La ministra Olga Sánchez Cordero está convencida de que aunque Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan ya están libres después de casi cuatro años de permanecer en prisión siendo inocentes, aún hay cientos de indígenas injustamente recluidas en algún penal mexicano. Sostuvo que el país enfrenta “severos problemas” en su sistema de procuración e impartición de justicia.
“Tenemos esta gran preocupación: queremos, y es nuestro propósito –mediante la defensoría pública, un órgano desconcentrado del Poder Judicial de la Federación (PJF)–, empezar a revisar los expedientes de varias indígenas presas, sobre todo en el sureste mexicano. La mayoría están acusadas de delitos contra la salud”, asegura a este diario una de las dos mujeres que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se le ve cansada, pero alegre. “Ando muy solicitada este día; todos los medios (de comunicación) han querido hablar conmigo, me han felicitado”, explica antes de iniciar la entrevista, efectuada ayer en sus oficinas del máximo tribunal, dos horas antes de que el consejo directivo nacional de la institución denominada Día del Abogado le brindara un homenaje público en reconocimiento a su incuestionable humanismo y sensibilidad de género.
Un día antes, cuatro de sus compañeros avalaron el proyecto de resolución que Sánchez Córdero y su equipo de secretarios elaboraron en sólo cinco semanas. Un récord, sobre todo si se toma en cuenta que en la mayoría de los casos los ministros utilizan el triple de tiempo para elaborar un dictamen.
Durante la charla señala: “Voy a serte franca. El tema de fondo no es si la Corte va o no a revisar los expedientes de estas mujeres indígenas que tenemos detectadas que están siendo procesadas o condenadas ya en el sureste de México, por delitos contra la salud.
“El tema es más profundo: ¿Cuántas Teresas y cuántas Albertas?, o ¿cuántos Teresos y cuántos Albertos existen en este momento en alguna cárcel del país, bajo la misma situación que enfrentaban las dos mujeres que este miércoles fueron liberadas por la Suprema Corte? Yo te diría: ¡muchas!, ¡muchos!”
Al solicitarle una recomendación para jueces y magistrados que analizan y resuelven casos similares al de Teresa y Alberta, responde: “Por conducto de La Jornada quiero hacer llegar el siguiente mensaje: privilegien la presunción de inocencia y no la presunción de culpabilidad, como están acostumbrados a hacer. Revisen los estándares equilibrados para la valoración de las pruebas que se aporten en un proceso. Pero, sobre todo, antes de sentenciar a un imputado no pierdan la perspectiva humana y, aunque sean varones, fortalezcan su sensibilidad para que resuelvan con equidad de género.”
Al referirse al caso de las queretanas Alberta y Teresa, Sánchez Cordero admitió que el juez Rodolfo Pedraza Longi, quien las sentenció a 21 años de cárcel por el presunto secuestro de seis agentes federales, le dio más credibilidad a los dichos de las supuestas víctimas que a las declaraciones de las imputadas, quienes siempre rechazaron haber plagiado a los policías.
Expuso: “francamente nuestros juzgadores tienen en mente una presunción de culpabilidad antes que la presunción de inocencia, porque es una cultura anquilosada eso de que el acusado tiene que demostrar su inocencia, mas nunca se obliga con firmeza (a los fiscales) a que demuestren la culpabilidad de un imputado”.
La ministra también recomendó a los juzgadores que no den más credibilidad a los testimonios rendidos por las supuestas víctimas de un delito –mucho menos a los testigos oculares o protegidos– que a las declaraciones de los indiciados.
Acerca del juez que sentenció en primera instancia a Teresa y Alberta, sostuvo que éste no es merecedor de ninguna sanción porque actuó dentro del margen de su competencia e independencia como juzgador, como señala la ley orgánica del PJF.
–¿Cuál será el castigo para el señor juez?
–Pues, simplemente, revocamos su sentencia, le enmendamos la plana y hasta ahí. Él, como todos los jueces, tiene independencia y autonomía.
“Tenemos esta gran preocupación: queremos, y es nuestro propósito –mediante la defensoría pública, un órgano desconcentrado del Poder Judicial de la Federación (PJF)–, empezar a revisar los expedientes de varias indígenas presas, sobre todo en el sureste mexicano. La mayoría están acusadas de delitos contra la salud”, asegura a este diario una de las dos mujeres que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se le ve cansada, pero alegre. “Ando muy solicitada este día; todos los medios (de comunicación) han querido hablar conmigo, me han felicitado”, explica antes de iniciar la entrevista, efectuada ayer en sus oficinas del máximo tribunal, dos horas antes de que el consejo directivo nacional de la institución denominada Día del Abogado le brindara un homenaje público en reconocimiento a su incuestionable humanismo y sensibilidad de género.
Un día antes, cuatro de sus compañeros avalaron el proyecto de resolución que Sánchez Córdero y su equipo de secretarios elaboraron en sólo cinco semanas. Un récord, sobre todo si se toma en cuenta que en la mayoría de los casos los ministros utilizan el triple de tiempo para elaborar un dictamen.
Durante la charla señala: “Voy a serte franca. El tema de fondo no es si la Corte va o no a revisar los expedientes de estas mujeres indígenas que tenemos detectadas que están siendo procesadas o condenadas ya en el sureste de México, por delitos contra la salud.
“El tema es más profundo: ¿Cuántas Teresas y cuántas Albertas?, o ¿cuántos Teresos y cuántos Albertos existen en este momento en alguna cárcel del país, bajo la misma situación que enfrentaban las dos mujeres que este miércoles fueron liberadas por la Suprema Corte? Yo te diría: ¡muchas!, ¡muchos!”
Al solicitarle una recomendación para jueces y magistrados que analizan y resuelven casos similares al de Teresa y Alberta, responde: “Por conducto de La Jornada quiero hacer llegar el siguiente mensaje: privilegien la presunción de inocencia y no la presunción de culpabilidad, como están acostumbrados a hacer. Revisen los estándares equilibrados para la valoración de las pruebas que se aporten en un proceso. Pero, sobre todo, antes de sentenciar a un imputado no pierdan la perspectiva humana y, aunque sean varones, fortalezcan su sensibilidad para que resuelvan con equidad de género.”
Al referirse al caso de las queretanas Alberta y Teresa, Sánchez Cordero admitió que el juez Rodolfo Pedraza Longi, quien las sentenció a 21 años de cárcel por el presunto secuestro de seis agentes federales, le dio más credibilidad a los dichos de las supuestas víctimas que a las declaraciones de las imputadas, quienes siempre rechazaron haber plagiado a los policías.
Expuso: “francamente nuestros juzgadores tienen en mente una presunción de culpabilidad antes que la presunción de inocencia, porque es una cultura anquilosada eso de que el acusado tiene que demostrar su inocencia, mas nunca se obliga con firmeza (a los fiscales) a que demuestren la culpabilidad de un imputado”.
La ministra también recomendó a los juzgadores que no den más credibilidad a los testimonios rendidos por las supuestas víctimas de un delito –mucho menos a los testigos oculares o protegidos– que a las declaraciones de los indiciados.
Acerca del juez que sentenció en primera instancia a Teresa y Alberta, sostuvo que éste no es merecedor de ninguna sanción porque actuó dentro del margen de su competencia e independencia como juzgador, como señala la ley orgánica del PJF.
–¿Cuál será el castigo para el señor juez?
–Pues, simplemente, revocamos su sentencia, le enmendamos la plana y hasta ahí. Él, como todos los jueces, tiene independencia y autonomía.
Alfredo Méndez, La Jornada, 30 de abril.
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