“Estamos contentas porque por fin se hizo justicia”, señalan Teresa y Alberta

San José El Alto, Qro., 28 de abril. “Estamos contentas porque por fin se hizo justicia”, manifestó Teresa González Cornelio al salir del Centro de Readaptación Social femenil de esta localidad, junto con Alberta Alcántara Juan, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las declaró inocentes y ordenó su liberación.

A las 18 horas de este miércoles, Alberta Alcántara, Teresa González y su hija Jazmín, de un año dos meses de edad (quien nació en el reclusorio), salieron del Cereso en una camioneta, acompañadas por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Aproximadamente 10 integrantes de Amnistía Internacional, sección Querétaro, y del Centro de Derechos Humanos Jacobo Daciano, quienes portaban pancartas que señalaban: “Ser mujer, pobre e indígena no es delito”, formaron una valla para que el vehículo pasara, ante la presencia de representantes de los medios de comunicación.

Desde la ventanilla de la camioneta, Alberta Alcántara expresó: “estamos contentas porque al fin se hizo justicia; muchas gracias y adiós; luego le damos una entrevista”.

Ambas mujeres fueron trasladadas a la ciudad de México –donde este jueves ofrecerán una conferencia de prensa– con el propósito de que se “desestresen” de lo que han vivido, afirmó el titular de la Subsecretaría de Gobierno de Querétaro, Alfonso Jiménez Campos.

Antes de que las otomíes salieran del penal, Andrés Díaz, abogado del Centro Prodh, indicó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia representa un antecedente histórico, porque le “enmendó la plana al Poder Judicial de la Federación, que no supo distanciarse de las irregularidades en que incurrieron tanto el Ministerio Público Federal como la Procuraduría General de la República”.

Señaló que aún no deciden si solicitarán la reparación de daños, pues será decisión de Alberta y Teresa. Además, explicó que en México no hay estándares jurídicos adecuados para ejercer ese derecho, aunque existe la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, mediante la cual podrían pedir, “en algún momento, la reclamación del Estado para que se repare este daño”.

En tanto, el gobernador José Calzada Rovirosa, entrevistado en un programa radiofónico local, recordó que hace algunos meses dialogó con el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, con la finalidad de solicitarle que revisara el caso; también acudió a la SCJN para pedir que lo atrajera, y envió una carta al Senado en la que planteó integrar una comisión especial que revisara el caso.

“Hoy tenemos resultados; es la suma de muchas voluntades que han estado al pendiente de estas dos compañeras que sabíamos que eran inocentes, y que de manera arbitraria fueron privadas de su libertad”, expresó.

En marzo de 2006, elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) realizaron un operativo de decomiso de discos piratas en el tianguis de la comunidad Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, y tras la acción policiaca los lugareños reclamaron por los destrozos a su mercancía.

Esto propició que Jacinta Francisco Marcial, quien obtuvo su libertad en septiembre de 2009, Teresa González y Alberta Alcántara, fueran sentenciadas a 21 años de prisión en agosto de 2006, acusadas de secuestrar a seis elementos de la AFI.

Mariana Chávez, La Jornada, 29 de abril.