En entrevista, el Subsecretario de Gobierno estatal Alonso Jiménez Campos afirmó que hay total disposición para acelerar la liberación de que las dos mujeres acusadas del secuestro de seis elementos de la extinta AFI en 2006, si la SJCN las declara inocentes en su sesión de este miércoles.
"Nuestra expectativa es que sea favorable (el fallo de la Corte) para estas dos indígenas y desde luego si la resolución es absolutoria, la libertad es inmediata", sostuvo.
Jiménez dijo que una vez que se tenga el resolutivo de la Corte se esperaría sólo la notificación de un actuario y después, el Gobierno de Querétaro, que administra el Cereso femenil de San José el Alto, daría paso a la liberación.
El funcionario sostuvo que aunque todo estaría previsto para que salgan el mismo miércoles, su salida pudiera darse , a más tardar, el jueves 29.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará hoy la posible absolución de las indígenas otomíes condenadas a 21 años de cárcel por el supuesto secuestro de agentes de la AFI durante un operativo antipiratería y presas desde agosto de 2006.
La ministra Olga Sánchez Cordero propondrá a sus colegas de la Primera Sala de la Corte revocar la sentencia dictada en febrero pasado por un juez federal de Querétaro, que las declaró culpables de privar de la libertad a seis policías.
Solo se requiere el voto de tres de los cinco ministros para revocar la condena, y cualquier fallo que dicte la Corte, será inatacable tanto para las acusadas como para la PGR.
El caso ha provocado múltiples reclamos de organizaciones no gubernamentales, que las han señalado como presas de conciencia, pero también de instancias oficiales como la CNDH, el Senado de la República y el gobierno de Querétaro.
Sánchez requirió cinco semanas para preparar un proyecto de sentencia que turnó a finales de la semana pasada a los demás ministros, pues la Corte atrajo la apelación el pasado 17 de marzo.
Será la primera vez desde la reforma judicial de 1995 que la Corte fungirá como tribunal de apelación para revisar la sentencia dictada en un proceso penal, lo que quiere decir que los ministros tendrán plena jurisdicción para confirmar, revocar o modificar la sentencia dictada por el juez Rodolfo Pedraza Longi.
En los pocos casos en que llega a revisar todos los hechos de un proceso penal, la Corte usualmente lo hace cuando los acusados ya promovieron un amparo directo, que es la instancia final, pues la apelación es solo la segunda instancia del proceso.
Reportan 80 casos de indígenas presas
La ministra Olga Sánchez Cordero, recibió ayer en audiencia privada a un grupo de legisladoras del PRD y del PT.
Las diputadas federales Leticia Quezada y Florentina Rosario Morales, del PRD, así como Teresa Guadalupe Reyes del PT visitaron a la ministra y le expusieron su deseo de que las indígenas sean dejadas en libertad a la brevedad.
"Nos es muy importante hacer este llamado a los ministros para que no sólo hagan justicia, sino que sea expedita", dijo Reyes.
Las diputadas anunciaron que integrarán un grupo de trabajo para darle seguimiento y revisión a otros 80 casos de indígenas presas en todo el país.
Escenarios
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, hay cuatro escenarios bajo los que podría resolver la SCJN el caso:
· Confirmar la sentencia
· Modificarla y reducirla
· Revocarla y que ordene reposición del proceso
· Revocarla y ordenar la liberación de las indígenas.
La historia
· El 26 de marzo del 2006 agentes de la AFI llegaron al poblado Santiago Mexquititlán, Querétaro, a realizar un operativo contra la piratería.
· La PGR acusó a tres indígenas -Teresa, Alberta y Jacinta, -ésta última ya liberada- de haberlos secuestrado.
· El Juez Cuarto de Distrito de Querétaro las sentenció a 21 años de prisión.
· En marzo la SCJN atrajo el caso. Los cinco ministros de la Primera Sala de la SCJN votarán hoy sobre el proyecto de resolución de la ministra Olga Sánchez sobre el caso.
· El fallo de la Corte será inatacable.
Fernando Paniagua y Guadalupe Irízar, Reforma, 28 de abril.
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