La decisión de la Suprema Corte de absolver a las indígenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas desde 2006 por el supuesto secuestro de seis agentes de la AFI, evidencia las graves deficiencias en la procuración de justicia, advirtieron expertos.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, manifestó que la Corte avaló los señalamientos que durante años venía haciendo la defensa, primero con Jacinta, y recientemente con Teresa y Alberta.
"Nosotros llevamos casos paradigmáticos que intentan demostrar las graves deficiencias estructurales del sistema de administración de justicia, del sistema de seguridad.
"Teresa y Alberta fueron discriminadas por ser indígenas otomíes. El Estado las juzgó en una sola lengua y en un sistema que no era el suyo. Hubo una discriminación en razón del género y en razón de la condición económica de las mujeres. Es un sistema de justicia que va en contra de los más pobres", dijo.
Ayer, la Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad y sin debate que no se acreditó ni siquiera que hubo un secuestro, pues los agentes incurrieron en múltiples contradicciones y no hay evidencia adicional sobre la participación de las acusadas.
Ambas mujeres fueron liberadas ayer por la tarde del Cereso Femenil de San José El Alto en Querétaro, al ser revocada la condena de 21 años de cárcel impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi.
"Advertimos desde un principio que este asunto era de excepcional trascendencia, de entrada parecía un asunto que olía a injusticia", dijo el ministro Arturo Zaldívar, "y hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada".
"Si es verdad que un solo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables lo es más", agregó.
Gloria Ramírez, directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que la sentencia de la Corte pone de manifiesto las irregularidades de un aparato de justicia que está dirigido al poder y que excluye a los pueblos indígenas.
Afirmó que es indispensable garantizar la reparación del daño y sobre todo, sancionar a los responsables de las irregularidades del proceso que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos de Teresa y Alberta.
En tanto, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que es importante seguir insistiendo en que el juez y los agentes del MP que llevaron el caso deben ser investigados y sancionados.
Explicó que la Corte puede compulsar copias al Consejo de la Judicatura y a la Contraloría Interna de la PGR para que de inmediato se inicie una investigación a los ministerios públicos, a los policías judiciales que participaron y al juez que avaló y mantuvo detenidas injustamente a estas mujeres.
"Si no, no se puede completar la reivindicación de los derechos humanos", consideró el especialista.
Los verdaderos culpables...
En 2006, cuando las indígenas otomíes fueron acusadas, estos funcionarios incurrieron en omisiones y anomalías.
Francisco Javier Campuzano López.
· Subdelegado de Procedimientos Penales "A" de la PGR en Querétaro, fue quien armó y avaló la acusación. Actualmente ocupa el mismo cargo.
Álvaro de la Cueva Angulo.
· Delegado de PGR en Querétaro en el momento en que se dan los hechos, era el jefe del MP que integró la averiguación. Posteriormente fungió como delegado de la PGR en Michoacán, y ahora es Procurador fiscal en Baja California Sur.
Rodolfo Pedraza Longi.
· Juez cuarto de distrito en Querétaro, quien dictó la condena de 21 años contra las otomíes. Tiene nueve años de experiencia, y recientemente ratificado en su cargo.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, manifestó que la Corte avaló los señalamientos que durante años venía haciendo la defensa, primero con Jacinta, y recientemente con Teresa y Alberta.
"Nosotros llevamos casos paradigmáticos que intentan demostrar las graves deficiencias estructurales del sistema de administración de justicia, del sistema de seguridad.
"Teresa y Alberta fueron discriminadas por ser indígenas otomíes. El Estado las juzgó en una sola lengua y en un sistema que no era el suyo. Hubo una discriminación en razón del género y en razón de la condición económica de las mujeres. Es un sistema de justicia que va en contra de los más pobres", dijo.
Ayer, la Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad y sin debate que no se acreditó ni siquiera que hubo un secuestro, pues los agentes incurrieron en múltiples contradicciones y no hay evidencia adicional sobre la participación de las acusadas.
Ambas mujeres fueron liberadas ayer por la tarde del Cereso Femenil de San José El Alto en Querétaro, al ser revocada la condena de 21 años de cárcel impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi.
"Advertimos desde un principio que este asunto era de excepcional trascendencia, de entrada parecía un asunto que olía a injusticia", dijo el ministro Arturo Zaldívar, "y hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada".
"Si es verdad que un solo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables lo es más", agregó.
Gloria Ramírez, directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, afirmó que la sentencia de la Corte pone de manifiesto las irregularidades de un aparato de justicia que está dirigido al poder y que excluye a los pueblos indígenas.
Afirmó que es indispensable garantizar la reparación del daño y sobre todo, sancionar a los responsables de las irregularidades del proceso que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos de Teresa y Alberta.
En tanto, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que es importante seguir insistiendo en que el juez y los agentes del MP que llevaron el caso deben ser investigados y sancionados.
Explicó que la Corte puede compulsar copias al Consejo de la Judicatura y a la Contraloría Interna de la PGR para que de inmediato se inicie una investigación a los ministerios públicos, a los policías judiciales que participaron y al juez que avaló y mantuvo detenidas injustamente a estas mujeres.
"Si no, no se puede completar la reivindicación de los derechos humanos", consideró el especialista.
Los verdaderos culpables...
En 2006, cuando las indígenas otomíes fueron acusadas, estos funcionarios incurrieron en omisiones y anomalías.
Francisco Javier Campuzano López.
· Subdelegado de Procedimientos Penales "A" de la PGR en Querétaro, fue quien armó y avaló la acusación. Actualmente ocupa el mismo cargo.
Álvaro de la Cueva Angulo.
· Delegado de PGR en Querétaro en el momento en que se dan los hechos, era el jefe del MP que integró la averiguación. Posteriormente fungió como delegado de la PGR en Michoacán, y ahora es Procurador fiscal en Baja California Sur.
Rodolfo Pedraza Longi.
· Juez cuarto de distrito en Querétaro, quien dictó la condena de 21 años contra las otomíes. Tiene nueve años de experiencia, y recientemente ratificado en su cargo.
Silvia Garduño y Víctor Fuentes, Reforma, 29 de abril.
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