responsables entonces sí hay una preocupación muy grave; por esa razón estamos publicando este informe, cuestionando a las autoridades para que asuman este asunto de manera muy seria”.
En el documento se denuncia que en México a los migrantes indocumentados “se les niega el acceso efectivo al sistema de justicia”, lo cual los ubica en “mayor peligro de sufrir abusos.
“Excluidos de la sociedad y sin la protección efectiva de la ley, se ven condenados a una vida marginal, vulnerables a la explotación de bandas delictivas y a los funcionarios corruptos, e ignorados en gran medida por las autoridades que deberían protegerlos de los abusos contra los derechos humanos.”
Estados peligrosos
AI considera para su análisis el informe especial que en 2009 publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para documentar la “alarmante cantidad de secuestros de migrantes por bandas delictivas, y los abusos relacionados con ellos”, especialmente en los estados que incluyen las rutas de los trenes de carga utilizados por los centroamericanos para su traslado, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Advierte que aunque el gobierno mexicano promueva activamente el respeto a los derechos de esas personas, haya ratificado prácticamente los principales tratados de derechos humanos y reconocido que los centroamericanos que utilizan su territorio como paso para llegar a Estados Unidos deben gozar de esas garantías, las investigaciones del organismo indican que los abusos siguen.
Los migrantes indocumentados siguen “teniendo baja prioridad para muchas autoridades estatales y federales, especialmente si no hay indicios claros de la implicación directa de funcionarios. No obstante, en muchos casos, que a primera vista parecen obra exclusiva de bandas delictivas, existen indicios de que hay funcionarios implicados en cierto grado, ya sea directamente o mediante su complicidad o aquiescencia”.
El informe de AI se centra en “la falta de medidas del Estado (mexicano) para garantizar la prevención, detección, investigación, sanción y reparación efectiva de esos abusos; una falta de medidas que da lugar a un clima de desatención e impunidad”.
El informe contiene 26 recomendaciones dirigidas a autoridades federales y estatales en busca de respeto y protección para los derechos de los migrantes centroamericanos en situación irregular en México.
Alma Muñoz, La Jornada, 29 de abril.
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