La resolución fue unánime; los ministros coincidieron en las contradicciones de los policías, en los errores en la descripción de las supuestas plagiarias y en las anomalías ministeriales y judiciales para demostrar el delito, como lo proponía el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero.
A principios de septiembre de 2009 había sido liberada, por las mismas razones, Jacinta Francisco Marcial. Entonces la PGR se negó a desistir de las acusaciones contra Alberta y Teresa porque había "imputación directa y categórica sobre su participación en los delitos", argumento desechado ayer por la Corte.
Más allá del dictamen, los ministros fueron especialmente ácidos con el sistema de justicia en nuestro país.
El ministro Arturo Zaldívar dijo que, desde la atracción del caso -el 17 de marzo, a petición de Juan Silva Meza- "olía a injusticia", y abundó: "Si un solo inocente está en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, y cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables, lo es más, y cuando hay una práctica reiterada en nuestro sistema penal de vejaciones y de vulneraciones y violaciones de los derechos humanos, todavía hace mucho más importante el tomar esta determinación".
El mensaje enviado por la Corte a las autoridades involucradas resaltó "que este tipo de prácticas no deben seguir ocurriendo en México y, cuando ocurran, debe haber jueces para remediarlas".
Por su parte, el presidente de la sala, José de Jesús Gudiño, aludió al trabajo de Rodolfo Pedraza Longi, juez cuarto de distrito en Querétaro y quien emitió la sentencia de 21 años de prisión.
"No comparto la técnica procesal que adoptó para valorar las pruebas de cargo y descargo, le dio preponderancia al contenido de las acusaciones de los agentes, mas no se le da mayor importancia a las declaraciones de las inculpadas, sólo se transcriben extractos de las mismas y fueron valoradas fuera de contexto".
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