Es remoto resarcir daño porque no hay ley al respecto: ministra Olga Sánchez

Para el Poder Judicial de la Federación quedó una tarea pendiente después de la resolución del caso Jacinta, Alberta y Teresa:

“Trabajar con los jueces sobre la presunción de inocencia y no de culpabilidad, y también sobre perspectiva de género: que tengan sensibilidad para con la equidad de género, porque hablamos de mujeres e indígenas”…

La voz es de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien elaboró el proyecto en la Suprema Corte de Justicia que derivó en la liberación, el miércoles, de Alberta y Teresa, quienes pasaron tres años y ocho meses en la cárcel acusadas de secuestrar a seis AFI´s, delitos que según la Primera Sala del Alto Tribunal, no se pudieron probar.

Sin embargo, Sánchez Cordero esbozó que no habrá sanción para el juez cuarto de distrito en Querétaro: Rodolfo Pedraza, quien impuso sentencias máximas, pese a que “su apreciación y valoración de los hechos no fue la correcta”, y pese a que “sólo tomó en cuenta a la parte acusatoria y no consideró las declaraciones de los testigos de descargo y de las imputadas”.

Según la ministra, “el juez actuó conforme a su independencia y autonomía, valoró las pruebas de una forma distinta a la Sala… ¿Cuál será la sanción? Simplemente le revocamos su sentencia y le enmendamos la plana, pero sigue siendo juez”. Calificó de “remota” la posibilidad de resarcir el daño a las indígenas, porque en nuestro país no hay leyes que la contemplen desde el punto de vista jurisdiccional. Aunque señaló que hay una ley de reparación por parte del Estado, aprobada para igualar estándares internacionales, ésta sólo se limita a cuestiones administrativas.

Respaldó la reforma constitucional —ya en tránsito— que contempla el reemplazo del sistema acusatorio y oral por el inquisitorio, porque tiene entre sus premisas fundamentales la presunción de inocencia.

Argumentó que la Corte no tenía por qué analizar otros delitos relacionados con el caso, como el de piratería, usado por los AFI´s para justificar aquel operativo de marzo de 2006 en el tianguis de la comunidad queretana de Santiago Mezquitán, del cual se derivó el enfrentamiento entre vendedores y agentes y después el supuesto plagio.

“No tenemos por qué meternos en delitos que no están en la causa penal, porque no se consignó ni se hizo averiguación en cuanto a esta mercancía, no tenemos por qué pronunciarnos si eran piratas o no”.

Respecto al contenido de su proyecto, señaló que cada AFI y cada testigo de cargo “narraron los hechos de forma distinta” y que el juez Pedraza “no valoró los careos”.

“Dicen (los agentes) que el pueblo les pidió dinero para resarcir los daños a las mercancías, pero ni siquiera está demostrado en los autos, y en su caso no fueron directamente las mujeres, sino un cerco de la propia población. Tampoco está probado que a los policías se les hubiera dado el dinero para quedar libres, sólo son narraciones”.

Y en torno a la acusación de posesión de cocaína contra Alberta, refirió: “Señalan que se encontró en un puesto dos sobres de cocaína, sí se hallaron, pero no en el radio de disponibilidad o posesión de ella, ni siquiera se acreditó que fuera su puesto”.

Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 30 de abril.