Las otomíes Teresa González y Alberta Alcántara, que fueron liberadas después de permanecer casi cuatro años acusadas falsamente de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, afirmaron tener miedo a represalias. Y lo único que solicitan es una disculpa pública en la que las autoridades reconozcan su error.
Pero sus abogados anunciaron que solicitarán la reparación del daño, que de acuerdo con la legislación de Querétaro podría ser el pago de 20 mil salarios mínimos por los mil 400 días que estuvieron en prisión.
A su vez, Gabriel Alcántara, esposo de Teresa, señaló: “Me gustaría que sí sancionaran a personas como el juez, porque hay mucha gente inocente que está encarcelada por delitos fabricados gracias a ellos. Muchas personas viven en prisión, pero gracias a la Corte vimos que todavía hay gente que en realidad hace su trabajo”.
En conferencia de prensa, Teresa comentó que la justicia existe pero “muy poco. Ojalá y nuestro caso sirva no nada más para que nosotras hayamos salido libres, sino para que muchas de nuestras compañeras que están, no nada más en el Cereso femenil de San José El Alto, sino en todos los demás Ceresos donde tanto hombres como mujeres se encuentran injustamente ahí por un delito que no cometieron… hay mucha gente inocente, y la mayoría es pobre, humilde, que no tenemos dinero para pagar”.
A las autoridades les envió un mensaje: “no hay cómo pagar todo el daño, el tiempo perdido que nos hicieron, el estar lejos de la familia.
“Sí tenemos miedo, pues sí, porque cuando estábamos todavía en el Cerezo pensábamos que estábamos haciendo lo posible por salir libres, pero por nuestra mente pasaba que tal si le iban a hacer algo a nuestra familia. Fue al principio que no quisimos unirnos con doña Jacinta, por lo mismo, de que dijimos que tal si al rato le hacen algo peor a nuestra familia, si a nosotras nos metieron a la cárcel, que más le pueden hacer a mi familia, algo malo.
“Pero al ver que doña Jacinta luchó por su libertad, fue más el valor de decir también nosotras vamos a luchar por nuestra libertad. Que ojalá y todo esté en manos de Dios. Que ellos no hagan nada contra nuestra familia, y ahora que estamos libres pues sí tenemos miedo de que ellos quieran vengarse otra vez de nosotras por haberlos sacado a la luz pública, pero si no los sacábamos a la luz pública siempre iba seguir pasando lo mismo, no nada más con nosotros sino con toda esa gente que es gente humilde como nosotras”.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien llevó la defensoría de las indígenas, afirmó que con esta decisión se dio fin a un episodio trágico y lamentable, aunque persisten situaciones similares en el país. “Constituye un acto de justicia que deseamos que abra el camino para poner límites a la actuación arbitraria de autoridades ante ciudadanos, sobre todo quienes por esta situación de desigualdad y dominación, son vulnerados por criterios de género, pertenencia étnica y condición socioeconómica.
- Claves
Dos delitos
• Alberta Alcántara dijo que la “forma de reparar el daño es un perdón público, si no pudieran reparar el daño económicamente, la verdad pediría un disculpa pública”.
• “Sí tengo miedo porque me detuvieron con engaños también, y cuando estaba en la PGR me dijeron que ninguna india se había atrevido a levantar la voz y por eso me pusieron dos delitos. Aparte de secuestro me pusieron posesión de cocaína... y ya sabían donde vivía mi familia”
México • Eugenia Jiménez, Milenio, 30 de abril.
Pero sus abogados anunciaron que solicitarán la reparación del daño, que de acuerdo con la legislación de Querétaro podría ser el pago de 20 mil salarios mínimos por los mil 400 días que estuvieron en prisión.
A su vez, Gabriel Alcántara, esposo de Teresa, señaló: “Me gustaría que sí sancionaran a personas como el juez, porque hay mucha gente inocente que está encarcelada por delitos fabricados gracias a ellos. Muchas personas viven en prisión, pero gracias a la Corte vimos que todavía hay gente que en realidad hace su trabajo”.
En conferencia de prensa, Teresa comentó que la justicia existe pero “muy poco. Ojalá y nuestro caso sirva no nada más para que nosotras hayamos salido libres, sino para que muchas de nuestras compañeras que están, no nada más en el Cereso femenil de San José El Alto, sino en todos los demás Ceresos donde tanto hombres como mujeres se encuentran injustamente ahí por un delito que no cometieron… hay mucha gente inocente, y la mayoría es pobre, humilde, que no tenemos dinero para pagar”.
A las autoridades les envió un mensaje: “no hay cómo pagar todo el daño, el tiempo perdido que nos hicieron, el estar lejos de la familia.
“Sí tenemos miedo, pues sí, porque cuando estábamos todavía en el Cerezo pensábamos que estábamos haciendo lo posible por salir libres, pero por nuestra mente pasaba que tal si le iban a hacer algo a nuestra familia. Fue al principio que no quisimos unirnos con doña Jacinta, por lo mismo, de que dijimos que tal si al rato le hacen algo peor a nuestra familia, si a nosotras nos metieron a la cárcel, que más le pueden hacer a mi familia, algo malo.
“Pero al ver que doña Jacinta luchó por su libertad, fue más el valor de decir también nosotras vamos a luchar por nuestra libertad. Que ojalá y todo esté en manos de Dios. Que ellos no hagan nada contra nuestra familia, y ahora que estamos libres pues sí tenemos miedo de que ellos quieran vengarse otra vez de nosotras por haberlos sacado a la luz pública, pero si no los sacábamos a la luz pública siempre iba seguir pasando lo mismo, no nada más con nosotros sino con toda esa gente que es gente humilde como nosotras”.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien llevó la defensoría de las indígenas, afirmó que con esta decisión se dio fin a un episodio trágico y lamentable, aunque persisten situaciones similares en el país. “Constituye un acto de justicia que deseamos que abra el camino para poner límites a la actuación arbitraria de autoridades ante ciudadanos, sobre todo quienes por esta situación de desigualdad y dominación, son vulnerados por criterios de género, pertenencia étnica y condición socioeconómica.
- Claves
Dos delitos
• Alberta Alcántara dijo que la “forma de reparar el daño es un perdón público, si no pudieran reparar el daño económicamente, la verdad pediría un disculpa pública”.
• “Sí tengo miedo porque me detuvieron con engaños también, y cuando estaba en la PGR me dijeron que ninguna india se había atrevido a levantar la voz y por eso me pusieron dos delitos. Aparte de secuestro me pusieron posesión de cocaína... y ya sabían donde vivía mi familia”
México • Eugenia Jiménez, Milenio, 30 de abril.
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