El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, se congratuló de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que ordenó la inmediata libertad de las mujeres indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas en un penal de Querétaro-, y aseguró que esto comprueba que se estaba cometiendo una injusticia, como lo señalaron numerosos pronunciamientos de instancias públicas y no gubernamentales en torno al caso.
Moreira reconoció la decisión de la SCJN, así como la labor de organismos como Amnistía Internacional y la CNDH, y recordó que el 19 de julio de 2009 este último organismo emitió la recomendación 47/2009, dirigida a la Procuraduría General de la República, "en la que consideró probado que fueron violados los derechos humanos de Jacinta, Teresa y Alberta, dado que servidores públicos federales incurrieron en graves irregularidades, llegando al extremo de fabricar testimonios", citó, y recordó que en su momento la PGR rechazó esta recomendación.
Consideró que la absolución de Teresa y Alberta sientan un buen precedente en la defensa de los derechos humanos, y confió en que este caso impulse la positiva resolución de muchos otros en los que también se advierten injusticias y violaciones a los derechos humanos, especialmente en contra de quienes por su condición étnica es muy difícil que se defiendan.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, Moreira recordó cómo el pasado 21 de marzo conoció a Teresa y a Alberta, en el Centro de Readaptación Social para Mujeres de Querétaro, Querétaro, durante una visita en la que acompañó a un grupo plural de senadores encabezados por Manlio Fabio Beltrones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes habían sido sentenciadas a 21 años de prisión, por considerar que no se comprobaron ni se acreditaron los delitos que se les fincaron.
Moreira reconoció la decisión de la SCJN, así como la labor de organismos como Amnistía Internacional y la CNDH, y recordó que el 19 de julio de 2009 este último organismo emitió la recomendación 47/2009, dirigida a la Procuraduría General de la República, "en la que consideró probado que fueron violados los derechos humanos de Jacinta, Teresa y Alberta, dado que servidores públicos federales incurrieron en graves irregularidades, llegando al extremo de fabricar testimonios", citó, y recordó que en su momento la PGR rechazó esta recomendación.
Consideró que la absolución de Teresa y Alberta sientan un buen precedente en la defensa de los derechos humanos, y confió en que este caso impulse la positiva resolución de muchos otros en los que también se advierten injusticias y violaciones a los derechos humanos, especialmente en contra de quienes por su condición étnica es muy difícil que se defiendan.
Entrevistado en la Cámara de Diputados, Moreira recordó cómo el pasado 21 de marzo conoció a Teresa y a Alberta, en el Centro de Readaptación Social para Mujeres de Querétaro, Querétaro, durante una visita en la que acompañó a un grupo plural de senadores encabezados por Manlio Fabio Beltrones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de las indígenas queretanas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes habían sido sentenciadas a 21 años de prisión, por considerar que no se comprobaron ni se acreditaron los delitos que se les fincaron.
La Crónica, 29 de abril.
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