La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (Conlamic) presentó una demanda en contra de la ley SB1070 de Arizona, primera referida a la polémica norma, al tiempo que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos interceptó y detuvo a 105 inmigrantes indocumentados cuando caminaban por un área desértica del sur de Arizona.
La Patrulla Fronteriza Indicó que los agentes, que operaban un sistema de vigilancia móvil que permite detectar personas a distancias de hasta 10 kilómetros, vio la noche del miércoles a los indocumentados cuando divididos en tres grupos caminaban rumbo al norte, tras haber cruzado la frontera desde México.
Los agentes, con ayuda desde un helicóptero, pasaron varias horas persiguiendo y al final deteniendo a los inmigrantes, quienes fueron luego trasladados a la estación de la Patrulla Fronteriza en Tucson para su procesamiento y retorno o deportación.
Por lo que se refiere a la demanda contra la ley, el reverendo Miguel Rivera, presidente de la Conlamic expresó que “estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la aplicación”.
La petición —añadió— se debe a que “consideramos que (la ley) viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados”.
La coalición, organización con base en Washington, representa a más de 30 mil iglesias de Estados Unidos, de las cuales un poco más de 300 se encuentran en Arizona, en ciudades como Phoenix, Tucson y Yuma.
“Decidimos actuar inmediatamente en contra de esta ley, representando a toda la comunidad de fe”, dijo Rivera, quien subrayó que el 38 por ciento de los feligreses de la coalición son precisamente inmigrantes indocumentados.
“Esta es una ley estatal no sólo antiinmigrante, sino también en contra de todos los latinos en Estados Unidos”, afirmó el reverendo.
La presentación de la primera demanda en contra de la controvertida ley estatal coincidió con el anuncio formulado el miércoles por el alguacil del condado Maricopa (Arizona) , Joe Arpaio, famoso por su mano dura contra la inmigración ilegal, en el sentido de que ayer jueves iniciaría —cosa que ocurrió efectivamente— un nuevo operativo en contra del crimen y la inmigración indocumentada.
MARICOPA, REDADA 15. Los 105 detenidos ayer forman el segundo grupo numeroso de indocumentados detenido en el sur de Arizona en los últimos días, luego del arresto de 67 inmigrantes ilegales el pasado 22 de abril.
Mientras tanto, el alguacil de Maricopa, Arpaio, dijo que la nueva redada (ayer jueves) sería contra inmigrantes ilegales y delincuentes, y se abstuvo de informar en cuáles zonas del condado a su cargo llevaría a cabo la búsqueda de indocumentados.
No obstante, explicó que se concentraría en zonas de alta criminalidad, en busca de contrabandistas de inmigrantes y las casas que se utilizan para ocultar a los indocumentados.
En el caso de Maricopa, la de ayer fue la decimoquinta redada que realiza el temido ‘’sheriff’’ desde principios de 2008.
Sus detractores acusan a los agentes de Arpaio de detener a cualquier persona con aspecto hispano.
“El alguacil Arpaio es el cáncer, la mina, el centro de toda la problemática en Arizona” , afirmó Rivera.
El presidente de Conlamic dijo que se debe de seguir presionando al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que frene las operaciones de Arpaio en Arizona.
CUNDE EJEMPLO.
El alcalde de la localidad californiana de Costa Mesa, Allan Mansoor, se ha propuesto endurecer las políticas municipales contra la inmigración ilegal para que su ciudad no sea un “santuario”, informó hoy el diario Los Ángeles Times.
El edil señaló que existen “vacíos jurídicos” en las leyes locales, estatales y federales que permiten a los inmigrantes permanecer en el país incluso después de haber sido contactados por la policía.
“Costa Mesa no es una ciudad santuario y, de hecho, es una ciudad regida por la ley cuando se trata de inmigración”, dijo Mansoor, quien anunció la puesta en marcha de unas sesiones municipales para estudiar cómo afrontar la presencia de personas en situación irregular en la zona.
Entre las cuestiones a tratar que planteó el alcalde destacaron si es lícito que las fuerzas del orden acepten un documento de identificación emitido por el consulado mexicano, o si es necesaria una formación especial para que los agentes traten con asuntos migratorios e interroguen a sospechosos.
Asimismo Mansoor planteó la posibilidad de que el ayuntamiento exija a las empresas de la ciudad que verifiquen el estado legal de sus trabajadores, si bien no anunció medidas específicas.
Mansoor negó que su propuesta tuviese algo que ver con la nueva regulación de Arizona o con su campaña para ocupar un puesto vacante en el Legislativo de California.
