Fue una sesión para la historia. La Corte se erigió, por vez primera desde que fue reformada en 1994, en un tribunal de apelación para revisar una sentencia de un juez y emitir un veredicto de inocencia en favor de las indígenas ñhañhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, y ordenar su “absoluta e inmediata liberación”.
La Suprema Corte de Justicia tiene por regla no atender juicios en los que tenga que pronunciarse sobre la culpabilidad o no de alguien.
En este caso hizo una excepción, porque, en palabras del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, desde lejos “olía a injusticia. Se percibía que era altamente probable que dos indígenas mexicanas estaban en prisión desde hace casi cuatro años, de manera injusta”.
Los cinco ministros de la Primera Sala, la encargada de los asuntos penales, votaron por absolver a Alberta y a Teresa, por estar plenamente convencidos de que la Procuraduría General de la República no comprobó que ellas hubieran secuestrado a seis agentes federales de Investigación y mucho menos que una de ellas fue detenida en posesión de cocaína, como aseguró en sus acusaciones.
Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial, fueron detenidas en marzo de 2006, después de que las acusaran de secuestrar a seis agentes federales durante un operativo que realizaron en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, para decomisar discos piratas, el cual generó protestas de comerciantes, porque los policías acudieron sin uniformes e identificaciones.
Debido a la presión que se ejerció por distintas ONG, instancias gubernamentales y medios de comunicación, la PGR retiró los cargos en contra de Jacinta por considerar que en su caso había “una duda razonable” en torno a su participación en el secuestro de los agentes.
Pero mantuvo las acusaciones por secuestro contra Alberta y Teresa, quienes permanecieron recluidas en el penal femenil de San José El Alto, hasta que el juez cuarto de distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, las sentenció a 21 años de prisión.
Revocación a sentencia
Al revisar su caso, como encargada del juicio de apelación, como lo adelantó este diario desde el martes pasado, la ministra Olga Sánchez Cordero, le propuso a sus compañeros de la Corte revocar la sentencia del juez, porque no se comprobó que Alberta y Teresa hubieran cometido los delitos que se les atribuyeron.
Para la Corte no hubo secuestro y en el caso de Alberta no se probó que fuera detenida en posesión de cocaína. De manera irregular, casi todas las acusaciones contra las dos indígenas se sustentaron en el puro dicho de los policías. Y en el caso de la droga, la sentencia se había sustentado en la afirmación de un policía. Sin ninguna prueba adicional.
Durante la sesión no se mencionó a la PGR por su nombre, pero en todo momento su actuación fue cuestionada. Las críticas en su contra fueron unánimes.
Donde hubo división fue a la hora de criticar, respaldar o justificar la actuación del juez Rodolfo Pedraza.
“Cada uno de nosotros como juzgadores apreciamos los hechos, valoramos las pruebas, y en eso precisamente radica la autonomía, la independencia de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros juzgadores”, dijo la ministra Sánchez Cordero antes de presentar su propuesta de sentencia.
“No comparto la técnica procesal que adoptó el juez para valorar las pruebas de cargo y descargo”, respondió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, después de afirmar que el juzgador aceptó pruebas inverosímiles de parte de la PGR.
La acusación y la sentencia, agregaría el ministro Arturo Zaldívar, es “una vergüenza para un sistema de justicia”.
“Queremos que este tipo de prácticas no sigan ocurriendo en nuestro país”.
La Suprema Corte de Justicia tiene por regla no atender juicios en los que tenga que pronunciarse sobre la culpabilidad o no de alguien.
En este caso hizo una excepción, porque, en palabras del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, desde lejos “olía a injusticia. Se percibía que era altamente probable que dos indígenas mexicanas estaban en prisión desde hace casi cuatro años, de manera injusta”.
Los cinco ministros de la Primera Sala, la encargada de los asuntos penales, votaron por absolver a Alberta y a Teresa, por estar plenamente convencidos de que la Procuraduría General de la República no comprobó que ellas hubieran secuestrado a seis agentes federales de Investigación y mucho menos que una de ellas fue detenida en posesión de cocaína, como aseguró en sus acusaciones.
Alberta y Teresa, junto con Jacinta Francisco Marcial, fueron detenidas en marzo de 2006, después de que las acusaran de secuestrar a seis agentes federales durante un operativo que realizaron en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, para decomisar discos piratas, el cual generó protestas de comerciantes, porque los policías acudieron sin uniformes e identificaciones.
Debido a la presión que se ejerció por distintas ONG, instancias gubernamentales y medios de comunicación, la PGR retiró los cargos en contra de Jacinta por considerar que en su caso había “una duda razonable” en torno a su participación en el secuestro de los agentes.
Pero mantuvo las acusaciones por secuestro contra Alberta y Teresa, quienes permanecieron recluidas en el penal femenil de San José El Alto, hasta que el juez cuarto de distrito con sede en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longh, las sentenció a 21 años de prisión.
Revocación a sentencia
Al revisar su caso, como encargada del juicio de apelación, como lo adelantó este diario desde el martes pasado, la ministra Olga Sánchez Cordero, le propuso a sus compañeros de la Corte revocar la sentencia del juez, porque no se comprobó que Alberta y Teresa hubieran cometido los delitos que se les atribuyeron.
Para la Corte no hubo secuestro y en el caso de Alberta no se probó que fuera detenida en posesión de cocaína. De manera irregular, casi todas las acusaciones contra las dos indígenas se sustentaron en el puro dicho de los policías. Y en el caso de la droga, la sentencia se había sustentado en la afirmación de un policía. Sin ninguna prueba adicional.
Durante la sesión no se mencionó a la PGR por su nombre, pero en todo momento su actuación fue cuestionada. Las críticas en su contra fueron unánimes.
Donde hubo división fue a la hora de criticar, respaldar o justificar la actuación del juez Rodolfo Pedraza.
“Cada uno de nosotros como juzgadores apreciamos los hechos, valoramos las pruebas, y en eso precisamente radica la autonomía, la independencia de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros juzgadores”, dijo la ministra Sánchez Cordero antes de presentar su propuesta de sentencia.
“No comparto la técnica procesal que adoptó el juez para valorar las pruebas de cargo y descargo”, respondió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, después de afirmar que el juzgador aceptó pruebas inverosímiles de parte de la PGR.
La acusación y la sentencia, agregaría el ministro Arturo Zaldívar, es “una vergüenza para un sistema de justicia”.
“Queremos que este tipo de prácticas no sigan ocurriendo en nuestro país”.
Carlos Avilés, El Universal, 29 de abril.
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