La Patrulla Fronteriza Indicó que los agentes, que operaban un sistema de vigilancia móvil que permite detectar personas a distancias de hasta 10 kilómetros, vio la noche del miércoles a los indocumentados cuando divididos en tres grupos caminaban rumbo al norte, tras haber cruzado la frontera desde México.
Los agentes, con ayuda desde un helicóptero, pasaron varias horas persiguiendo y al final deteniendo a los inmigrantes, quienes fueron luego trasladados a la estación de la Patrulla Fronteriza en Tucson para su procesamiento y retorno o deportación.
Por lo que se refiere a la demanda contra la ley, el reverendo Miguel Rivera, presidente de la Conlamic expresó que “estamos solicitando ante la corte una orden de abstención de la aplicación”.
La petición —añadió— se debe a que “consideramos que (la ley) viola el derecho a un proceso justo, porque permite que los sospechosos de ser indocumentados sean detenidos antes de ser condenados”.
La coalición, organización con base en Washington, representa a más de 30 mil iglesias de Estados Unidos, de las cuales un poco más de 300 se encuentran en Arizona, en ciudades como Phoenix, Tucson y Yuma.
“Decidimos actuar inmediatamente en contra de esta ley, representando a toda la comunidad de fe”, dijo Rivera, quien subrayó que el 38 por ciento de los feligreses de la coalición son precisamente inmigrantes indocumentados.
“Esta es una ley estatal no sólo antiinmigrante, sino también en contra de todos los latinos en Estados Unidos”, afirmó el reverendo.
La presentación de la primera demanda en contra de la controvertida ley estatal coincidió con el anuncio formulado el miércoles por el alguacil del condado Maricopa (Arizona) , Joe Arpaio, famoso por su mano dura contra la inmigración ilegal, en el sentido de que ayer jueves iniciaría —cosa que ocurrió efectivamente— un nuevo operativo en contra del crimen y la inmigración indocumentada.
MARICOPA, REDADA 15. Los 105 detenidos ayer forman el segundo grupo numeroso de indocumentados detenido en el sur de Arizona en los últimos días, luego del arresto de 67 inmigrantes ilegales el pasado 22 de abril.
Mientras tanto, el alguacil de Maricopa, Arpaio, dijo que la nueva redada (ayer jueves) sería contra inmigrantes ilegales y delincuentes, y se abstuvo de informar en cuáles zonas del condado a su cargo llevaría a cabo la búsqueda de indocumentados.
No obstante, explicó que se concentraría en zonas de alta criminalidad, en busca de contrabandistas de inmigrantes y las casas que se utilizan para ocultar a los indocumentados.
En el caso de Maricopa, la de ayer fue la decimoquinta redada que realiza el temido ‘’sheriff’’ desde principios de 2008.
Sus detractores acusan a los agentes de Arpaio de detener a cualquier persona con aspecto hispano.
“El alguacil Arpaio es el cáncer, la mina, el centro de toda la problemática en Arizona” , afirmó Rivera.
El presidente de Conlamic dijo que se debe de seguir presionando al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que frene las operaciones de Arpaio en Arizona.
CUNDE EJEMPLO.
El alcalde de la localidad californiana de Costa Mesa, Allan Mansoor, se ha propuesto endurecer las políticas municipales contra la inmigración ilegal para que su ciudad no sea un “santuario”, informó hoy el diario Los Ángeles Times.
El edil señaló que existen “vacíos jurídicos” en las leyes locales, estatales y federales que permiten a los inmigrantes permanecer en el país incluso después de haber sido contactados por la policía.
“Costa Mesa no es una ciudad santuario y, de hecho, es una ciudad regida por la ley cuando se trata de inmigración”, dijo Mansoor, quien anunció la puesta en marcha de unas sesiones municipales para estudiar cómo afrontar la presencia de personas en situación irregular en la zona.
Entre las cuestiones a tratar que planteó el alcalde destacaron si es lícito que las fuerzas del orden acepten un documento de identificación emitido por el consulado mexicano, o si es necesaria una formación especial para que los agentes traten con asuntos migratorios e interroguen a sospechosos.
Asimismo Mansoor planteó la posibilidad de que el ayuntamiento exija a las empresas de la ciudad que verifiquen el estado legal de sus trabajadores, si bien no anunció medidas específicas.
Mansoor negó que su propuesta tuviese algo que ver con la nueva regulación de Arizona o con su campaña para ocupar un puesto vacante en el Legislativo de California.
La Crónica, 30 de abril.
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